El sistema político de México capituló hace un año ante la presión de Televisa y TV Azteca y aprobó una ley que apuntaló la fuerza de estos dos medios de comunicación en detrimento de la democratización del sector. Pero ahora, esa norma se enfila hacia su derogación.
Sergio Aguirre, ministro de la Suprema Corte de Justicia de México, puso a circular entre sus pares, en filas del gobierno y entre legisladores un proyecto de resolución que indica que varios artículos de la ley Federal de Radio y Televisión violan la Constitución y los principios de equidad, competencia y democratización del espectro electromagnético.
"Lo que está diciendo la Corte supera las expectativas, pues muchos creíamos que no iría tan lejos contra los poderes fácticos", dijo a IPS Aleida Calleja, representante en México de la no gubernamental Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc).
La norma fue aprobada en marzo de 2006 en medio de las campañas para las elecciones presidenciales de julio y bajo una abierta presión de las dos cadenas de televisión dominantes en el país, que son las que en cada proceso político de este tipo se llevan ganancias millonarias por concepto de la publicidad de partidos y candidatos.
"Lo que resuelva la Corte determinará si el poder en México está en manos de las instituciones o de los poderes fácticos, así que preveo muchas presiones contra los magistrados desde las televisoras y desde algunos grupos de radiodifusores", advirtió.
En México, siete de cada 10 televidentes ven canales del consorcio Televisa, mientras que dos ven a los de TV Azteca, según mediciones. En radiodifusión la oferta se concentra en unos 13 grupos empresariales.
Los 11 jueces de la Suprema Corte de Justicia deliberarán desde el 24 de este mes de manera pública sobre la demanda de inconstitucional contra la ley de Radio y Televisión, presentada hace un año por un grupo de legisladores, y darán su resolución.
El proyecto de sentencia preparado por el juez Aguirre, uno de los más conservadores de ese cuerpo, apunta a derrumbar los privilegios que la ley da al puñado de empresas que controlan la radio y la televisión en México.
La ley vigente, parte de la cual fue redactada por expertos de los propios medios de comunicación involucrados según reconocieron legisladores, permite a los consorcios que ya manejan estaciones de radio y televisión ofrecer canales digitales adicionales e incursionar en servicios de telecomunicaciones sin pasar por una licitación y sin pagar nada adicional al Estado.
Además, deja a criterio de las autoridades nacionales otorgar nuevas concesiones del espectro radioeléctrico y estipula que las que se liciten se sometan a un esquema que indica como ganador quien más dinero ofrezca.
El senador del gobernante Partido Acción Nacional (PAN), Santiago Creel, quien fue ministro del Interior del gobierno precedente de Vicente Fox (2000-2006), reconoció que la ley de Radio y Televisión fue aprobada en medio de presiones de la televisoras, que además jugaban con la carta de ser las plataformas de difusión de propaganda electoral.
Algunos legisladores del conservador PAN, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del histórico Partido Revolucionario Institucional, que son los colectivos dominantes en México, se mostraron complacidos por el proyecto de sentencia y reconocieron que la ley de radio y televisión requiere ajustes.
"Tengo un optimismo cauteloso de que se echa abajo la ley Televisa (mote que los opositores pusieron a la normativa), pero aún debemos esperar", declaró el legislador Carlos Navarrete del PRD.
"Aquí la Corte se enfrenta a grandes poderes", expresó.
La controvertida norma pasó el tamiz de la Cámara de Diputados en diciembre de 2005, donde todos los partidos políticos, incluido el PRD, la aprobaron sin discusión y en una sesión que duró menos de siete minutos. Luego, en el Senado, fue refrendada, pero ya con muestras de oposición y división entre las bancadas.
Observadores, portavoces de radios y televisión culturales y comunitarias, algunos funcionarios del Estado y hasta la Organización de las Naciones Unidas reclamaron a coro a los legisladores para que rechazaran o modificaran la ley, pero fue inútil.
Fox, quien mantuvo una estrecha relación con Televisa y TV Azteca y fue tratado con tersura y pocas críticas desde esas cadenas, tuvo la posibilidad de vetar la ley, pero no lo hizo.
La oficina mexicana de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió en su momento a los legisladores no aprobar la norma y considerar que México había firmado acuerdos internacionales que se oponen a las prácticas monopólicas y otras que promueven el acceso "democrático" de todos los sectores sociales al espectro radioeléctrico.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se pronunció y dijo que la ley aprobada limitaba la libertad de expresión en México.
A esas críticas se sumaron la independiente Comisión Federal de Competencia, la cual señaló que la ley "no asegura la eficacia de la prestación del servicio, ni evita fenómenos de concentración en la asignación del espectro radioeléctrico".
El autónomo Instituto Federal Electoral (IFE), también las rechazó, pues otorgó discrecionalidad total a los políticos para contratar espacios de propaganda en los medios de comunicación, pagando con dinero que es aportado por los contribuyentes.
No obstante, la oposición fue inútil. La noche anterior a la aprobación de la ley, Televisa y TV Azteca incluyeron en sus noticieros un espacio editorial en el que defendieron la norma y señalaron haber sido criticadas con mala fe, por fuerzas que defienden "intereses oscuros". Durante el proceso legislativo, los argumentos contra la norma y quienes los esgrimían parecieron no existir para las emisiones televisivas que acaparan la audiencia mexicana y por ende el dinero de los patrocinios comerciales.
En contraste, muchas estaciones de radio abrieron el debate en este país de más de 104 millones de habitantes, y las emisoras de televisión y radio culturales, que se manejan con dinero del Estado, expresaron duras críticas contra la "ley Televisa".
Televisa, que según diversos estudios acapara 60 por ciento del presupuesto de publicidad de México, opera 225 canales, y es manejada por la familia Azcárraga. Mientras que TV Azteca, de la familia Salinas, cuenta con 42.
También Televisa, que vende programación y tiene socios y acciones en toda América Latina y en Estados Unidos, es el consorcio televisivo más grande del mundo de habla castellana.
"Nosotros les tomamos ahora la palabra a los legisladores que hablan contra la ley y a los jueces que proyectan derrumbarla, vamos a ver hasta dónde llegan contra los poderes fácticos", señaló la representante de Amarc.
