En el marco de una campaña contra la oposición islamista, las autoridades de Egipto llevaron a 40 importantes líderes de la organización Hermandad Musulmana ante un tribunal militar, acusados de lavado de dinero e «intento de reavivar actividades de grupos prohibidos».
Activistas por los derechos humanos y expertos legales señalaron que esto significa un grave retroceso del régimen luego de sus promesas de reformas políticas.
"Es un paso atrás para la democracia, y una violación de los derechos civiles según la Constitución egipcia", dijo a IPS el presidente de la Organización Egipcia para los Derechos Humanos, Hafez Abu Saeda.
El 7 de este mes, el periódico gubernamental Al Ahram informó que 40 miembros influyentes del grupo serían presentados ante un tribunal militar "para ser juzgados en relación con el financiamiento de milicias estudiantiles en la Universidad de Al Azhar y de financiar las actividades secretas del grupo en Egipto".
El diario además informó que en el proceso se presentaría "nueva evidencia de lavado de dinero y de transferencias de fondos al exterior para financiar a las actividades prohibidas del grupo", así como "documentos confirmando que esa organización no ha abandonado la violencia".
Entre los procesados se encuentran Khairat al-Shater, el segundo guía supremo de la Hermandad Musulmana, junto a otros 39 miembros de alto rango.
Un tribunal penal de El Cairo había ordenado a fines del mes pasado la liberación de Al-Shater y de otros 15 detenidos, pero estos volvieron a ser arrestados por órdenes del Ministerio del Interior y bajo los términos de la antigua Ley de Emergencia.
Es la sexta vez en la historia de la Hermandad Musulmana que sus miembros son llevados a un tribunal militar. La última vez fue en 2001, cuando decenas de líderes de la organización recibieron condenas a prisión tras ser hallados culpables de "integrar un grupo proscrito" e "intentar establecer un califato islámico".
A diferencia de los juicios civiles, las sentencias de los tribunales militares no pueden ser desafiadas por ninguna otra autoridad judicial. Una vez que se emite el fallo, el único recurso del acusado es presentar un pedido de clemencia al presidente en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
El procesamiento de los líderes islamistas se enmarca en una dura campaña contra el grupo, desencadenada tras una manifestación de estudiantes simpatizantes en la Universidad Al Azhar, de El Cairo, a mediados de diciembre.
Aunque pequeño, el incidente desató una fuerte condena gubernamental, mientras que la prensa estatal alertó sobre el advenimiento de una "milicia islámica".
Si bien portavoces de la Hermandad Musulmana insistieron en que la manifestación era simplemente de naturaleza "atlética", la policía detuvo a 124 estudiantes, junto a casi 20 altos líderes de la organización, incluyendo a Al- Shater, acusados de incitar tensiones públicas. Aunque la Fiscalía anunció su decisión de liberar a un puñado de estudiantes y líderes islámicos, todos aún permanecen en prisión.
Esto llevó al presidente Hosni Mubarak a hacer una declaración sin precedentes el 14 de enero, en la que afirmó que la organización representa "un peligro para la seguridad de Egipto" debido a su "orientación religiosa".
A fines de enero, la Fiscalía anunció el congelamiento de las cuentas bancarias de 29 empresarios asociados con la Hermandad Musulmana, entre los cuales otra vez estaba incluido Al-Shater, acusados de lavado de dinero.
Observadores políticos dicen que las últimas medidas del gobierno están destinadas nada menos que a expulsar de la arena política a la organización, por lejos el mayor grupo opositor en Egipto.
"La última escalada del régimen es un intento por erradicar a la Hermandad Musulmana de los partidos políticos", dijo a IPS el editor en jefe del semanario independiente Al Karama, Abdel Halim Kandil.
Expertos legales y activistas por los derechos humanos señalaron que la campaña del gobierno también manipula la Ley de Emergencia, bajo la cual se instalan los tribunales militares.
"Las cortes militares no son para juzgar a civiles. Fueron establecidas para tratar casos con dimensiones militares o que involucren a las Fuerzas Armadas", dijo a IPS el analista Atef al-Banna, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de El Cairo.
Impuesto por primera vez tras el asesinato en 1981 del presidente Anwar Sadat, el estado de emergencia ha sido condenado tanto por miembros de la oposición como por grupos de derechos humanos, para quienes ha sido usada fundamentalmente para aplastar a la disidencia política.
La Ley de Emergencia fue extendida en abril por otros dos años, luego de un ataque con bomba en el balneario de Dahab, sobre el Mar Rojo, que mató a 18 personas.
"Cuando la Ley de Emergencia fue extendida, el gobierno prometió invocarla sólo en casos relacionados con terrorismo y tráfico de narcóticos. Pero los miembros de la Hermandad Musulmana no eran ni terroristas ni traficantes de drogas", dijo el activista Abu Saeda.
El Centro Árabe para la Independencia Judicial expresó su "fuerte rechazo" al juicio de civiles en tribunales militares, porque "representa una violación a los acuerdos internacionales firmados por Egipto para garantizarle a los ciudadanos un juicio justo e imparcial".
Sin embargo, el gobierno parece determinado a seguir presionando al grupo islámico. El 15 de este mes, las fuerzas de seguridad detuvieron a otros 80 integrantes en una nueva ola de arrestos en varias ciudades, incluyendo a El Cairo y Alejandría.
