Los pobres, destino de buena parte de las políticas públicas, son los que más se perjudican por la corrupción, según expertos congregados en esta capital por la organización Transparencia Internacional (TI) y su filial venezolana.
La corrupción "atrapa a millones de personas en la pobreza y, pese a una década de avances en la definición de leyes y normas en su contra, los resultados muestran un deterioro significativo en la capacidad de algunos países para enfrentar ese flagelo", advirtió la canadiense Huguette Labelle, presidenta de TI.
El encuentro evocó los 10 años de la adopción, en esta capital, de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC), una propuesta venezolana acogida el 29 de marzo de 1996 por los otros 33 gobiernos activos en la Organización de los Estados Americanos, OEA.
Labelle dijo que "en un país que no voy a mencionar, en 2005 el ingreso familiar mensual rondaba los 250 dólares, pero la gente debía destinar 40 por ciento al pago de sobornos para que sus hijos fueran a la escuela, al hospital u obtener permiso para poder montar una microempresa".
En su opinión, "se demuestra que los más afectados por el flagelo son los pobres, y eso socava los cimientos de la democracia, independientemente de los ingresos fiscales del Estado: a mayor corrupción gubernamental, mayor pobreza".
El encuentro "Consolidando el cambio: La Convención Interamericana contra la Corrupción en su segunda década", se celebra desde el lunes hasta este miércoles.
El jurista argentino Carlos Manfroni, uno de los redactores de la CICC, sostuvo que "la peor corrupción es la que no se publica. Los grandes casos salen a la luz pública, pero hay otra peor, protagonizada por las jerarquías medias e inferiores del escalafón administrativo, un conjunto abrumador cuya característica es la continuidad".
Se trata por ejemplo de sobornos para pasar contrabando diariamente, "aceitar" procesos administrativos, sobreprecios cotidianos o acelerar o demorar expedientes. En América Latina "lo que predomina es el soborno y la administración fraudulenta en proporciones vergonzosas", afirmó Manfroni.
El índice 2006 de TI, sobre 163 países, colocó en el puesto 163 (el más corrupto) a Haití, el país más pobre de América, en tanto Ecuador y Venezuela compartieron la casilla 138, Argentina ocupó la 93, Brasil y México el lugar 70, Uruguay estuvo en el 28 y Chile y Estados Unidos en el 20.
América fue sin embargo la primera región del mundo en dotarse de una convención colectiva contra la corrupción, comprometiendo a sus Estados a "adoptar normas de conducta para el desempeño correcto, honrado y adecuado de las funciones públicas".
Se solicitaron entonces "medidas que impidan el soborno de funcionarios nacionales y extranjeros", así como "mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos para prevenir la corrupción".
Instrumentos como la CICC o el índice anual de TI "son herramientas útiles, marcos conceptuales y prácticos para orientar las políticas públicas y el funcionamiento de los gobiernos bajo esquemas de probidad", dijo a IPS el argentino Carlos March, de la Fundación Avina, que promueve el desarrollo sostenible en América Latina.
"Pero no hay que ser ingenuos: instrumentos como el CICC son políticos, suscritos entre otros por individuos muy señalados de corrupción, como fue el ex presidente argentino Carlos Menem (1989-1999)", opinó March.
¿Qué hacer? Para March son ineludibles dos frentes de trabajo, el primero de los cuales es inmiscuirse en los procesos de transformación del Estado "para devolver a la sociedad la institucionalidad capturada por políticos o intereses sectoriales o corporativos".
March apeló al ejemplo de su país para destacar que la agenda pública "es definida por la misma gente de la política, las patronales y los sindicatos desde hace cuatro décadas".
Pero además, "como quiera que los pobres son quienes más sufren por causa de la corrupción, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y de la sociedad civil tienen que 'embarrarse', asumir riesgos calculados y participar para entender la lógica, en los niveles locales y provinciales, de cómo opera el sistema político del que emerge la corrupción".
Muchos de quienes han favorecido la corrupción por acción u omisión, con responsabilidades nacionales, fueron antes administradores locales o provinciales de políticas públicas, recordó el experto.
"Se trata de que la ciudadanía se empodere de un derecho que le pertenece y ejecute un monitoreo constante en la comunidad donde se desenvuelve", acotó a IPS Eduardo Bertoni, de la Fundación para el Debido Proceso Legal, con sede en Washington.
Para ello son necesarias leyes que garanticen el acceso ciudadano a la información pública, adoptadas hasta ahora por una docena de países en el hemisferio. "El ciudadano debe poder saber cuál es el desempeño de un colegio o de una fábrica que pretenda instalarse en su comunidad", dijo Bertoni.
Para Labelle, la lucha contra la corrupción requiere "instituciones fuertes e independientes, formar a las personas desde la escuela, y un papel importante juegan los medios de comunicación. Es necesario contar historias donde se refleje cómo la corrupción afecta a las personas".
Sus advertencias acerca del enriquecimiento de los Estados fueron como mencionar la soga en la casa del ahorcado, pues este país petrolero disfruta de un ingreso petrolero cuatro veces superior al que disponía a finales de la década pasada.
Advertencias previas de TI han sido desestimadas por las autoridades de Venezuela, en el marco de la aguda confrontación política de la última década. Se abstuvo de acudir al simposio el fiscal general, Isaías Rodríguez, presidente del Poder Moral o Ciudadano, que integran también la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo.
Organizaciones como TI "deben hacerle honor a su nombre para perfeccionar los instrumentos de medición que utilizan al evaluar el problema de la corrupción en más de 160 países", expresó el fiscal en una declaración escrita.
Rodríguez agregó que listas como las de TI "la mayoría de las veces se formulan contra países que no son parte de las grandes organizaciones financieras o diplomáticas internacionales que, por lo general, actúan como fuentes de financiamiento natural de muchas de las ONG que trabajan un tema de tanta trascendencia ética".
Mercedes De Freitas, de TI Venezuela, insistió en que el simposio buscó "trabajar para reducir los riesgos de corrupción y hacer realidad las arengas que sobre esa materia provienen desde el sector público", en referencia a promesas del presidente Hugo Chávez de combatir "la ineficiencia, el burocratismo y la corrupción".
