Quince regiones, en las que viven sólo 16 por ciento de los 42 millones de habitantes de Colombia, expulsan a 70 por ciento de los desplazados internos, concentran 73 por ciento de las minas antipersonal y 47 de cada 100 masacres, advirtió ACNUR.
"Ese carácter dual hace que el Estado no esté en una parte del país, o esté muy poco", agregó. La distancia entre el refinado entramado legal colombiano y la realidad es "muy difícil de recorrer", sostuvo Guterres en el auditorio de la bogotana Universidad Jorge Tadeo Lozano.
ACNUR calculó que tres millones de personas en Colombia son desplazados internos, es decir que debieron abandonar sus hogares hacia otros puntos del país como consecuencia del conflicto armado interno.
Otro medio millón de personas son refugiados, o sea que debieron abandonar el país por las mismas causas, según ACNUR. En los últimos dos decenios, ocho de cada cien colombianos han tenido que huir de la guerra de algún modo u otro, un promedio de 200.000 personas por año.
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El alto funcionario del sistema de las Naciones Unidas realizó estas apreciaciones el viernes, al presentar el informe "Conclusiones y recomendaciones del balance de la política pública sobre el desplazamiento 2004-2006".
En este país andino, en guerra civil desde hace 43 años, 20 por ciento de la población recibe 80 por ciento de los ingresos totales, según el economista César González, ex presidente de la Asociación Bancaria, organización que agrupa a las firmas financieras colombianas.
La pujante Antioquia es el único departamento donde las normas establecen la reparación a los desplazados. Esa legislación, que aún no se ha estrenado, incorpora elementos de leyes nacionales, de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU, del derecho humanitario internacional y de las convenciones sobre derechos humanos.
El ACNUR urgió al gobierno priorizar el apoyo a las zonas expulsoras de desplazados, que hoy sufren una baja capacidad institucional.
En la Colombia "marginal", en las áreas rurales y fronterizas menos desarrolladas, aunque estratégicas militarmente o ricas en recursos naturales, es donde la longeva guerra es peor.
La mayoría de los que huyen para salvar la vida llegan a otras zonas marginadas, las barriadas pobres de las grandes ciudades.
Guterres visitó esta semana por tres días las "dos Colombias".
El funcionario constató que las comunidades negras de Chocó, que componen 90 por ciento de la población de ese departamento noroccidental, pasan por una "enorme dificultad" a causa del ya tradicional abandono del estado, que agrava "los problemas del conflicto, del desplazamiento, de la situación social en general".
La mayoría de las familias en la zona que visitó Guterres han sido desplazadas por combates y temen que eso suceda otra vez. El diplomático les dijo que la seguridad y la paz — tan escasas— son en realidad "sus derechos primordiales, sin los cuales ningún otro derecho podrá ser alcanzado de forma adecuada".
Comunidades negras chocoanas como Jiguamiandó y Curbaradó, o Cacarica y otras aldeas del bajo río Atrato han sido tres veces víctimas del Estado, o bien de la ausencia de Estado: hostigados por fuerzas militares, por paramilitares ultraderechistas aliados a éstas y por guerrilleros en lucha por el territorio, escribió la semana pasada el centro de análisis Transnational Institute (TNI) desde su sede en Ámsterdam.
Guterres siguió la huella de los que llegaron, huyendo, a los barrios de invasión de Altos de Cazucá, al sur de Bogotá.
Allí, como una bandera blanca entre callejuelas de polvo y miedo, ACNUR plantó hace unos años una sede, atrajo a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y a otras agencias de la ONU. Y después al Estado, en primer lugar la Defensoría del Pueblo (ombudsman), que instaló su sede frente a la de ACNUR, y finalmente un centro de servicios.
ACNUR declaró 2007 Año de los Derechos de las Personas Desplazadas, en alianza con la Iglesia Católica, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, parlamentarios de diversas tendencias, la Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) y otras organizaciones sociales.
Guterres reafirmó ante las víctimas, las más altas autoridades colombianas y organizaciones de la sociedad civil el compromiso de ACNUR de seguir cooperando ante una de las crisis humanitarias más graves del mundo.
A mediados de año termina su misión el comisionado de ACNUR en Colombia, el argentino Julio Roberto Meier, "que ha sido un gran delegado realmente", dijo a IPS el presidente de CODHES, Marco Romero.
"El gobierno ha ejercido una presión muy dura frente a las agencias de la ONU", agregó.
Las autoridades consideraron primero sacar del país la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Después, propuso recortar sus tareas a las de simple asesoría, y actualmente la mantiene bajo permanente presión por evaluar sus "resultados" en Colombia.
El gobierno de Álvaro Uribe también ha rechazado que la ONU emplee términos como "conflicto armado" y "crisis humanitaria", y organiza reuniones para analizar lo que denomina "post conflicto", en el entendido que la situación está mejorando.
Todas esas actitudes contribuyen a minimizar el papel de ACNUR y de la OCHA, explicó Romero.
Pero para las organizaciones de derechos humanos, ACNUR debe seguir en Colombia, con un rol destacado y con el mismo mandato actual, aunque le señalan que aún resta mucho por hacer para proteger a las comunidades afectadas por el conflicto.
"Están matando a las víctimas que reclaman derecho a la reparación, y hay muchas regiones que no tienen cobertura ni protección", advirtió Romero.
El activista dijo que "en las zonas de más guerra, donde hay laboratorios de guerra cruentos, no hay una presencia sistemática de todas estas agencias" de Naciones Unidas.
El desarraigo continúa. Sesenta por ciento de la población desplazada no tiene acceso a ningún tipo de servicio de salud y la deserción escolar asciende a 70 por ciento, según CODHES.
ACNUR califica la situación de "tragedia humanitaria".
En su balance, "ACNUR ha resaltado que el de Colombia es el gobierno que hace mayor esfuerzo interno con desplazados en el mundo. Ha tenido un avance significativo en materia de educación, salud, protección básica", dijo a IPS Luis Alfonso Hoyos, alto consejero presidencial de Acción Social y la Cooperación Internacional.
La oficina de Hoyos está a cargo, entre otras tareas, de la atención a los desplazados.
"Pero todavía falta mucho en materia de generación de ingresos y de tierra. Hay un esfuerzo presupuestal significativo, un mayor involucramiento institucional, pero hay que trabajar más" en los dos ámbitos, reconoció el funcionario.
Según Hoyos, "90 por ciento de la gente que se desplazó venía de zonas rurales. Pero la mitad de ellos quiere permanecer en zonas urbanas".
"Ahora necesitan de capacitación, de apoyo, de políticas que permitan la generación de ingresos y la integración en la nueva sociedad" a donde han llegado, subrayó Guterres.
ACNUR apunta que los programas de acceso a tierras no parten de la idea de restituir los predios abandonados o arrebatados, que suman entre 2,8 y 6,8 millones de hectáreas, según distintos estudios estatales.
Al mismo tiempo, avanza en el parlamento el proyecto de Estatuto de Desarrollo Rural o Ley de Tierras, que abre la puerta para que predios ocupados por "desplazadores" durante cinco años continuos pasen a su propiedad.
Al respecto, Guterres urgió "una vigilancia de toda la sociedad y de todo el Estado para garantizar que nuevas iniciativas legislativas no derroquen principios esenciales de afirmación de los derechos, sobre todo de los derechos de las personas desplazadas".
