El gobierno, empresarios y agricultores mexicanos suscribieron este jueves un acuerdo para intentar frenar el alza abrupta del precio de la tortilla de maíz, tradicional alimento que aporta casi la mitad de las calorías consumidas por los más pobres en este país.
El kilogramo de tortilla, sobre cuyo precio el Estado no ejerce control desde 1999, alcanzó un valor record de 1,3 dólares. Tal incremento estuvo empujado por el encarecimiento del maíz en los mercados internacionales, cuya tonelada escaló de 73 dólares en 2005 a 150 dólares el viernes pasado.
Tras soportar protestas, amenazas de marchas y pedidos de renuncia de funcionarios de parte de organizaciones sociales y de la oposición de izquierda, el gobierno del conservador Felipe Calderón decidió intervenir con el argumento de que gran parte del encarecimiento de la tortilla se origina en la especulación y el acaparamiento.
"El gobierno no tenía otra alternativa, pues la tortilla es un alimento básico y su precio elevado impacta sobre todo a los más pobres", dijo a IPS Germán López, consultor en mercados agrícolas.
La tortilla es consumida por 97 por ciento de los 103 millones de mexicanos y según diversos estudios ocupa gran proporción del gasto de las familias más pobres.
Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, realizada por el oficial Instituto Nacional de Estadística e Informática, las familias de menores ingresos destinan 35 por ciento de sus ingresos al consumo de alimentos, mientras que los más ricos dirigen sólo 10,5 por ciento.
Con carne, vegetales o cualquier aderezo, la tortilla de maíz adquiere en México la categoría de "taco", un tipo de alimento heredado de las culturas prehispánicas.
Se calcula que la población promedio consume 250 gramos de maíz por día. En los grupos sociales más pobres, entre ellos los indígenas, se eleva a 400 o más por persona.
La tortilla proporciona a los niños indígenas 80 por ciento de la energía que despliegan por día y para la población más pobre representa casi la mitad del aporte de sus calorías para ese mismo lapso, indican estudios del estatal Instituto Nacional de Nutrición.
Calderón y asociaciones de distribuidores, productores y grupos que representan a pequeños agricultores anunciaron este jueves la firma del llamado "Acuerdo para Estabilizar el Precio de la Tortilla" a 0,7 dólares el kilogramo, pacto que se mantendrá hasta fines de abril, cuando saldrá al mercado la cosecha local de maíz de la temporada.
El aumento de los precios de esta gramínea a nivel internacional no justifica que el de la tortilla se dispare a los niveles registrados, dijo Calderón, quien profesa la idea de que el Estado debe intervenir lo mínimo ante las fuerzas del mercado.
Para asegurar la viabilidad del plan contra el encarecimiento de la tortilla, el gobierno anunció de forma previa que permitirá mayor importación del grano desde Estados Unidos y otros mercados para que suba la disponibilidad y así bajen los precios. Además, desplegará controles para evitar la especulación.
"Calderón sigue jugando con el mercado y no se ha puesto a subsidiar o a definir precios, estrategia que se aplicó hasta los años 90 en México sin que eso haya mejorado la situación social o aumentado la productividad del campo", expresó López, quien asesora a firmas agroindustriales. Los analistas indican que los precios subieron por el creciente uso que se está dando al maíz en la producción de etanol y el biodiesel en el mundo. Tal hecho incrementó la demanda sin que la oferta se haya elevado. Aunque en México se domesticó el maíz hace unos 8.000 años y esa gramínea continúa siendo la base de la dieta local, tanto como lo fue para los antiguos olmecas, aztecas y mayas, este país no es autosuficiente en su producción y debe importar cada el grano, especialmente desde Estados Unidos. México compra anualmente seis millones de toneladas de maíz amarillo a su vecino del norte, lo que se agrega a la producción local de 20 millones, destinado sobre todo al alimento de aves y cerdos.
En maíz blanco, que es el que se usa en la fabricación de las tortillas, es el principal productor en el mundo, pero también debe importar para satisfacer la demanda interna aunque en pocas cantidades.
En 2008, cumpliendo con los calendarios de la apertura de mercados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al que pertenecen Canadá, Estados Unidos y México, este último país deberá abrirse a la importación libre del maíz blanco estadounidense. El amarillo ya se adquiere con bajos aranceles.
Por ahora, las anunciadas compras del blanco dirigidas a bajar los precios de las tortillas, no generaron resistencia en los productores mexicanos.
Sin embargo, las organizaciones que los representan han advertido que se oponen a la libre importación pautada por el TLCAN, pues según su punto de vista eso significará la ruina para los pequeños productores locales.
El rendimiento del maíz en México es de apenas de 2,3 toneladas por hectárea, contra 7,2 toneladas en Estados Unidos, donde la gramínea se cultiva en gran extensiones, con fuertes subsidios y en variedades transgénicas, lo que está prohibido en su vecino del sur.
Tras el encarecimiento de las tortillas, empresarios que impulsan la biotecnología pidieron al gobierno desmontar los impedimentos legales a la siembra de maíz genéticamente modificada en México, con el argumento de que sólo así aumentará la productividad.
Los ambientalistas pusieron el grito en cielo por tal sugerencia y afirmaron que la prohibición debe mantenerse, pues desde su punto de vista las variedades transgénicas impactarían la gran biodiversidad del país y someterían a los agricultores a un tipo de "esclavismo" frente a las transnacionales que son dueñas de esas tecnologías.
Poco más de 3,1 millones de campesino mexicanos se dedican a la siembra del maíz en México y las personas vinculadas con su producción superan las 12,5 millones.
Según la Confederación Nacional Campesina, debido al TLCAN, en vigencia desde 1994, unos dos millones de empleos se perdieron en el agro local.
En contra de ese análisis, un extenso estudio de Braulio Serna, jefe de la unidad de Desarrollo Agrícola de la oficina de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en México, indica que no hay "ningún" impacto cuantitativo importante sobre el sector rural mexicano de parte del TLCAN.
Los problemas del campo se originan en crisis económicas globales y nacionales, factores climáticos, baja capacitación, políticas públicas inconsistentes y la depresión de los precios internacionales de varios productos agrícolas, entre otros elementos, sostiene Serna en su estudio, difundido a fines de 2005. ***** + Gobierno de México (http://www.presidencia.gob.mx)
