Como nunca antes, el gobierno de México desplegó una ruidosa campaña contra el narcotráfico, que incluye la fuerza militar en seis estados y la extradición a Estados Unidos de jefes de carteles locales. Pero su resultado es relativizado por expertos.
La arremetida, apoyada por gran parte de la población, según indican las encuestas, y aplaudida con entusiasmo por Washington, terminará con la derrota del narcotráfico, proclamó el presidente Felipe Calderón.
Pero tal promesa, hecha también por los gobiernos antecesores, no tiene asidero real ni teórico pese al hecho de que nunca antes se desplegó tanta fuerza contra el narcotráfico como sucede ahora, sostienen los expertos.
El conservador presidente Calderón está obligado a presentar una imagen de fortaleza y legalidad frente a las mafias, por lo tanto no tendría lógica admitir que se trata de una guerra interminable alentada por la demanda, según el politólogo Leonardo Curzio y su colega María Amparo Casar, del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
Estos observadores reconocen que no hay antecedentes de la actual ofensiva y consideran que es posible que puedan atenuar el negocio y peligrosidad de las mafias, que en los últimos años dieron muestra de extrema violencia, con 9.000 asesinatos entre 2000 y 2006.
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Entre diciembre, cuando Calderón asumió el gobierno, y este fin de semana, miles de soldados y policías federales fueron dispuestos para diversos operativos junto a toda clase de vehículos militares tanto por tierra como aire y mar.
"Estamos frente a una batalla larga y difícil que va a costar mucho dinero y también vidas humanas, pero al final nos tenemos que imponer", dijo Calderón en una entrevista publicada este lunes por el diario alemán Spiegel.
La estrategia oficial arrancó en el occidental estado de Michoacán, con el envío de 7.000 soldados.
Siguió con Baja California, en la frontera con Estados Unidos, a donde se trasladaron cerca de 3.000 efectivos, luego el sureño estado de Guerrero, con 6.300, y finalmente se enviaron 9.054 solados y policías en la llamada Sierra Madre, una zona de plantíos de drogas, especialmente marihuana, que incluye los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa.
Para Adalberto Santana, autor del libro "El narcotráfico en América Latina", la militarización en marcha y las extradiciones de los capos de la droga, anunciadas el viernes por la noche, representan un duro golpe al narcotráfico, pero no su derrota.
Lo que sucederá es que las drogas se encarecerán en los mercados y habrá reajustes en los grupos que manejan el negocio, señaló Santana a IPS.
Tras las extradiciones, el gobierno reconoció que podría darse una violenta respuesta de las mafias, pero afirmó que está preparado para enfrentarla.
Santana opinó que la reacción no tendrá la magnitud de la registrada en Colombia a fines de los años 80 y comienzos de los 90, cuando los narcotraficantes respondieron con atentados terroristas a lo que se conoció como "la guerra de los extraditables".
Para este experto, aunque en México las mafias de la droga son poderosas, no tienen las redes de poder político y de apoyo social que llegaron a manejar en Colombia, donde el Estado usó la extradición de los narcotraficantes a Estados Unidos como arma y advertencia.
El nuevo gobierno de Calderón, que no había mencionado la posibilidad de extraditar a los jefes de los narcotraficantes detenidos, adoptó esa medida de forma sorpresiva. Fueron 15 personas las enviadas a Estados Unidos, según lo anunció la Procuraduría (Fiscalía) General.
La oposición de izquierda denunció que esa medida demostró la sumisión de Calderón frente a Estados Unidos, pero las autoridades negaron tal imputación. Fue una "decisión soberana y unilateral del gobierno de México", afirmó el procurador general, Eduardo Medina.
Según explicó este funcionario, los extraditados, todos con procesos pendientes en Estados Unidos, habían sido sentenciados en México y no tenían forma de revertir sus penas. El acuerdo bilateral permite que sentenciados en un país sean enviados al otro para enfrentar un juicio aunque no hayan cumplido su condena original.
Medina indicó que las extradiciones pretenden mandar un mensaje de dureza y romper el liderazgo que varios de los jefes del narcotráfico presos seguían teniendo.
Estados Unidos reconoció a través del secretario de Justicia, Alberto R. González, la "valiente posición del presidente Calderón y su gobierno, en la lucha contra la violencia y corrupción por narcotráfico que afecta a ambas naciones".
Los narcotraficantes mexicanos, que actúan en coordinación con los de Colombia y otros países productores de drogas, son responsables del transporte de la mayoría de cocaína consumida en Estados Unidos, el principal mercado mundial, además de importantes cantidades de heroína, metanfetaminas y marihuana.
Los observadores atribuyen la violencia desplegada en los últimos años en México por el narcotráfico a una guerra interna entre organizaciones por el control de las rutas de acceso a Estados Unidos. Con el gobierno de Calderón ha continuado esa violencia, pero en menor escala.
El enfrentamiento entre narcotraficantes estaría originado en la detención de los principales jefes de las mafias, un logro que se reconoce a la administración de Vicente Fox (2000-2006).