Manifestantes invadieron instalaciones de la transportadora de gas Transredes, en la población fronteriza boliviana de Yacuiba, y tomaron de rehenes a 47 policías tras la muerte de una persona en medio de una disputa provincial por el control de una zona gasífera que genera regalías de casi 100 millones de dólares al año.
La ciudad de Yacuiba, en la frontera con Argentina, unos 1.200 kilómetros al sur de La Paz y en la provincia Gran Chaco del sureño departamento de Tarija, se convirtió en el centro de protestas que podrían afectar las exportaciones de gas natural al país vecino por un eventual cierre de válvulas.
Dos provincias del departamento de Tarija, O'Connor y Gran Chaco, mantienen una disputa por sus límites desde 2003, poco después de confirmarse la existencia en la zona de una reserva de 25 trillones de gas natural en el enorme yacimiento de Margarita, operado por el consorcio hispano argentino Repsol-YPF.
Las manifestaciones en Gran Chaco fueron en respuesta a bloqueos de carreteras realizados dos semanas atrás en O'Connor.
Bolivia posee reservas de gas natural de 48 trillones de pies cúbicos, las segundas más importantes de América del Sur después de las de Venezuela, y exporta a diario 27 millones de metros cúbicos a Brasil y siete millones de metros cúbicos a Argentina.
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El presidente Evo Morales llamó a las autoridades provinciales a pacificar la zona y añadió que los ciudadanos no deben adoptar la violencia por un interés monetario.
Al caer la tarde del miércoles, unas 10.000 personas asaltaron las instalaciones del consorcio privado Transredes, incendiaron dos vehículos de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), destruyeron equipos de computación y se apoderaron de 2.000 envases de gas licuado. Al anochecer hubo actos vandálicos y saqueos de centros comerciales de Yacuiba, según reportes radiales.
Un jefe policial y 46 agentes permanecían en la noche del miércoles en las oficinas de la presidencia del Concejo Municipal de Yacuiba, desarmados y a la espera de un diálogo que permitiera su liberación, mientras a las puertas del edificio la gente reclamaba a gritos las armas.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) realizó intensas gestiones con el gobierno y los dirigentes de las movilizaciones y los exhortó a dialogar, dijo a IPS el representante de la organización Víctor Farfán.
"El campo gasífero en disputa es de Bolivia, eso es importante y no debe generar un enfrentamiento entre hermanos", dijo Farfán.
Mientras, los habitantes de O'Connor reclaman el campo de Margarita y también amenazan con el cierre de válvulas de la estación de tránsito de hidrocarburos en el municipio de Entre Ríos y, a similitud de lo sucedido en Yacuiba, apelan a los gasoductos como instrumento de presión.
Durante una asamblea en Entre Ríos, líderes cívicos decidieron "defender las regalías y el territorio con sangre y miles de muertos".
En la noche del martes, una bala supuestamente disparada por un militar que resguardaba las instalaciones de Transredes en Villamontes, provincia Gran Chaco, hirió a Derman Ruiz, de 37 años, quien murió en un hospital tras desangrarse mientras era auxiliado.
El incidente se produjo cuando habitantes de Villamontes intentaban tomar las instalaciones de Transredes con el propósito de cerrar válvulas de gasoductos tendidos hacia la ciudad de Tarija, capital del departamento homónimo, y hasta Argentina.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, explicó que la orden gubernamental de custodiar las instalaciones petroleras estaba dirigida a preservar los bienes públicos y garantizar el suministro de gas natural y aclaró que los uniformados no tenían instrucciones de emplear armas letales.
Sin embargo, en la mañana del miércoles unas 11 personas fueron heridas con armas de fuego en confusos choques con fuerzas del orden instaladas en las oficinas de Transredes en Yacuiba.
En la ciudad de Tarija, los centros hospitalarios solicitaron donaciones de sangre para salvar a varios heridos de gravedad.
El portavoz del gobierno, Alex Contreras, invitó a los dirigentes de las dos provincias a una reunión de emergencia en La Paz y dijo a IPS que la administración de Morales intenta una solución pacífica a la disputa.
La provincia O'Connor ejercía la jurisdicción del cantón Chimeo, la zona donde se halla el yacimiento de Margarita, en actos de carácter electoral, pero a partir de la explotación que deja unas regalías de cerca de 100 millones de dólares, se despertó el interés de Gran Chaco por tomar posesión del área.
Antes del inicio de la explotación de gas, la zona estaba ignorada y casi abandonada, apenas habitada por familias de pescadores y cazadores sumidos en extrema pobreza.
Las protestas en Yacuiba, Villamontes y Entre Ríos se han mantenido a distancias de unos 70 kilómetros del yacimiento, pero crece el temor de que los grupos en conflicto se trasladen a los páramos gasíferos, lo que terminaría por encender la chispa de un enfrentamiento civil.
La disputa de límites fue presentada ante el gobierno departamental de Tarija, pero durante tres años diferentes recursos legales demoraron su resolución. El prefecto (gobernador) Mario Cossío, del opositor Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), fue despojado de la facultad de emitir un pronunciamiento definitivo por decisión del Ministerio de la Presidencia.
El gobierno de Morales afirmó que Cossío instigó los disturbios.
El ministro Quintana trasladó el trámite de mediación al oficialista prefecto del departamento de Potosí, Mario Virreira, pero Cossío cuestionó la medida y acusó al gobierno de preparar un fallo orientado a ganar rédito con miras a las elecciones generales que podrían celebrarse en 2008 y en las cuales Morales espera renovar su mandato.
