Las profundas diferencias entre la mayoritaria corriente indigenista de Bolivia y la derecha, con gran influencia en cuatro de los departamentos más desarrollados, volvieron a prevalecer y dejaron sin consenso la propuesta de nuevo país que se pretende diseñar en la Asamblea Constituyente.
En el informe emitido por la Comisión de Visión País, que tiene la misión de elaborar el primer artículo de la nueva ley fundamental y que marcará el carácter de la república, predomina la propuesta del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), orientada a la creación de un "Estado plurinacional, democrático, social y de derecho".
El grupo de trabajo integrado por constituyentes de diferentes corrientes de pensamiento, relegó a segundo plano la propuesta de la derechista agrupación ciudadana Poder Democrático y Social (Podemos), que reclama un "estado social, democrático, inclusivo y con autonomías departamentales".
La comisión declaró como propuesta más votada a la que caracteriza al estado como "unitario, plurinacional, comunitario, libre e independiente, soberano, democrático y social, que se funda en el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, descentralizado y con autonomía territorial".
Tras la lectura del documento el miércoles, los representantes de Podemos abandonaron el recinto de las comisiones y anunciaron movilizaciones callejeras para defender su posición, a la cual consideran como garantía de la unidad nacional y de inclusión de los pueblos originarios, según expresó a IPS el constituyente de esa agrupación José Antonio Aruquipa.
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"El estado plurinacional representa una regresión que pretende imponer un sistema político totalitario y un estado socialista, que permitirá el ejercicio del poder omnímodo al partido de gobierno, en contra de las libertades y garantías ciudadanas", sostuvo Aruquipa.
Este sector tiene mayor representatividad en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, que conforman una franja territorial que prácticamente divide al país de norte a sur y donde han prosperado los reclamos de autonomía administrativa.
También el constituyente Samuel Doria Medina, líder de la agrupación política Unidad Nacional (UN), cuestionó la decisión y aseguró que la comisión vulneró el reglamento y aprobó el documento sin contar con el respaldo de 50 por ciento más uno de los votos de los presentes.
Lamentó, además, que se haya negado el derecho a voto del representante de La Paz Jorge Lazarte, quien renunció tiempo atrás a la vicepresidencia de la Asamblea y también a representar a la UN para declararse independiente y "obrar por el bien colectivo", según declaró.
Los empresarios del departamento de Santa Cruz expresaron al presidente de Bolivia, Evo Morales, su inquietud por la tendencia de la Asamblea a crear un estado con "ciudadanos de primera y segunda clase", haciendo referencia al resurgimiento de los 36 pueblos indígenas representados en la Constituyente.
Según el reglamento de debates, los artículos de la nueva Constitución deben ser aprobados en las sesiones plenarias en detalle, antes del 2 de julio y por al menos dos tercios de los votos, que equivalen a 170 adhesiones del total de 255 representantes.
Los artículos que no obtengan ese respaldo hasta esa fecha serán enviados a una comisión de concertación integrada por la dirección de la Asamblea, los jefes de representaciones políticas y el presidente de la comisión redactora, para luego ser elevados nuevamente a consideración de la sesión plenaria.
Si la Asamblea en pleno tampoco logra los dos tercios para el artículo cuestionado, se acudirá a un referéndum nacional para conocer la opinión de la ciudadanía.
La visión de país se convirtió en centro de polémica por un resurgimiento de los grupos indígenas alentados por la posibilidad de reconstruir sus antiguas nacionalidades con gobiernos propios, dominio sobre territorios y recursos naturales.
Ese punto de vista es totalmente opuesto al planteo de los departamentos que reclaman su autonomía, con gobiernos elegidos por votación en el distrito y fortalecidos tras el referéndum de julio de 2006 que otorgó mayoría a esa propuesta en los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, todos ellos poseedores de riqueza petrolera y natural renovable.
Un "estado plurinacional" es la propuesta del pueblo, pero "la derecha no quiere", dijo a IPS el vicepresidente de la Comisión de Visión País, Paulo Rojas Coronado, un agricultor de la sección municipal de Trigal, cerca de Vallegrande, una zona rural valluna que se halla en el oriental departamento de Santa Cruz, en el límite con el departamento de Cochabamba.
Rojas Coronado es militante del Movimiento Sin Miedo (MSM), liderado por el alcalde de la ciudad de La Paz, Juan del Granado, y fue elegido por la circunscripción 60 en alianza con el MAS.
De piel morena y cabello donde aparecen las primeras canas de sus 42 años de vida, se considera un luchador inquebrantable por la transparencia en las gestiones municipales y un enemigo declarado de la corrupción.
"Un estado plurinacional es un reconocimiento a la diversidad del país e incide directamente en la estructura del Estado y la atención a los sectores de salud, educación y el funcionamiento de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial", proclamó. La búsqueda de un estado plurinacional tiene raíces en la discriminación y el atropello a los indígenas, en la desigual distribución de la riqueza y en su exclusión de las grandes decisiones, afirma Rojas Coronado.
Lejos de un discurso elaborado para la ocasión, el mismo constituyente y agricultor relata algunos pasajes de su vida en su región de origen, localizada a 2.530 metros sobre el nivel del mar y con temperaturas promedio de 20 grados, donde vivió junto a 13 hermanos, de los cuales sólo ocho concluyeron los estudios de secundaria.
Como segundo hijo, abandonó los estudios del ciclo primario, aunque ya desde los cinco años se había dedicado a cooperar con la familia en la cría de ganado vacuno, ovejas, cabras y gallinas, y en varias ocasiones afrontó los cambios drásticos del clima, las riadas, tormentas, heladas y granizadas que diezmaron la escasa riqueza de la humilde familia.
Se queja porque nunca recibió ayuda cuando vio perdida sus cosechas y hoy está convencido que el gobierno debe apoyar a la producción de pequeños agricultores, a la comercialización de sus cultivos con precios justos, a la alimentación de la gente de menores ingresos y otorgarles una oportunidad de educación superior. Todo eso como un conjunto de políticas estatales.
"Cuando la papa, el tomate, el pimentón y las lechugas son destruidos por el granizo o la sequía, las economías de las familias se derrumban y deben emigrar", comentó.
A pesar de que pertenece al departamento con mayor crecimiento del país, Santa Cruz, Rojas Coronado es la muestra del otro lado de la moneda de una región que en 2006 exportó más de 800 millones de dólares y este año podría superar los 2.000 millones de dólares gracias a los buenos precios internacionales de materias primas como la soja, sus derivados, y otros productos agroindustriales.
Este constituyente entiende que las políticas nacionales y departamentales sólo fueron orientadas a cooperar a los sectores exportadores y olvidaron a la producción interna destinada al abastecimiento de los mercados de consumo de alimentos.
Los malos caminos, la falta de riego y los problemas comerciales son contrarios a los discursos de un departamento en progreso. La contribución del campesino no es valorada, pero eso no es motivo para que queramos hacer pobres a los empresarios, explicó.
La Comisión de Visión de País aún tendrá otra misión y la cumplirá acudiendo a las organizaciones sociales para explicar el contenido de la propuesta aprobada por mayoría y recibirá opiniones orientadas a ajustar el artículo primero de la nueva constitución, antes de ingresar en las deliberaciones de las sesiones plenarias.
