Se suponía que el nacimiento de su bebé sería un motivo de felicidad para Masae Ito, de 41 años. Pero Masae y su segundo esposo se toparon con una desagradable sorpresa en la oficina de registro civil.
"Los funcionarios me dijeron de golpe y porrazo que el bebé era legalmente hijo del hombre del que me había divorciado casi un año antes. Quedé boquiabierta. No lo podía creer", dijo Ito, que hoy dirige una pequeña organización para apoyar a madres en situación parecida.
Ito presiona por enmendar el centenario Código Civil, que impide a las mujeres volverse a casar en los seis meses posteriores al divorcio. Y dentro de los siguientes seis meses, además, tampoco podrán registrar un bebé como hijo de su padre biológico.
Sólo podrán hacerlo si el ex esposo declara ante un tribunal, en un procedimiento especial, que el bebé no es su hijo.
Estas disposiciones no corren para los hombres divorciados. Sólo para las mujeres.
Las leyes japonesas indican que cada familia tiene su propio registro, en el que se estampan los certificados de nacimiento. Esa documentación es mantenida por el jefe de familia, que es, por lo general, el esposo.
El Código Civil fue aprobado en 1898, tiempos en que asegurar la filiación de un bebé con certeza era imposible. Pero ahora, cuando los análisis de ADN son habituales, la reforma del Código resulta muy dificultosa.
Expertos en cuestiones de género consideran que el debate en curso en la Dieta (parlamento) conducirá, a la larga, a un cambio de leyes que ya no tienen mayor sentido.
La actitud negativa de no pocos legisladores es otra muestra de resistencia de los políticos a la equidad entre hombres y mujeres.
"No aceptar al padre de un niño por el hecho de que la madre estuvo casada con otro hombre va más allá de la lógica. Las dificultades para cambiar estas leyes refleja el deseo de políticos conservadores de proteger el dominio masculino sobre la sociedad", dijo a IPS la abogada y experta en cuestiones de género Fujiko Sakakibara.
Para importantes dirigentes del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), abolir las cláusulas cuestionadas del Código Civil quebraría los valores de la familia al alentar el divorcio y los nacimientos fuera del matrimonio.
Algunos encumbrados dirigentes políticos se han referido a las mujeres casadas en segundas nupcias como "adúlteras".
Mientras, los activistas cuestionan diversas propuestas para atemperar esas normas sin abolirlas, como aceptar análisis de ADN, certificados médicos que establezcan la fecha aproximada de la concepción o reducir el plazo de 300 días a 100.
"Todo esto es una vergüenza. Demuestra cuánto ignora Japón el derecho de las mujeres a vivir su propia vida después del divorcio", dijo Yoko Sakamoto, editora de la publicación electrónica especializada en cuestiones de género M-Net.
"Para peor, a los niños y niñas se les niega el derecho a registrarse como hijos de sus padres biológicos. Las leyes determinan la felicidad de mujeres y niños", advirtió la periodista.
Ito, quien ha asesorado a un centenar de mujeres en situación similar a la suya, aseguró que muchas sufren angustia cuando deben compartir el ámbito de un tribunal con sus ex maridos para enmendar el entuerto.
"Las mujeres víctimas de violencia doméstica no quieren encontrarse nunca más con sus ex maridos. En otros casos, las heridas del divorcio aún están abiertas y resulta una violencia psicológica obligarlas a reunirse con ellos en busca de permiso para registrar a sus propios hijos", explicó.
Activistas detectaron cientos de niños y niñas sin registrar en Japón como consecuencia de esta norma. No existen estadísticas confiables al respecto, pero los casos registrados en los tribunales de familia sugieren que son al menos 3.500 cada año, informó Ito.
Los menores no registrados se ven impedidos de solicitar beneficios sociales, o de acceder al pasaporte. Una mujer aseguró a la prensa que los servicios de salud de su bebé tienen costos elevados porque nació prematuramente y no cuenta con registro familiar.
Pero el gobierno anunció que desde mayo entregará pasaporte a los niños y niñas no registrados a causa de las cláusulas cuestionadas del Código Civil sobre madres recién divorciadas. El gesto es una señal de que la resistencia de las mujeres está dando resultados.
El caso de la propia Ito es considerado paradigmático de la lucha por la equidad. Más que reclamar ante un tribunal, ella prefirió presionar a los políticos.
"Conocí a dirigentes compasivos que me presentaron a funcionarios del Ministerio de Justicia. Después de largas discusiones, se me permitió anotar a mi hijo en un nuevo registro de familia sin tener que acudir al tribunal. Pero la ley continuó intacta, por lo que decidí iniciar mi movimiento", explicó.
Activistas confían en lograr el cambio en la sesión en curso de la Dieta, que concluye en junio. El PDL y su socio en la coalición de gobierno, Nuevo Komeito, ya discuten el asunto.
"Tenemos que dar de a un paso por vez para cambiar las cosas y hacer de Japón un lugar mejor para las mujeres", dijo Sakamoto.
