La desmoralización de los parlamentarios de Brasil, que se concedieron un aumento de 90,7 por ciento de sus salarios, hizo resurgir la democracia participativa en una movilización social que evitó que el privilegio se materializara.
El episodio tuvo "ese lado positivo, de destacar la necesidad de que la sociedad esté atenta al proceso", dijo a IPS Dulce Pandolfi, directora del no gubernamental Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (Ibase), volcado a la promoción de políticas públicas y profundización de la democracia.
El aumento de la remuneración parlamentaria a 24.500 reales (11.400 dólares) para igualarla a la de los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF), fue adoptado el jueves 14 por las mesas directivas de la Cámara de Diputados y del Senado en reunión con líderes partidarios.
La decisión provocó una oleada de protestas en varias capitales, con manifestaciones callejeras promovidas por sindicatos, partidos, estudiantes y otros grupos, varias declaraciones de dirigentes de los colegios de abogados, de la Iglesia Católica y de algunos parlamentarios aislados.
El STF anuló la medida en fallo preliminar el martes, en respuesta al pedido de tres diputados de distintos partidos. La decisión de una veintena de parlamentarios "no puede sobreponerse a la voluntad de 180 millones de brasileños", arguyó Fernando Gabeira, del Partido Verde, uno de los legisladores que cuestionaron el aumento.
Los parlamentarios brasileños tendrían la mayor remuneración mundial, superior incluso a las de sus pares de Estados Unidos, destacaron muchos críticos en comparaciones harto difundidas por la prensa.
Con otras asistencias para pasajes aéreos y funcionamiento de sus oficinas, con funcionarios propios, un diputado brasileño cuesta al Estado más de 100.000 reales al mes (46.500 dólares).
Un aumento la dieta parlamentaria sólo es válido por un decreto legislativo aprobado en votaciones plenarias de la Cámara de Diputados y del Senado. Es por tanto inconstitucional el adoptado mediante acto conjunto de las mesas directivas, sentenciaron por unanimidad los magistrados de la suprema corte.
"Fue un fallo político", reaccionaron algunos parlamentarios, destacando la inusual rapidez con que los jueces se reunieron para dictaminar sobre la cuestión. Varios líderes parlamentarios amenazaron con vengarse, rechazando a su vez aumentos de salarios del Poder Judicial, congelándolos por cuatro años.
El Poder Legislativo es el único que puede decidir sus propios sueldos. Pero la Constitución fijó un máximo para todo el Estado, que es la remuneración de los magistrados del STF y que actualmente casi duplica la percibida por los parlamentarios.
La decisión del STF y la presión popular obligaron a los dirigentes del Poder Legislativo a poner a votación plenaria una propuesta más modesta de incremento.
La tendencia es que los legisladores renuncien a la máxima remuneración estatal, proponiendo en cambio un ajuste por la inflación acumulada desde 2003, año del último aumento. Eso significaría un alza de 28,4 por ciento y una suma mensual de 16.500 reales (7.670 dólares), equivalentes a 47 salarios mínimos nacionales.
El intento de percibir un ingreso 90,7 por ciento superior, en momentos en que se lucha por lograr una suba de 7,14 por ciento del salario mínimo con el que sobreviven millones de familias pobres, agrava el ya notorio deterioro de la imagen del Poder Legislativo, una de las instituciones más desacreditadas de Brasil, según todas encuestas de los últimos años.
Así culmina una legislatura harta de escándalos de corrupción que involucraron a más de un cuarto de los 594 parlamentarios nacionales, especialmente los diputados.
En junio del año pasado se destapó, por denuncias del entonces diputado laborista Roberto Jefferson, un sistema de sobornos a decenas de parlamentarios para que apoyasen al oficialismo.
Luego, en septiembre, renunció el entonces presidente de la cámara baja, Severino Cavalcanti, una vez comprobada la extorsión que practicaba contra un empresario para permitirle mantener un restaurante en la sed del Congreso Nacional.
Este año estalló el "escándalo de las sanguijuelas", en el que casi un centenar de diputados fueron denunciado por un empresario como beneficiarios de una red de corrupción, que involucraba alcaldías y empresas en compras de ambulancias para distribuir en municipios, con dineros públicos y precios inflados.
En todos estos hechos que dañaron la credibilidad del parlamento y del Poder Ejecutivo —por la participación de varios funcionarios—, las manifestaciones populares ejercieron presión sobre las comisiones parlamentarias de investigación creadas para investigar el escándalo para evitar la impunidad. Pero no tuvieron éxito.
Ahora, en cambio, los actos populares contra el aumento de la dieta parlamentaria, que incluyeron a una mujer atacando a cuchillazos al diputado Antonio Carlos Magalhaes Neto, lograron por lo menos apurar el fallo de los magistrados.
La degradación de la actividad parlamentaria "activó la movilización de la sociedad", lo que es positivo, pero crea "una situación delicada", porque la profundización de la democracia exige también mejorar las instituciones, evaluó la directora de Ibase.
"Debemos aprovechar esos momentos de crisis para impulsar la democracia participativa", superando la representación burocrática que a veces se practica en favor de intereses privados, concluyó.
