Una organización no gubernamental de Argentina está controlando los viajes que realiza la senadora Cristina Fernández, esposa del presidente Néstor Kirchner, con vastas comitivas y una agenda de jefa de Estado.
Setenta y cuatro días atrás, la Fundación Poder Ciudadano pidió al gobierno información sobre quiénes acompañaron en febrero a la senadora a Francia, sus cargos, la agenda del viaje y los costos diarios de alojamiento de cada miembro de la delegación.
La organización, parte de la red de Transparencia Internacional y dedicada a promover la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción, hizo uso así de un decreto de 2003 que autoriza a cualquier ciudadano a pedir información al Poder Ejecutivo.
"Nos enteramos del viaje por medios periodísticos, y había versiones sobre elevados costos de alojamiento, por eso resolvimos pedir información", explicó a IPS Pablo Secchi, del área de acción con políticos de Poder Ciudadano.
La solicitud se hizo el 9 de febrero ante la Presidencia de la Nación, que envió a la senadora Fernández como representante a la ceremonia de firma de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, el 6 de ese mes en París.
La esposa de Kirchner, precandidata presidencial para los comicios de este año, se reunió además con el primer ministro francés Dominique de Villepin, con el aún ministro del Interior y candidato oficialista Nicolas Sarkozy y con la postulante socialista Ségolène Royal.
Según información de medios de comunicación, Fernández, a quien las encuestas otorgan esperanzas de suceder a Kirchner, viajó con una nutrida comitiva de funcionarios como el portavoz presidencial y se alojó en el lujoso hotel Le Meurice de París.
Periódicos de Buenos Aires informaron que una habitación en Le Meurice, ubicado junto la Plaza de la Concordia y con vistas a los Jardines de las Tullerías, cuesta entre 615y 1.615 euros (entre 835 y casi 2.200 dólares) por noche, y no hubo desmentido oficial de estos datos.
El gobierno se ha mantenido en silencio. Transcurridos los 10 hábiles que establece el decreto para que el Poder Ejecutivo entregue la información solicitada, éste pidió una prórroga. Pero vencido el nuevo plazo tampoco hubo respuesta.
A fines de marzo, Poder Ciudadano dio el segundo paso previsto en el procedimiento: apeló a la Oficina Anticorrupción dependiente del Ministerio de Justicia, que ahora tiene el expediente.
"El decreto de acceso a la información es una de las herramientas más usadas para el control de gestión, y en general tenemos un alto nivel de respuesta, pero con este caso aún no tenemos noticias", dijo Secchi.
La fundación denunció ante la Oficina el "incumplimiento" del decreto por lo que entiende es una "negativa a brindar la información pública solicitada".
Ahora la Oficina Anticorrupción inició una indagación interna para saber por qué no hubo respuesta. Entretanto, Fernández sigue haciendo viajes que Poder Ciudadano se apresta a investigar. Uno a Ecuador, otro a Venezuela y ahora a México.
En todos los casos, la senadora se reúne con académicos, empresarios y gobernantes. "Su agenda es la de una jefa de Estado", reconoció el embajador argentino en México, Jorge Yoma, en vísperas de la gira que comenzó oficialmente la senadora el lunes.
En ese país norteamericano, Fernández disertó sobre la realidad argentina y de la región en el Colegio de México y expuso también ante un centenar de empresarios mexicanos. El miércoles se reunirá con el presidente Felipe Calderón.
"Estamos estudiando los distintos viajes de la senadora, los que realizó este año y los que tiene previstos a Estados Unidos y España, y si corresponde podríamos pedir información también sobre todos esos casos", adelantó Secchi.
Maria Julia Georgelli, del área de acceso a la información de la Asociación por los Derechos Civiles, dijo a IPS que fue "muy buena" la acción de Poder Ciudadano. "Logra impacto y contribuye a educar a la ciudadanía en lo que es el control de la gestión pública", evaluó.
Georgelli explicó que el decreto de acceso a la información prevé que cuando no hay respuesta oficial, o la misma es imprecisa, se puede hacer una denuncia ante la Oficina Anticorrupción para que investigue qué pasó.
"En la mayoría de los casos basta con un llamado o un pedido informal de esta oficina al área correspondiente para que la información se entregue, no hay muchos casos en los que se deba recurrir a una acción de amparo ante la justicia", remarcó.
No obstante, ya hay un caso en el que un periodista que no obtuvo respuesta del Ministerio del Interior a su pedido sobre distribución de fondos públicos, inició una acción ante la justicia federal.
Un proyecto para legislar sobre el acceso a la información pública presentado en 2001 estuvo varios años en debate en ambas cámaras del Congreso legislativo hasta que perdió estado parlamentario a comienzos de 2006.
Una de las principales críticas de la iniciativa fallida, elaborada con amplia participación de organizaciones de la sociedad civil, fue la senadora Fernández, quien pretendía extender a las empresas privadas la obligación de informar.
Para paliar esa falta, el presidente emitió en 2003 un decreto que obliga al Poder Ejecutivo a dar la información que se le pide, pero no incluye al Congreso, al Poder Judicial ni al Ministerio Público, como preveía el proyecto de ley.
El decreto es muy utilizado, pero las organizaciones cívicas que fiscalizan la gestión del Estado sostienen que es endeble y limitado y que funciona con deficiencias.
