La economía de Chile no logra crecer al ritmo de América Latina, y no sólo por frenos coyunturales, sino porque necesita el trance hacia otro estadio de desarrollo, indican algunos diagnósticos.
Un informe dado a conocer en enero por el Banco Central de Chile, la economía de este país se expandió 4,2 por ciento en 2006, menos de lo previsto por el gobierno, debido principalmente a la huelga de un mes en la minera privada de cobre Escondida y a los altos egresos de las empresas por concepto de energía.
Este indicador preocupa a los expertos, así como la constatación de que Chile fue uno de los países de América Latina y el Caribe que menos creció en 2006, ubicándose un punto más abajo que el promedio regional, de 5,3 por ciento, según un balance realizado en diciembre por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
En 2004 y 2005, el producto interno bruto (PIB) de Chile había crecido al alentador ritmo de 6,2 y 6,3 por ciento respectivamente, las tasas más altas desde 1997, cuando fueron de 6,6 por ciento.
Al crecimiento relativamente bajo se sumó la disminución en el Índice de Percepción de la Economía de Chile (IPEC), elaborado por la consultora Adimark GfK, que mide la disposición de los consumidores a comprar bienes durables, como automóviles y viviendas. El IPEC llegó a 52 puntos en enero, retrocediendo 6,5 puntos en los últimos 12 meses.
De igual forma, la última encuesta realizada por Adimark sobre la aprobación ciudadana de la presidenta socialista Michelle Bachelet, divulgada el 4 de este mes, expuso una pérdida de su popularidad: bajó siete puntos entre diciembre y enero, situándose en 47,2 por ciento.
El principal factor asociado a ambas caídas es la corrupción detectada en organismos públicos, que también podría atentar contra la inversión.
Desde octubre de 2006 se investigan irregularidades cometidas por funcionarios del gubernamental Instituto Nacional de Deportes, Chiledeportes, y más tarde se destapó una red de cohecho en el Servicio de Impuestos Internos (SII), cuyo perjuicio fiscal sería mayor a 750 millones de pesos (más de un millón de dólares), según informó Nancy González, la fiscal a cargo de esta causa.
Con todo, el gobierno espera que el desempeño económico de este año sea mejor, gracias al favorable escenario internacional, a la baja del precio del petróleo y al aumento de 8,9 por ciento previsto para el gasto fiscal.
El cuadro se hace más auspicioso en cuanto al superávit fiscal, que alcanzó 11.285 millones de dólares en 2006, al valor de las exportaciones, de 68.000 millones de dólares, y a la balanza comercial que dejó un saldo favorable de 23.000 millones de dólares.
Además, el Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA), que agrupa los 40 papeles líderes de la Bolsa de Comercio de Santiago, alcanzó el 9 de este mes la cifra más alta en su historia: 3.019,63 puntos.
Según las proyecciones del Banco Central, la economía chilena se expandiría entre cinco y seis por ciento en 2007, y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) estaría cercano a tres por ciento. El organismo emisor estimó que el cobre —principal producto de exportación del país— tendrá este año un precio promedio de 2,30 dólares la libra.
En tanto, la Cepal estima que el PIB chileno crecerá 5,5 por ciento.
Pese a las mejores perspectivas, la sensación general es de estancamiento.
El director del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, Hugo Fazio, comentó a IPS que "la economía chilena ha sufrido un proceso de desaceleración bastante manifiesto, y antes de hacer futurología en torno a la tasa de crecimiento para este año, es necesario detenerse en los factores que están actuando en forma inversa".
Fazio criticó principalmente la inexistencia de una política cambiaria del Banco Central, lo que afectaría a los sectores exportadores y a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que no pueden competir con productos importados de bajo precio.
La oposición derechista también ha insistido en la urgencia de "salvar" a las pymes, que generan 80 por ciento del empleo, destacando la labor del actual ministro de Hacienda, Andrés Velasco, quien ha liderado reformas para aminorar la carga impositiva y las trabas burocráticas que las afectan, incluidas en el Plan Chile Compite, lanzado en julio de 2006.
La flexibilidad laboral, otra tradicional demanda de la oposición, es mirada con cautela por el gobierno, principalmente por el ministro de Trabajo, el socialista Osvaldo Andrade.
En este esfuerzo por reactivar la economía, expertos y parlamentarios han planteado flexibilizar, e incluso suprimir, la regla de mantener un superávit estructural de uno por ciento del PIB, y destinar esa proporción a inversiones en desarrollo social y productivo.
Esta regla fue introducida en 2000 por el entonces presidente Ricardo Lagos (2000-2006) para financiar los compromisos del gobierno que crecían más rápido que los ingresos fiscales.
No obstante, hace algunas semanas, Velasco defendió esta política de ahorro argumentando que gracias a ella el país ha podido enfrentar exitosamente las variaciones del precio del cobre, así como de los demás productos básicos.
Pese a lo anterior, cada vez hay más coincidencia sobre la improbabilidad de que la economía chilena se vuelva a expandir a un ritmo de siete por ciento, de no mediar reformas profundas.
En octubre de 2006, quien fue ministro de Hacienda de Lagos, Nicolás Eyzaguirre, declaró en una entrevista al diario La Tercera, que para los grados de ingreso de Chile "ya no están disponibles los crecimientos del siete por ciento".
"Peor aún, tenemos que trabajar muy duro para seguir creciendo a cinco o seis por ciento. Hay que hacer reformas estructurales en capacitación, educación e innovación. Ahí estamos dramáticamente desalineados", había dicho el ex funcionario. Un análisis similar realizó en una columna Andrés Sanfuentes, editor económico de la revista digital Asuntos Públicos, para quien en adelante el crecimiento chileno tendrá que basarse en otros elementos presentes en la evolución de países industriales.
Según Sanfuentes, esos aspectos son "la incorporación de tecnología avanzada, la mejoría de la calidad de la educación y del capital humano, la modernización del aparato estatal, la búsqueda de una mayor especialización en las exportaciones y, lo más importante, la generación de un 'clima' de desarrollo en que la población se crea que el país puede pasar a un nivel de alto desarrollo económico y social".
Bachelet pareció apuntar hacia ese rumbo cuando creó en mayo de 2006 el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, integrado por 18 expertos, presidido por Eyzaguirre y que entregó su primer informe en enero.
El texto, de 150 páginas, da cuenta del actual escenario y propone las bases de una estrategia para el desarrollo del país a mediano y largo plazo. Básicamente, este plan consiste en potenciar 11 sectores productivos, principalmente de recursos naturales, y en enfocarse en la subcontratación de servicios y en la acuicultura. La idea es sumar valor agregado a las exportaciones.
Eyzaguirre planteó que la meta era duplicar en los próximos 15 años el PIB por persona, hoy de 7.089 dólares, para lo cual es indispensable formar capital humano y aumentar la inversión en investigación y desarrollo, además de mejorar la articulación entre las instituciones educativas, el sector productivo y el mundo científico.
El dinero presupuestado para promover la innovación es el recaudado por las regalías del sector minero establecidas en 2005, y que en 2006 sumaron 52.759 millones de pesos (unos 100 millones de dólares). El siguiente informe del Consejo será presentado en el tercer trimestre de este año y se espera de él propuestas más concretas.
