El fiscal general de Venezuela, Isaías Rodríguez, desistió de acusar a las figuras públicas que imputaba como autores intelectuales del asesinato de su subalterno, Danilo Anderson, el caso más sonado en el país esta década.
"No hay suficientes elementos de convicción para acusar" al banquero Nelson Mezerhane, al general retirado Eugenio Añez, al hacendado Fernando Moreno y a Salvador Romaní, hijo de un cubano anticastrista del mismo nombre, explicó el fiscal, por lo cual pidió al tribunal de la causa sobreseer sus casos o archivarlos.
Igual medida podría aplicarse a la periodista Patricia Poleo, directora del diario caraqueño El Nuevo País, si regresa desde Estados Unidos donde vive y se pone a derecho, pues en Venezuela no existen los juicios en ausencia, dijo.
El funcionario deploró que el gobierno colombiano no haya permitido viajar a Venezuela a declarar a García, ex director de informática del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quien purga una condena de 18 años de cárcel por "limpiar" los archivos de esa policía política de datos sobre narcotraficantes y paramilitares.
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García tendría en una computadora "que es una verdadera caja de Pandora", según Rodríguez, información acerca de un supuesto complot urdido por elementos de ambos países para provocar un caos en Venezuela y quizás asesinar al presidente de este país, Hugo Chávez, del que la muerte de Anderson sería apenas un capítulo.
Por ello, Rodríguez dejó por ahora el asesinato de Anderson sin presuntos autores intelectuales, tras declararse "entre la espada y la pared" por los lapsos procesales.
La norma que le fijó plazos y prórrogas limitadas fue considerada "inconstitucional" por el fiscal general y dijo que se apartaría de ella, lo que criticó de inmediato el jurista Marino Alvarado, de la organización no gubernamental humanitaria Provea.
"Es grave que nada menos que un fiscal general anuncie que, como tiene una interpretación distinta de una norma, entonces se propone no cumplirla o que confrontará la ley si no lo autoriza a hacer lo que considera conveniente", dijo Alvarado a IPS.
Rodríguez confió en que a futuro pueda reabrir el caso si puede obtener testimonios de García, a quien calificó de "testigo estrella del tribunal Supremo de Colombia", que con base en declaraciones de ex jefes del DAS investiga nexos entre paramilitares de derecha y políticos oficialistas.
En Venezuela, el caso Anderson ha sido durante dos años un factor de crispación política en el marco de la confrontación e intensa desconfianza entre gobierno y oposición. El oficialismo ha acusado a un sector opositor de ser conspirador y golpista.
La decisión del fiscal calza en los nuevos rieles en que se colocó ese enfrentamiento tras el 3 de este mes, cuando fue reelecto Chávez con 63 por ciento de votos, resultado que reconoció el abanderado de la oposición, Manuel Rosales.
Anderson, el fiscal que investigaba a empresarios, políticos y otras figuras opositoras por la participación en el golpe de Estado contra Chávez de abril de 2002, murió el 18 de noviembre de 2004 en una calle de Caracas, al explotar bajo su auto una potente bomba.
Sepultado con honores de héroe, Anderson fue rápidamente convertido en ícono y "víctima de la derecha golpista" por los seguidores de Chávez, Todavía afiches y murales con su nombre y rostro adornan calles en barriadas populares.
Poco después, un amigo de la infancia de Anderson entregó otra versión sobre su asesinato. Aseguró que junto al fiscal asesinado operaba una red que extorsionaba a los investigados por el complot de 2002, sobre todo a banqueros, para salvarlos de ser imputados a cambio de sumas millonarias.
En enero de 2005, el ministro de Interior, Jesse Chacón, dijo que "la investigación ha revelado que existían dos grupos de abogados. Uno que servía de enlace entre las personas con dinero (que podían ser imputadas) y otro vinculado con Anderson, el cual supuestamente pedía dinero a los potentados a cambio de que no fueran perseguidos". Algunos de los supuestos involucrados en el atentado contra Anderson murieron en enfrentamientos a balazos con la policía. Fueron detenidos como ejecutores materiales los ex agentes Juan, Rolando y Otoniel Guevara, emparentados entre sí. La fiscalía reunió 147 elementos de convicción en sus casos y a fines de 2005 se les condenó a largas penas de prisión.
Uno de los testimonios contra los Guevara fue el de Giovanny Vásquez, un falso psiquiatra colombiano presentado como primer "testigo estrella" por Rodríguez, y quien también acusó a Mezerhane, Añez, Poleo, Romaní, Moreno y algunos otras personas que identificó vagamente.
Presentándose como doble agente del DAS y de paramilitares de derecha, entre ellos el jefe de las autodefensas colombianas en el norte del vecino país, "Jorge 40", Vásquez dijo participar en reuniones en Panamá y Maracaibo (Venezuela) con personalidades que fraguaban un complot y planificaron el asesinato de Anderson.
Públicamente, Rodríguez dijo "haber leído la sinceridad en los ojos" de Vásquez, creyendo "un 85 por ciento" de lo que el colombiano le dijo, y preparó el arresto de los supuestos autores intelectuales. Todos, con excepción de Poleo, pasaron varias semanas en la cárcel, como medida cautelar, a fines de 2005.
El Estado venezolano desistió de acusar a Vásquez y adoptó medidas para su protección como testigo, mientras investigaciones de la prensa y la televisión mostraban que no era psiquiatra sino un impostor que estaba preso en las fechas de las supuestas reuniones en Panamá o Maracaibo.
En agosto, el fiscal Rodríguez finalmente admitió: "Vásquez me engañó". "Me equivoco, no soy infalible", dijo a los reporteros, pero mantuvo las imputaciones contra las figuras públicas —opositores a Chávez en distintos escenarios— como presuntos autores intelectuales, y pidió al tribunal la prórroga, que venció este jueves, para presentar sus conclusiones.
"Presumimos que en algún momento tendremos, desde Colombia y no desde Venezuela, la información para reabrir el caso", puntualizó Rodríguez tras largas explicaciones jurídicas acerca de las complejidades del caso y de la labor de la Fiscalía.
El asesinato de Anderson, por ahora, queda sin autores intelectuales y se aleja la posibilidad de saber quién dispuso su muerte y porqué.
