El ejército y la policía retomaron el control en la fronteriza localidad boliviana de Yacuiba, 1.200 kilómetros al sur de La Paz, tras cuatro días de violencia y destrucción de instalaciones petroleras por un conflicto limítrofe provincial. Mientras, el suministro de gas a Brasil y Argentina vuelve a la normalidad.
Por orden del presidente Evo Morales, 220 uniformados volvieron la noche del viernes a esa ciudad ubicada en el meridional departamento de Tarija, en la frontera con Argentina, para controlar la situación tras la ocupación por parte de manifestantes de una estación de bombeo de hidrocarburos operada por la empresa privada Transredes.
"Haremos cumplir las normas y las leyes para garantizar la paz en todo el territorio nacional", afirmó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en La Paz.
Por su parte, el ministro de Gobierno, encargado de la seguridad interna, Alfredo Rada, pidió a la Fiscalía una investigación para identificar a los responsables de la violencia iniciada el miércoles.
La población de Yacuiba recibió con aplausos el retorno de los uniformados, aseguró Rada.
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Dos provincias del departamento de Tarija, O'Connor y Gran Chaco, mantienen una disputa por sus límites desde 2003, poco después de confirmarse la existencia en la zona de una reserva de 25 trillones de gas natural en el enorme yacimiento de Margarita, operado por el consorcio hispano argentino Repsol-YPF
Yacuiba se convirtió esta semana en centro de protestas dirigidas por los alcaldes y líderes cívicos de esa localidad, de Villamontes y de Caraparí, todas comprendidas en la provincia de Gran Chaco.
El miércoles, cientos de personas invadieron las instalaciones de Transredes y de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), saquearon las oficinas, incendiaron dos vehículos y sustrajeron cientos de envases de gas licuado.
Además, tomaron como rehenes a 47 policías, quienes fueron liberados tras 18 horas de cautiverio.
La violencia en la que se sumió la población, con robos y asaltos a comercios, hizo que las autoridades municipales llamaran a la restitución del orden.
El viernes, el vicepresidente Álvaro García acusó a los manifestantes de provocar una baja en la exportación de gas a Argentina y Brasil.
La producción gasífera del campo San Antonio, operado por la brasileña Petrobrás, en asociación con las compañías Andina y Total, disminuyó de 10 a tres millones de metros cúbicos diarios por daños ocasionados a la planta de bombeo atribuidos a los habitantes de la población de Caraparí, en la provincia Gran Chaco, informó García.
Las pérdidas ascienden a 950.000 dólares por día, y se teme que la cifra llegue a los dos millones de dólares, indicó el vicepresidente durante una reunión en La Paz con representantes de la provincia O'Connor, y a la que no asistieron las autoridades de Gran Chaco.
El campo San Antonio provee 10 por ciento de su producción al mercado argentino, que recibe diariamente unos siete millones de metros cúbicos de gas natural boliviano. Brasil obtiene el 90 por ciento del gas producido en este campo, y compra unos 27 millones de metros cúbicos por día.
Las dificultades para transferir líquidos desde las plantas de almacenamiento a las redes de transporte amenazaban con una suspensión de las exportaciones este domingo, reveló un portavoz de YPFB.
La tensión había comenzado ya el martes, cuando manifestantes intentaron tomar las instalaciones de Transredes, en la ciudad de Villamontes, y una persona falleció tras resultar gravemente herida en un confuso enfrentamiento con militares.
La muerte de Derman Ruiz, de 37 años, desató la violencia en la ciudad de Yacuiba, donde los pobladores consiguieron ocupar y saquear las oficinas de Transredes y de YPFB.
El viernes, García intentó reunir en La Paz a los representantes de O'Connor y Gran Chaco, pero sólo los primeros acudieron a su llamado y el vicepresidente declaró un cuarto intermedio hasta el próximo lunes a las 10 horas.
García explicó que su interés era "buscar una salida histórica y política" que se tradujera en una propuesta para ser elevada a las autoridades encargadas de dirimir la disputa limítrofe.
Tras quedar sin competencia por la recusación presentada por una de las partes en conflicto, el prefecto del departamento de Tarija, Mario Cossío, delegó la solución a su inmediato colaborador, pero la demora en la emisión del fallo obligó al Ministerio de la Presidencia a buscar otro juez.
El prefecto del departamento de Potosí, Mario Virreyra, fue elegido como el responsable de dirimir el conflicto, y aunque las dos provincias aceptaron la mediación, los habitantes de Yacuiba y Villamontes, de la provincia Gran Chaco, eligieron el camino de las protestas y la huelga para obtener un fallo a favor y la respuesta a otras demandas de desarrollo regional.
El alcalde del municipio de Entre Ríos, correspondiente a la provincia O'Connor, Teodoro Zuruguay, dijo a IPS que deseaba dialogar y exponer más de 1.200 pruebas históricas en las cuales se demuestra el derecho de su región sobre el campo Margarita.
"La provincia O'Connor no dejará que su orgullo sea atropellado, y habrá miles de muertos en defensa del campo Margarita", dijo a IPS el presidente del Comité Cívico de la región, Domingo Moreno, al concluir la reunión con García.
El vicepresidente atribuye el conflicto a un interés estrictamente económico por la posesión de una zona rica en gas natural y por las regalías petroleras que adicionarán unos 100 millones a la provincia favorecida con el reconocimiento de la jurisdicción.
Hasta este sábado, los representantes de la provincia Gran Chaco aún debaten la aceptación o rechazo a la iniciativa vicepresidencial que busca reunir a las partes en conflicto en La Paz.
