La demora en Argentina en elevar a juicio oral las causas por delitos contra los derechos humanos cometidos por la dictadura militar instaló entre activistas el fantasma de lo sucedido con el ex dictador chileno Augusto Pinochet, quien murió sin condena.
Abogados de organizaciones defensoras de los derechos humanos y en el Ministerio Público Fiscal coincidieron, ante consultas de IPS, en señalar que existe un escenario político favorable para avanzar en estos juicios y que, de hecho, hay procesos que marchan en forma ordenada y eficiente hacia la instancia oral y la posterior sentencia definitiva.
Sin embargo, admitieron también que en el sistema judicial argentino persisten trabas burocráticas que saben ser aprovechadas tanto por la defensa de los acusados como por jueces y camaristas reacios a sentar en el banquillo a ex jerarcas de la última dictadura (1976-1983), a ex policías o a civiles relacionados con ese régimen y todavía influyentes.
Datos del no gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) indican que ya hay unos 1.400 imputados en todo el país desde la reapertura de los procesos en junio de 2005, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que a partir de la segunda parte de la década del 80 alejó de los tribunales a los represores.
Hay alrededor de 260 detenidos por violaciones a los derechos humanos, 70 de ellos en régimen domiciliario por su avanzada edad, como el ex dictador Jorge Videla. Otros cinco fueron declarados incapaces debido a su mal estado de salud, entre los cuales se cuenta el ex almirante Emilio Massera, 45 están prófugos y 50 fueron excarcelados por vencer plazos legales.
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También ya murió un centenar de involucrados en la sangrienta represión dictatorial que, según organizaciones humanitarias, hizo desaparecer a unas 30.000 personas y asesinó o mantuvo en cautiverio en campos de concentración a cientos de miles. Entre los antiguos jefes militares que murieron sin condena está el ex general Guillermo Suárez Mason.
Las causas que se reabrieron a partir de la anulación de las leyes de amnistía se sumaron a otros procesos iniciados en los años 90 y tampoco con resolución final, como las demandas por sustracción de menores y el mega-proceso por el Plan Cóndor, la coordinación represiva de dictaduras del Cono Sur de América.
A fin de evitar "ir a la zaga de los esfuerzos de las víctimas", el Ministerio Público Fiscal creó en 2004 la llamada Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, y el año pasado pidió a los fiscales "extremar recaudos para agilizar los procesos".
Pero el sistema responde con pereza. "Hay diversos factores", explicó a IPS Pablo Parenti, subdirector de la unidad fiscal especial. "Hay causas en las que se prolonga demasiado el período de instrucción (investigación) y se demora la elevación a juicio, y otras que se atrasan porque tardan en resolverse los múltiples recursos que presentan las partes", apuntó.
El fiscal consideró que desde ese ministerio hay respaldo para avanzar y en ese sentido destacó los progresos de algunos procesos reabiertos a partir de la anulación de las llamadas leyes de impunidad, como el que juzga la represión en el área del I Cuerpo de Ejército, una de las causas emblemáticas porque corresponde a una cantidad innumerable de víctimas.
"En la causa I Cuerpo se avanza en forma ordenada y rápida al juicio oral, o sea que entre este año y el próximo habrá muchos juicios", anticipó. En cambio, admitió que el proceso conocido como ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), donde funcionó un centro ilegal de detención, camina a marcha lenta.
La abogada Carolina Varsky, del CELS, destacó que desde la anulación de las leyes de impunidad "el escenario es favorable al juzgamiento". Sin embargo reconoció que hasta el momento sólo hubo dos integrantes del aparato represor ilegal sometidos a juicio y condenados.
Se trata del ex policía Julio Simón, alias el Turco Julián, y el ex comisario Miguel Etchecolatz, sentenciados en 2006 por casos puntuales. A estos dos casos emblemáticos les quedan pendientes procesos penales por otra cantidad de víctimas.
El próximo en ser sometido a juicio probablemente en marzo— será el sacerdote Christian von Wernich, implicado en torturas y asesinatos.
"Tenemos que acelerar los tiempos porque los imputados se van a morir", teme Varsky, y señaló que en algunas provincias como Córdoba, Chaco, Mendoza, Salta o Santiago del Estero, la morosidad es aún más marcada. Hay causas paralizadas o que ni siquiera comenzaron.
Para esta abogada, titular del Programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del Terrorismo de Estado del CELS, las demoras se verifican en la Cámara Nacional de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (máxima instancia penal del país), en la Cámaras Federales y en los diversos juzgados de primera instancia.
"Esto tiene que ver con nuestro sistema de procedimiento penal. Yo no lo analizo en términos políticos, sino al contrario, veo jueces decididos a avanzar, sobre todo en los últimos años, pero, por ejemplo, en la etapa de instrucción se podría ir más rápido y sin embargo insume muchos años en nuestro sistema", cuestionó la abogada.
Por su parte, Alcira Ríos, representante legal de integrantes de la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo, informó a IPS que "los abogados de derechos humanos están pensando en hacer un planteo conjunto ante la Corte, porque creemos que es evidente que la traba principal está en (el tribunal de) Casación, donde se frenan todos estos procesos".
Las causas más demoradas son las se abrieron en los años 90 contra los ex jefes de la dictadura y otros represores de menor rango.
En aquel momento, organizaciones no gubernamentales encontraron vericuetos legales por donde avanzar pese a las leyes de "punto final", de 1986, y de "obediencia debida", de 1987, y a los indultos a dictadores y altos oficiales decretados en 1990 por el entonces presidente centroderechista Carlos Menem (1989-1999).
Así se logró en 1998 la detención de Videla y de otros represores en una causa por sustracción de menores, y la apertura de un proceso por el Plan Cóndor. Esta última causa podría ser pronto elevada a juicio oral, mientras que la primera es aún una incógnita. Ambas llevan más de 10 años de trámites.
En diálogo con IPS Luciano Hazan, abogado de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, señaló que hubo procesos contra apropiadores de hijos de personas desaparecidas que derivaron en sentencias. Pero la causa principal por lo que se determinó fue un "plan sistemático", para quedarse con niños y niñas de secuestrados, y el proceso contra Videla siguen allí en los estrados.
La causa por este plan sistemático de apropiación de menores, en la que están involucrados ex altos jefes militares, está en proceso de cerrar la etapa de instrucción para que sea elevada a juicio oral. Empero, el caso de Videla, que se rige por un código de procesamiento ya reemplazado hace casi 15 años, está mucho más demorado.
La demanda contra el primer dictador tras el derrocamiento del gobierno democrático en marzo de 1976 comenzó antes de que se creara el sistema de juicio oral, y entonces todo el proceso se sustancia por escrito. De hecho, el retraso permitió que, al menos en esta causa, Videla consiga el beneficio de esperar la condena sin arresto.
"Es razonable, no queremos que los acusados estén detenidos eternamente, pero tampoco que salgan en libertad o que mueran sin ser condenados", remarcó. Los activistas y abogados temen que el atraso judicial deje inconclusa la búsqueda de la verdad como ocurrió con Pinochet, quien murió el 10 de diciembre y con ello quedaron paralizadas las numerosas causas en su contra en Chile.
Hazan consideró que en Argentina hay "problemas estructurales de funcionamiento de la justicia penal", pero señaló además falta de voluntad en algunos casos. "Algunos jueces de la Cámara de Casación Penal, por razones ideológicas, aprovechan las deficiencias del sistema para demorar las causas", denunció.
El fiscal Parenti también coincidió en que el tribunal de Casación, que tiene múltiples salas, es lento para pronunciarse ante cada recurso.
De hecho, en esa instancia está bajo estudio desde hace dos años una sentencia de primera instancia que declaró inconstitucional el indulto contra los jefes de la dictadura.
Para que caiga esa última rémora de la impunidad, el tribunal penal debe fijar posición y elevar el caso a la Corte Suprema de Justicia donde se espera un fallo a favor de derogar esa medida adoptada por el entonces presidente Menem.
Pero el tiempo pasa y el pronunciamiento no llega.
