La convocatoria a un referéndum para que los ecuatorianos decidan sobre la instalación de una asamblea constituyente luce irreversible por la presión popular y el acuerdo político entre el gobierno de Rafael Correa y el ex presidente Lucio Gutiérrez.
Sin embargo, organizaciones y movimientos sociales y políticos que reclaman una constituyente no confían en el cumplimiento del acuerdo por parte de Gutiérrez (2003-2005) y decidieron mantener protestas sociales ante el Congreso legislativo unicameral para que agilite la convocatoria.
El martes unas 5.000 personas rodearon la sede del Poder Legislativo, el presidente de la Cámara, Jorge Cevallos, concluyó abruptamente la sesión alegando "falta de garantías para sesionar", y los diputados salieron del edificio protegidos por efectivos policiales.
Entonces, algunos manifestantes lograron romper el cerco policial y ocuparon el edificio por algunos minutos hasta que fueron dispersados con gases lacrimógenos.
Si bien el Congreso se aprestaba a tratar la aprobación de la Consulta Popular sobre la Asamblea Constituyente para luego remitirla al Tribunal Supremo Electoral (TSE), que será el encargado de organizar la convocatoria, la protesta expuso la desconfianza de los movimientos sociales hacia el Legislativo.
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Los manifestantes también criticaban a los congresistas por haberse elevado el lunes sus sueldos en un monto equivalente a 1.000 dólares, tres semanas después de haber votado una reducción y asegurado que se iniciaba un periodo legislativo austero.
El dirigente del Movimiento Popular Democrático (MPD), Luis Villacís, dijo a IPS que la movilización "expresa la exigencia popular que quiere la consulta para instalar la asamblea constituyente".
Al MPD están vinculadas varias organizaciones sociales de maestros, estudiantes y pequeños comerciantes que constituyeron la masa más numerosa de la movilización.
El dirigente sindical Mesías Tatamuez, vinculado al Partido Socialista, habló de "movilizaciones progresivas" que se multiplicarán por todo el país.
Tatamuez aseguró que las protestas, además de presionar a los diputados, buscan que "el gobierno se abra a un diálogo" más amplio con los diferentes movimientos y organizaciones sociales del país, cuyos criterios sobre la constituyente no son tomados en cuenta.
El gobierno "está actuando solito" y "si queremos derrotar a la derecha debemos abrirnos al diálogo" y conformar un gran frente de unidad.
"A partir de hoy entramos en un proceso de movilización hasta que el Congreso respete la voluntad de cambio de los ecuatorianos y viabilice la consulta", señaló por su parte César Rodríguez, coordinador en la movilización de los seguidores de Alianza País, el sector del presidente Correa.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que no tomó parte en la protesta del martes, también anuncia movilizaciones y hasta un alzamiento si no se diera paso a la consulta popular sobre la constituyente.
El lunes y el martes, la Confederación de los Pueblos Kichwas del Ecuador (Ecuarunari), la organización más importante y poderosa de las que integran la Conaie, celebró una asamblea extraordinaria para elaborar un cronograma de actividades hacia la constituyente.
"La constituyente es un hecho que no pueden parar unos pocos diputados. Es una exigencia de la población que se va a concretar. Si intentan pararla y se hace necesario un levantamiento indígena, lo haremos", afirmó Humberto Cholango, presidente de Ecuarunari.
La Conaie, Ecuarunari y decenas de otras organizaciones y movimientos sociales conformaron el Frente Nacional por la Asamblea Plurinacional Constituyente que apuesta a participar en forma unitaria en el proceso, explicó Cholango.
"Solo la unidad de las organizaciones sociales del campo y la ciudad va a derrotar a los sectores de poder de la derecha que, como no pueden detener la constituyente, intentarán coparla para imponer sus intereses", aseguró el dirigente.
El presidente de la Conaie, Luis Macas, informó que en las comunidades y organizaciones de base indígenas se está comenzando a discutir aspectos a incluir en las bases de la nueva estructura política, jurídica y económica de Ecuador.
"Es fundamental la discusión de temas que deben estar en la asamblea constituyente y en la nueva constitución, como la defensa de la soberanía, la nacionalización de los recursos naturales, la defensa de la biodiversidad y la revolución agraria", argumentó Macas.
Según encuestas realizadas por varias empresas, entre 80 y 90 por ciento de los ecuatorianos consultados apoyan la instalación de una asamblea constituyente.
La encuestadora Datanálisis, una de las más importantes del país, afirma que 85 por ciento de los entrevistados en sus consultas apoyaron la convocatoria. Mientras la firma Cedatos fija el respaldo en 80 por ciento.
Debido a que la oficialista Alianza País no cuenta con un bloque legislativo propio, Correa depende de los votos de aliados como el Partido Sociedad Patriótica (PSP), de Gutiérrez, para viabilizar reformas como la constituyente.
El intrincado acuerdo político entre Correa y Gutiérrez para habilitar la consulta popular tiene varias etapas que deberían quemarse esta semana.
El gobierno cumplió la primera apoyando ocho días atrás el nombramiento de un representante del PSP como presidente del TSE.
También invistió como presidente del Banco Nacional de Fomento a un allegado del ex mandatario.
Pero el TSE, en lugar de resolver el pedido de referéndum enviado por el presidente Correa, decidió enviarlo al Congreso para que éste determinara si "es constitucional", en espera de que se cumplieran otros puntos del acuerdo.
El TSE debería levantar la prohibición de actividad política que pesa sobre Gutiérrez para que pueda postularse a la constituyente, con el voto de seis de sus siete integrantes, cumpliendo un punto más del acuerdo y allanando el camino para la aprobación legislativa de la consulta.
A renglón seguido, Correa deberá nombrar al contralor general de la Nación de una terna ya enviada desde el Legislativo, e integrada por personas vinculadas a Gutiérrez.
Días atrás, Correa aseguró que elegiría al contralor de esa terna y se manifestó de acuerdo en que Gutiérrez aspirara a integrar la asamblea constituyente porque "hay que derrotarlo en las urnas".
Esas palabras dispersaron dudas sobre el presunto incumplimiento de Correa de un acuerdo que ha sido criticado por algunos sectores que lo apoyan, lo que parece haber cambiado su talante hacia Gutiérrez, al punto de haberlo llamado públicamente "víbora".
Los dos dirigentes intentan sacar partido de la crisis. Gutiérrez se muestra defensor de la constituyente y fiel de la balanza entre el Ejecutivo y el parlamento.
Correa ataca a la institución más desprestigiada del país, el Congreso, por asumir la función de juez de la consulta entre el gobierno y el TSE, y aprovecha para capitalizar las movilizaciones.
Las marchas se iniciaron una semana después de que el TSE dejó la calificación de la consulta en manos del Congreso, aunque el gobierno restó importancia a esa decisión.
"La resolución final será la convocatoria a la consulta popular", afirmó el ministro del Interior, Gustavo Larrea.
"Hemos sido claros (en) que apoyamos la consulta y vamos a votar en el Congreso para que califique la urgencia de la consulta popular", dijo Gilmar Gutiérrez, presidente nacional del PSP, candidato presidencial en las elecciones pasadas y hermano de Lucio.
Los 24 legisladores del PSP, sumados a 11 de las socialdemócratas Izquierda Democrática y Red Ética, seis del indigenista Movimiento Pachakutik, tres del Movimiento Popular Democrático, uno del Partido Socialista, uno del Movimiento Nuevo País, seis del populista Partido Roldosista Ecuatoriano y un independiente conforman una mayoría de 53 votos, en un total de 100, necesaria para aprobar la consulta popular.
