En un intento por superar la derrota sufrida en el Congreso, el presidente de Perú, Alan García, quiere ahora poner a referéndum su proyecto de pena de muerte para terroristas rechazado por los legisladores. Pero esa ofensiva parece impracticable y hasta inconstitucional.
El propio presidente de la comisión parlamentaria de Constitución, Aurelio Pastor, del mismo partido que García y quien precisamente promovió el proyecto en el Congreso, fue de los primeros en asegurar a la prensa que la ley fundamental prohíbe someter a referéndum una iniciativa que implique suprimir un derecho básico como es la vida de las personas.
El legislador del gobernante Partido Aprista Peruano (APRA) se refería a acápites del artículo 32 de la Constitución, el cual señala expresamente que "no pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona".
El jefe del grupo parlamentario oficialista, Javier Velásquez, también expresó sus dudas sobre la viabilidad de la nueva propuesta de García. "Tendría que haber una reforma constitucional" para ello, dijo a IPS.
"Los congresistas apristas aún no hemos analizado el nuevo planteamiento del presidente", aclaró, para luego indicar que, tras el archivó del proyecto en el Congreso, "es muy difícil que el cuerpo apruebe una reforma al respecto". "Por ahora, para nosotros es un tema cerrado y ya estamos trabajando en otras cosas", apuntó de modo lapidario.
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Un magistrado del Tribunal Constitucional, que habló con IPS con la condición de no ser identificado, coincidió con los legisladores consultados en que no procede convocar a referéndum para que la población decida si se debe o no ejecutar a los condenados por terrorismo.
En caso de que el Congreso aprobara la propuesta del mandatario, es el Tribunal Constitucional el que debe pronunciarse en última instancia, aclaró.
García lanzó la idea de apelar a la herramienta de la consulta popular luego de que el miércoles por la noche 49 diputados rechazaron su iniciativa en una sesión de la que participaron apenas 75 de los 120 representantes. Sólo fue respaldado por 26 votos que sumaron su bancada del APRA y por la derechista Alianza por el Futuro (AF), del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000).
Si bien aclaró que respetaba la decisión del parlamento, el presidente sostuvo que la misma "no sintoniza con el pueblo, que se ha manifestado en 80 por ciento a favor de la pena de muerte para los terroristas". La referencia fue a los resultados de encuestas.
"Cuando la clase política no responde a lo que piensa el pueblo, me parece antidemocrático no consultarle (mediante referéndum)", argumentó García, enojado ante la primera iniciativa personal que es rechazada por el Congreso desde que regresó a la presidencia el 28 de julio.
El líder del partido que recoge el legado del APRA (Alianza Popular para la Revolución Americana) y se autodefine como socialdemócrata ya gobernó de 1985 a 1990, para dar paso por las urnas a Fujimori, quien se transformaría en su peor enemigo en los años 90.
Precisamente, la pena de muerte para condenados por terrorismo fue establecida por el llamado Congreso Constituyente Democrático (CCD), que instauró el régimen de Fujimori luego de que éste asestó el golpe de Estado del 5 de abril de 1992.
Sin embargo, Fujimori nunca aplicó la norma, entre otras razones, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó a su gobierno que, como suscriptor de la Convención Americana de Derechos Humanos, no podía instaurar la pena capital.
Ahora, la propuesta de García consistía en incorporar el castigo máximo en el Código Penal para hacer efectiva la ley de Fujimori, quien está próximo a ser extraditado de Chile a su país para enfrentar graves cargos ante la justicia.
El fracaso de García también alcanza al fujimorismo, en esta alianza parlamentaria no declarada expresamente. Tanto García como Fujimori tienen en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, procesos pendientes por actos atentatorios contra los derechos básicos cometidos por sus gobiernos en las décadas del 80 y 90.
Por eso, Juvenal Ordóñez, portavoz de la bancada del Partido Nacionalista que votó en contra del proyecto de pena de muerte, entiende que detrás de esta iniciativa se esconde el deseo de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos con la finalidad de desacatar los próximos fallos de la Corte, que atribuirían responsabilidad a García y a Fujimori.
"Rechazamos el proyecto porque descubrimos que escondía el propósito del gobierno de denunciar la Convención y sustraerse de la Corte Interamericana", explicó el legislador del partido liderado por el nacionalista Ollanta Humala, quien perdió la segunda vuelta presidencial ante García.
"¿Para qué? Para buscar salvar a su aliado Fujimori y para salvarse a sí mismo García, porque ya se vienen las sentencias contra su gobierno por violaciones a los derechos humanos", manifestó Ordóñez a IPS.
Respecto del referéndum, sostuvo que "eso demuestra que el presidente no ha leído la Constitución".
En tanto, la legisladora fujimorista Luisa María Cuculiza indicó que va a apoyar la iniciativa de García de promover un referéndum.
"Estamos de acuerdo, porque el pueblo tendrá la posibilidad de decidir si quiere o no la pena de muerte para los terroristas. Consultar es parte de la democracia. ¿No querían democracia? Pues, allí la tienen", dijo a IPS.
Para el constitucionalista Aníbal Quiroga León, el referéndum propuesto "viola el derecho fundamental a la vida" y, por tanto, más bien sería viable llevar adelante una consulta para una propuesta de abolir la pena capital.
"La hipótesis de aplicar esa pena implica, jurídicamente, restringir un derecho fundamental. Sería inconstitucional y no debería plantearse y el Jurado Nacional de Elecciones no debe admitir el pedido de referéndum. El gobierno debe dar por cerrado el caso", sentenció Quiroga a IPS.
García presentó el proyecto en noviembre pero sus legisladores lo llevaron a debate, sorpresivamente, luego de que la Corte de San José falló que Fujimori y el Estado peruano son responsables de la matanza de 41 acusados de terrorismo presos en el penal limeño de Canto Grande, en mayo de 1992, al mes siguiente del golpe cívico-militar.
La Corte de San José determinó que las víctimas no fallecieron en un combate originado a raíz de un motín organizado por reclusos del insurgente Sendero Luminoso, como informó oficialmente Fujimori, sino que las fuerzas de seguridad asesinaron selectivamente a los presos. Entre los muertos se contaron dirigentes históricos del senderismo.
Ese fallo dispuso también el pago de indemnizaciones a los familiares de las víctimas de la masacre y la realización de un homenaje público por parte del Estado peruano a los caídos.
Esta parte de la sentencia arrancó de García una enérgica protesta y anunció que evaluaría acatar o no el fallo del tribunal continental. Incluso, dirigentes del APRA, como Velásquez y Mauricio Mulder, anunciaron el eventual retiro del Estado peruano de la jurisdicción de la Corte. Mientras, el presidente de la organización no gubernamental Comisión de Derechos Humanos, Miguel Huerta, saludó el rechazo del parlamento a la pena de muerte. "Aprobar esa iniciativa hubiera significado ponernos en una situación controvertida en el plano internacional y, contra lo que dice el APRA, el rechazo al proyecto no es un retroceso en la lucha contra el terrorismo, porque existen leyes muy severas. Hace poco el Poder Judicial condenó a cadena perpetua a la cúpula de Sendero Luminoso", recordó el activista a IPS. Lo que más llamó la atención de las organizaciones defensoras de los derechos humanos es que los argumentos que esgrimió García y su partido coincidieran con los del fujimorismo con el afán de violentar la norma internacional. "El más beneficiado resultaría siendo el propio Fujimori", apuntó Huerta. Pero aún queda otro proyecto de García: la pena de muerte para los violadores sexuales de niños y niñas. A diferencia de la pena capital para los terroristas, esta vez el presidente necesita una reforma constitucional.
Velásquez, después del revés sufrido, considera que será difícil conseguir la aprobación de esta otra iniciativa presidencial. "Creo que antes de someterla a debate debemos buscar el consenso, en caso contrario volveremos a perder en la votación", advirtió.
