El Congreso legislativo de Argentina aprobó una reforma previsional que establece un avance del Estado en el sistema de pensiones, parcialmente privatizado en los años 90, y que se adelanta a cambios proyectados por Chile en ese terreno. Pero hay muchas críticas y advertencias.
Con 209 votos a favor y 10 en contra, la Cámara de Diputados avaló el martes por la noche el proyecto de reforma aprobado 15 días antes por el Senado, aunando voluntades del oficialismo y de la mayor parte de la oposición. La excepción fue la derechista Propuesta Republicana, que rechazó los cambios.
El gobierno de Néstor Kirchner había propuesto al parlamento una reforma destinada a desandar parte del camino trazado hace más de una década, cuando el sistema contributivo de jubilaciones y pensiones, siguiendo el modelo chileno, se abrió a la participación privada y al principio del ahorro o capitalización individual.
Pero los críticos consideran que la transformación dispuesta queda a mitad de camino.
"La reforma es un avance, pero si llega hasta acá es muy limitada", declaró a IPS el diputado izquierdista Claudio Lozano, de Emancipación y Justicia, quien votó a favor. "Corre el riesgo de ser funcional a las administradoras privadas, que se quedarían con los mejores aportantes, y podría provocar el desfinanciamiento del régimen público", alertó.
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Las modificaciones eran un asunto pendiente para el gobierno, que considera un fracaso la privatización de las pensiones y juzga desequilibrada la convivencia del tradicional régimen estatal basado en el reparto y los fondos de pensión vigentes desde 1994.
En esta gestión, los montos mínimos de las pensiones tuvieron un gran aumento, se ofreció una jubilación anticipada por desempleo, una jubilación a las amas de casa y moratorias previsionales a éstas y otros trabajadores que no hubieran realizado aportes en el pasado. Con esos cambios, la cobertura de seguridad social alcanza hoy a 80 por ciento de los adultos mayores.
En el país hay casi 14 millones de jubilados, 12 millones bajo el régimen de capitalización individual, creado por ley en el gobierno de Carlos Menem (1989-1999). Pero la mitad de quienes ahorran en los fondos privados no los eligieron, sino que fueron derivados automáticamente tras un plazo sin optar.
El proyecto ahora aprobado elimina la prohibición de que los trabajadores se pasen del sistema de capitalización al de reparto, una medida que beneficiaba a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), empresas encargadas de administrar e invertir las cotizaciones de los trabajadores. También se les pone tope a las comisiones que pueden cobrar a sus clientes.
Otro cambio clave es que la inscripción automática ya no es a favor de las AFJP.
Según la norma anterior, quien ingresaba a su primer empleo contaba con 90 días para elegir entre el sistema de reparto o el de capitalización. Si transcurrido el plazo, el trabajador no había optado, su afiliación se sorteaba entre las AFJP. Con la reforma, sus aportes irán automáticamente al régimen estatal.
A pesar de que los cambios fueron aprobados por una amplia mayoría, un grupo de legisladores críticos, encabezados por Lozano, advirtió sobre la necesidad de abrir un periodo de transición, pues si esta reforma es definitiva no sólo será insuficiente, sino dañina para las finanzas públicas.
Desde mediados del siglo XX existía en este país un sistema de seguridad social contributivo, público y unificado, basado en el principio de la solidaridad intergeneracional.
Así, los trabajadores activos aportaban al Estado un porcentaje de sus salarios —sumado a las contribuciones patronales— que se destinaba a pagar a los pasivos y les aseguraba el derecho a una pensión para sus años de retiro.
Pero las sucesivas crisis económicas colocaron el sistema al borde del colapso. En 1994, como parte de una serie de reformas de corte neoliberal impulsadas por Menem, se sancionó la ley que incorporó el régimen privado de capitalización individual.
Ese sistema, inspirado en el que impuso en 1981 el ex dictador Augusto Pinochet (1973-1990) en Chile, convivió con el público, pero con múltiples ventajas para los fondos privados. Por ejemplo, los afiliados que optaban por alguna AFJP no podían volver ya al régimen de reparto.
Esa limitación fue derogada por la norma sancionada el martes. Ahora, todos los que cotizan al sistema privado tienen 180 días hábiles para ejercer su derecho a elegir. La posibilidad de cambiar de un régimen a otro se ofrecerá nuevamente en cinco años.
"Esta supuesta libre opción no es tal, porque el aportante tiene sólo 180 días para volver al régimen de reparto. En cambio, si quiere hacer el recorrido inverso, el camino está abierto sin plazos", objetó Lozano en el Congreso.
Las reformas de los sistemas de seguridad social han vuelto a ser noticia en América Latina.
El año pasado, el secretario general de la Cepal, José Luis Machinea, reconoció que las reformas de los años 80 y 90 fracasaron en cuanto a formalizar el mundo laboral y ampliar la cobertura de la seguridad social, pues se basaron excesivamente en los "incentivos", en desmedro de los principios de solidaridad, entre otras razones.
En consecuencia, sólo cuatro de cada 10 trabajadores cotizan y sólo cuatro de cada 10 mayores de 70 años perciben una pensión en la región, según la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe).
El retorno a una mayor participación estatal es analizado también en Chile por iniciativa de la presidenta Michelle Bachelet, quien prevé enviar un proyecto al Congreso de su país este año.
La privatización de la seguridad social chilena fue pionera en la región, si bien se mantuvo un régimen estatal para una minoría de contribuyentes. Los cambios ahora bajo estudio, como los votados en Argentina, apuntan a equilibrar un sistema desequilibrado, pero sin alterar en sustancia el funcionamiento de los fondos privados.
Se corre riesgo de que los trabajadores activos con salarios altos y estabilidad laboral permanezcan en el sistema de capitalización, que les resultará más conveniente debido a sus mayores posibilidades de ahorro, y que se pase al Estado "el lastre" de los que ganan sueldos más bajos, dijo Lozano.
Esos trabajadores tendrán garantizada la jubilación mínima por parte del Estado, que deberá hacer rendir al máximo los recursos recaudados para evitar desfinanciarse, alertó.
Lozano y su par María América González, de Afirmación para una República Igualitaria, propusieron cambios al proyecto, que no prosperaron.
La propuesta era establecer el carácter transitorio de la reforma y crear una comisión de funcionarios, legisladores y organizaciones sociales con el fin de concebir un único sistema público de pensiones basado en dos premisas: una prestación básica universal financiada con rentas generales, y un sistema contributivo intergeneracional.
