Por la cárcel clandestina «La Perla», en la central provincia argentina de Córdoba, pasaron más de 2.200 prisioneros en la última dictadura militar (1976-1983). Sólo sobrevivieron 17.
Todos ellos asistirán este sábado a la creación de un Espacio para la Memoria en ese infausto lugar, donde se realizará la conmemoración oficial del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Después, seguirán esperando que la justicia castigue a los responsables de tanto horror.
Por la cantidad de prisioneros que alojó, La Perla es el tercer centro clandestino de reclusión del régimen argentino, después del instalado en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y el de Campo de Mayo.
Se trata de un predio del ejército situado en la provincia de Córdoba, a solo 15 kilómetros de la capital provincial homónima y a 800 de Buenos Aires.
"Aquello era el horror", narró a IPS la sobreviviente Ana Mohamed. "El rumor de la muerte te recorría el cuerpo, te caminaba por la cabeza. ¿Qué podía uno esperar que le ocurriera si lo ingresaban allí, con los ojos vendados, y lo torturaban sin piedad?"
En 1976, con apenas 19 años, Mohamed integraba el Centro de Estudiantes de la Escuela de Arte en Córdoba. Fue secuestrada junto a dos de sus compañeros y llevada a La Perla.
"Uno de los secuestrados conmigo murió por la tortura", comentó esta mujer, detenida en distintos centros de Córdoba y Buenos Aires hasta 1982.
El testimonio de Mohamed sirvió para conocer la verdad. Pero desde su primera declaración en 1984 no se logró aún la condena de ninguno de sus secuestradores y torturadores.
En Argentina, hay 13.000 denuncias por desaparecidos durante el régimen, aunque organizaciones de derechos humanos creen que el total de casos podría ascender a 30.000.
Este sábado, cuando se cumplan 31 años del golpe de Estado, el presidente Néstor Kirchner encabezará un acto en Córdoba donde firmará el traspaso de La Perla a la Comisión Provincial por la Memoria, un ente estatal en el que participan organizaciones de derechos humanos.
De las 36 hectáreas de La Perla —hoy un cuartel de paracaidistas—, la prisión ilegal ocupaba dos, demarcadas por cuatro garitas de vigilancia.
Esas edificaciones serán las destinadas a un Espacio para la Memoria, similar al que se prepara en la ESMA y en otras más entre las 500 carceles clandestinas de la dictadura argentina.
"Éste era un reclamo histórico de los organismos de Córdoba, y el gobierno nacional se comprometió a cumplirlo", dijo a IPS Marcelo Yornet, hijo del sindicalista desaparecido Roberto Yornet, secuestrado en Córdoba en 1976 y cautivo en La Perla hasta su supuesto fusilamiento.
"No tenemos todavía un proyecto para este espacio, pero queremos que se cumpla con este primer paso y que el predio deje de ser del Ejército", comentó a IPS Agustín, hijo de Tomás Ditoffino, otro sindicalista también secuestrado en 1976, detenido en La Perla y supuestamente fusilado en un campo aledaño.
Yornet y Ditoffino pertenecen a la organización Hijos, de Córdoba, y aún no tienen datos ciertos sobre el destino de sus padres.
A diferencia de los recluidos en la ESMA, situada cerca del Río de la Plata, los detenidos en Córdoba, una provincia mediterránea, no eran arrojados al mar desde aviones.
Aquí, los "trasladados" —un eufemismo que para los detenidos significaba la ejecución extrajudicial— eran llevados en camiones, fusilados y enterrados en fosas comunes.
El Equipo Argentino de Antropología Forense, organización dedicada a la determinar el destino de desaparecidos, identificó a 14 cuerpos en el Cementerio de San Vicente, en Córdoba.
Pero los familiares saben que podría haber muchos cuerpos más allí y en otros campos cercanos a La Perla.
"La gran mayoría de los secuestrados de La Perla fueron trasladados", anotó Gustavo Contempori en su libro "Sobrevivientes de La Perla".
Contempori contó que las fuerzas de seguridad irrumpieron en 1976 en su casa, lo secuestraron junto a su esposa embarazada, les robaron muebles, vajilla y otros objetos, además del automóvil y dinero.
Ambos fueron apaleados, torturados con picana eléctrica y sumergidos en tinas con agua para que delataran a sus compañeros de militancia política. Ella, Patricia Contempori, fue, además, vejada, como muchas otras mujeres.
Permanecían allí, en colchones de paja, con los ojos vendados. "Nos decían muertos que caminan", recordó Gustavo Contempori.
Para el parto, Patricia fue trasladada al Hospital Militar de Córdoba, y tras una extorsión de los jefes del centro clandestino a la familia, la dejaron en libertad. Les habían exigido 80.000 dólares y la siguieron vigilando luego de liberada. La Perla siguió funcionando como prisión ilegal hasta 1979.
"Todavía hoy, cuando hay mucha humedad, siento el dolor en los huesos de la mano, de cuando intentaba cubrirme de los golpes", aseguró Gustavo, que permaneció cautivo más tiempo que su mujer y vio morir a muchos detenidos, aquejados de terribles dolores e infecciones causadas por la tortura.
En el informe "Nunca más", elaborado en 1984 por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, el gendarme Carlos Beltrán, custodio en La Perla, declaró que en la sala de torturas había un cartel que rezaba "Sala de terapia intensiva. No se admiten enfermos".
Por su parte, el suboficial Alberto Vega informó ante la misma comisión que los "trasladados" eran llevados a pocos kilómetros de La Perla, obligados a ponerse de rodillas, amordazados, con los ojos vendados y las manos atadas a la espalda, frente a grandes fosas. Los fusilaban, les echaban cal y tapaban el pozo, dijo.
Beltrán, Vega y testigos civiles aseguran haber visto reiteradas veces allí a una figura emblemática de la represión en Córdoba, el general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del III Cuerpo de Ejército, cuya jurisdicción controlaba una decena de provincias del noroeste argentino.
Menéndez, reclamado por la justicia de España e Italia, fue procesado en 1988 en Argentina por 47 homicidios, 76 casos de tormento y cuatro de sustracción de menores. Pero en 1990, el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999) lo indultó como a otros represores.
No obstante, fue detenido por otras denuncias en su contra tras el indulto y hoy está detenido. La fiscalía federal de Córdoba lo investiga por 413 crímenes y reclama que se anule por inconstitucional el perdón que lo benefició.
Pero el pedido está demorado en la Cámara Federal de Apelaciones.
"El Estado está obligado a perseguir penalmente los delitos de lesa humanidad", declaró la fiscal de Córdoba, Graciela López, que reclama desde 2003 la derogación del indulto. "Pero aún si no hay anulación del perdón, Menéndez está acusado por nuevos delitos", agregó.
Una vez más, Mohamed acompañó a funcionarios judiciales y a representantes del gobierno nacional a reconocer La Perla, antes de la visita del presidente Kirchner.
Esta vez, 31 años después de su secuestro, espera que la justicia por fin sancione a los responsables de tanto horror. *Esta versión de la nota antes transmitida corrige en el párrafo 12 la cantidad de cárceles clandestinas instaladas por la dictadura argentina: 500.
