La violencia volvió a estallar en la occidental región sudanesa de Darfur, obligando a una evacuación a gran escala de trabajadores humanitarios, inédita desde que comenzaron las operaciones de asistencia en esta zona devastada por la guerra.
"Durante tres años le rogamos a la comunidad internacional que enviara una fuerza internacional de paz para proteger a civiles inocentes y mantener abiertos los canales de asistencia", recordó con énfasis el fundador de GOAL, John OShea, en una declaración de prensa posterior a la retirada.
"Está claro que la comunidad internacional no considera las vidas de cuatro millones de personas en la región, que necesitan protección desesperadamente", agregó.
Fueron evacuados trabajadores internacionales y sudaneses de fuera de Darfur. "Uno tiene una responsabilidad: si se reclutó a alguien de Sudán, debe devolverlo al lugar al que pertenece", expresó a IPS Mark Blackett, director de la filial sudanesa de GOAL.
[related_articles]
Pero varios de los socorristas locales que quedaron atrás todavía se encuentran en Darfur, haciendo todo lo posible por mantener en funcionamiento las oficinas.
"Suena terrible decir que eso es demasiado peligroso para el personal internacional y pretender dejar sólo a los socorristas locales", dijo Alun McDonald, portavoz de la no gubernamental Oxfam. "Ese no es el caso. Ellos tienen esposas e hijos. No podemos evacuar a la familia extendida de todos".
La mayoría de los sudaneses que se quedaron no quisieron hacer declaraciones sobre su decisión de continuar trabajando luego de que otro equipo fue retirado, citando políticas de organizaciones no gubernamentales que requieren que las preguntas sean dirigidas solamente a portavoces de las agencias.
Funcionarios de asistencia aseguraron que estas políticas son implementadas para impedir ataques contra personal local.
Sin embargo, algunos de ellos dijeron a IPS que continuar con las tareas de asistencia en Darfur fue tanto una responsabilidad hacia su región como una oportunidad para realizar trabajos mejor pagos que los que habrían conseguido de otro modo.
Abdallah, nativo de la ciudad de Nyala, al sur de Darfur, quien pidió ser identificado solamente por su nombre de pila, perdió su trabajo en el Consejo Noruego de Refugiados luego que esa organización no gubernamental fue expulsada de esa parte de la conflictiva región sudanesa.
Esto ocurrió en noviembre, tras una suspensión de dos meses de sus actividades por parte del gobierno sudanés, que acusó a la agencia de difundir información errónea.
"Es un gran problema que haya perdido mi trabajo", explicó Abdallah. "Tengo seis hijos. Precisamente ahora estoy buscando empleo. Me quedo porque este es mi hogar y quiero ayudar a otros habitantes de Darfur".
En Gereida, donde se encuentra el mayor campamento de desplazados de Darfur, personal de Oxfam que todavía trabaja en el lugar distribuye combustible para las bombas de agua, a fin de que el líquido pueda ser extraído de los pozos.
Pero la portavoz de la agencia, Caroline Nursey, dijo a IPS que la operación no puede seguir en funcionamiento durante mucho tiempo sin contar con todo el personal.
Organizaciones de asistencia manifestaron una creciente frustración por el aumento de la violencia en Darfur, lo que pone en peligro la mayor operación humanitaria del mundo, que ahora abarca a unas cuatro millones de personas.
Oxfam detuvo sus operaciones en Gereida a fines de diciembre, luego que cinco de los seis vehículos de la organización fueron robados por hombres armados, que también se llevaron equipos y dinero.
"Desde que estamos en la línea de fuego estamos atrapados en esto", señaló Nursey. "Pero llega un punto en el que tenemos que priorizar la seguridad del personal".
"Pienso que hasta hace poco aquí había respeto por los socorristas, y no se los tomaba por blanco. Pero en los últimos dos meses se produjo un serio deterioro y más violencia", agregó.
Trece trabajadores de asistencia, todos ellos sudaneses, fueron asesinados desde la firma de un acuerdo de paz para Darfur en mayo.
Funcionarios de asistencia dicen que los socorristas sudaneses son más propensos a estar en riesgo, por dos razones. La primera es la naturaleza más peligrosa de los trabajos que realizan, incluyendo los de guardias y conductores. Y la segunda es que simplemente hay más sudaneses que se desempeñan en el área.
"La mayoría de las personas asesinadas lo fueron en secuestros de automóviles", manifestó Nursey.
Casos extremos de inseguridad pueden hacer que se retiren incluso trabajadores locales. Y, en última instancia, si los empleados son internacionales o sudaneses, el efecto de su evacuación es el mismo: "Cuando uno no puede dar asistencia, todos se sienten frustrados, tanto los funcionarios locales como internacionales", comentó Blackett.
La firma del acuerdo de mayo fue inicialmente elogiada como un gran avance con vistas a poner fin al conflicto de Darfur, pero ahora ese documento es considerado ampliamente superfluo, tras la negativa de la mayoría de los rebeldes a apoyarlo.
Solamente una facción del Ejército de Liberación de Sudán, liderada por el comandante Minni Minnawi, firmó el acuerdo.
Otra agrupación del Ejército de Liberación, junto con el rebelde Movimiento de Justicia e Igualdad, dijo que el acuerdo no satisfacía sus demandas básicas de compartir riqueza y poder.
En particular, según los rebeldes, fue insuficiente la oferta del gobierno sudanés de 30 millones de dólares en compensación a unos tres millones de víctimas del prolongado conflicto.
En septiembre, las autoridades lanzaron una ofensiva militar contra rebeldes que se niegan a aceptar el acuerdo en Darfur septentrional, provocando más desplazamientos de civiles.
Algunos observadores denuncian que los ataques aéreos del gobierno devastaron ciertas aldeas y que las milicias árabes conocidas como janjaweed (hombres a caballo, en árabe) continúan matando, violando y saqueando con impunidad.
Hay funcionarios acusados de explotar las tensiones entre nómades árabes y agricultores de otras etnias, que durante mucho tiempo lucharon por la tierra y los recursos hídricos, armando a los janjaweed para realizar una guerra mediante apoderados en nombre del gobierno.
En Darfur, según algunas organizaciones, han muerto unas 400.000 personas desde 2003, cuando rebeldes que buscan mayor autonomía y desarrollo se levantaron contra el gobierno, que respondió con bombardeos y el apoyo a grupos rebeldes afines. Desde entonces, millones de campesinos y aldeanos han debido abandonar el lugar.
En agosto, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una propuesta para enviar más de 20.000 pacificadores a la región, para apoyar a fuerzas de la Unión Africana que ya están en el lugar. La misión de la Unión Africana estuvo plagada de problemas financieros y un débil mandato que los críticos denuncian no le permitió proteger a los civiles.
Sudán inicialmente rechazó el ingreso de los cascos azules, acusando a la ONU de intentar recolonizar el país.
El mes pasado, el presidente Omar el-Bashir pareció apoyar un enfoque en tres fases para que una fuerza combinada de la ONU y la Unión Africana comenzara sus operaciones. Pero informes indican que posteriormente dijo que esta fuerza expandida solamente incluiría efectivos africanos, que trabajarían con apoyo técnico del foro mundial.
La ONU advierte que el conflicto en Darfur, que se expandió al vecino Chad y la República Centroafricana, amenaza con abarcar a toda la región, poniendo en riesgo a unos seis millones de personas.
Se calcula que más de 200.000 fueron asesinados y alrededor de dos millones desplazados desde que comenzó la violencia en Darfur.
