Con un pesebre y un gran árbol de Navidad sobre la ruta hacia el puente binacional, vecinos de la ciudad argentina de Gualeguaychú se proponen mantener bloqueado el paso a Uruguay hasta que desaparezca la planta de celulosa que se construye del otro lado del río limítrofe.
"No nos gusta, pero es nuestra única salida", argumenta uno de los activistas de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú cuando le corta el tránsito a una familia argentina que regresa desde Uruguay.
"No hay otra forma de imponer nuestra voluntad. Si nos bajamos de la ruta, para Uruguay se terminó el conflicto", dice otro asambleísta ubicado en el campamento improvisado en el paraje Arroyo Verde. "Esto se levanta cuando la planta se vaya", sentencia, en referencia a la fábrica de pasta para elaborar papel que erige la firma finlandesa Botnia.
Residentes de esta ciudad, ubicada al este de la nororiental provincia de Entre Ríos y a unos 270 kilómetros al norte de Buenos Aires, mantienen desde hace 25 días cortado el tránsito de vehículos en el kilómetro 28 de la ruta 136, la única vía de acceso al puente que cruza el río Uruguay hasta las proximidades de la ciudad de Fray Bentos, en el vecino país.
Sólo se permite el paso de los automóviles y camiones procedentes de establecimientos rurales próximos al bloqueo.
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También dejan cruzar a muchos uruguayos que acostumbran hacer compras del lado argentino, pero sólo caminando. Se los ve estacionar su vehículo junto al corte, cruzar a pie y subirse a otro de alquiler. Más tarde volverán con bolsas cargadas y bidones repletos de combustible, en general más baratos que en su país por la diferencia cambiaria.
"¿Ve que no somos tan malos como dicen? Pasan todo el tiempo caminando entre nosotros con sus bolsas sin que nadie les diga nada ni les raye el automóvil", comenta a IPS Miguel Leme en tono de reproche por críticas recibidas en ese sentido.
Leme afirma que no es cierto que haya reacciones xenófobas, como indican observadores de uno y otro país, aunque sí admite que están enojados con los uruguayos y que algunos lo están más que otros.
"Imagínese, acá todos tenemos parientes allá", agrega otro interlocutor de IPS señalando hacia Uruguay, cuya costa del río que da nombre al país se observa a lo lejos.
"Mis abuelos vinieron de Europa a Uruguay, mi madre se instaló luego en Gualeguaychú y ahí nacimos nosotros", cuenta Hugo Franco. Enseguida todos quieren contar el caso de un primo suyo, el de un hermano o de un abuelo residente o procedente del otro lado del río.
La causa del desencuentro es la construcción cerca de Fray Bentos, la capital del occidental departamento uruguayo de Río Negro, de una fábrica que producirá un millón de toneladas anuales de pasta de celulosa, que incluye una chimenea de 120 metros de alto y un puerto. Gualeguaychú se encuentra a poco más de 20 kilómetros de la obra.
Del lado argentino temen que se contamine el agua y el aire como resultado del proceso de obtención de celulosa a partir de la madera, para lo cual se usarán grandes cantidades de agua y dióxido de cloro, un producto que genera dioxinas y furanos, muy tóxicos, persistentes y con capacidad de acumularse en organismos animales.
Soda cáustica, oxígeno o peróxido de oxígeno e hipoclorito de sodio son otros compuestos que pueden intervenir en la obtención de la pasta para elaborar papel, y que tampoco son precisamente inocuos.
Botnia afirma que usará la tecnología más avanzada en la materia para reducir los riesgos de daño ambiental, pero Argentina exige estudios independientes e insiste en que no ha recibido toda la información necesaria de Uruguay.
El gobierno argentino de Néstor Kirchner se presentó este año ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, como reclamaba la Asamblea, acusando a Montevideo de violar el Estatuto del Río Uruguay, firmado por ambos países en 1975 y que establece la aprobación conjunta de cualquier inversión que se haga a orillas de este curso fluvial compartido.
Uruguay se defendió, sosteniendo que Buenos Aires había aceptado la instalación de la fábrica. La sentencia, en tanto, se estima que tardará dos o tres años, y la empresa promete comenzar a producir en el segundo semestre de 2007.
"Algunas veces creo que se va a inaugurar la planta y nosotros seguiremos acá", confiesa un vecino escéptico.
Al comenzar la sesión de la Asamblea Ambiental sobre la ruta el viernes ya es de noche y sólo hay poco más de un centenar de asistentes. "Algunas veces somos miles, pero hoy somos pocos, (ya que) a la gente le cuesta llegar", se justifica ante IPS una vecina sentada en su silla de playa. El corte está a 28 kilómetros de la ciudad.
La primera propuesta es la de organizar una colonia de verano en Arroyo Verde para entretener a hijos de vecinos que participen en el bloqueo en enero y febrero. Algunas mujeres creen que no es buena idea debido al fuerte sol del verano y la falta de árboles, y los hombres piensan que no será posible financiar el transporte.
Otra moción es para autorizar al obispo de Gualeguaychú, Jorge Lozano, a pasar por la ruta. Es aprobada. También hay un pedido de materiales para una biblioteca en el corte. Otro sugiere organizar la cena navideña allí, y se analizan pedidos de permiso de tránsito de personas con problemas de salud, que casi siempre llegan del lado uruguayo.
Sólo entonces surgen ideas en torno a la medida de fuerza. Andrés Rivas sugiere que el corte de ruta sea una moneda de cambio para que se desmantele la planta de celulosa. Todos votan y aplauden. Jorge Fritzler propone instalar una sirena que suene toda la noche frente al río y moleste a la planta.
Nadie habla de la gestión de España para tratar de hallar una solución al conflicto, ni de los problemas que provoca el bloqueo de ruta, en particular en la temporada de verano austral, que comienza, cuando decenas de miles de argentinos viajan a Uruguay a pasar sus vacaciones, muchos de ellos utilizando este y los otros dos únicos puentes binacionales existentes.
Tampoco de la amenaza de Uruguay de no concurrir a la cumbre de enero del Mercosur (Mercado Común del Sur), que integran ambos países junto a Brasil, Paraguay y Venezuela, por sentirse perjudicado con los cortes que entiende violan acuerdos del bloque. A esa misma hora en Brasilia, el tema provocaba una dura discusión en el Consejo del Mercado Común.
Entre los vecinos hay una sola certeza y es la de seguir con la protesta hasta que la planta se desactive. Cuando se les consulta si pensaron en otras vías para alcanzar ese objetivo, Martín Alazard, uno de los asambleístas, replica que sí: "cortar también los otros dos puentes", ubicados más al norte.
La Asamblea nació en 2002 por la preocupación ante el proyecto de instalación en Fray Bentos en ese entonces de dos fábricas de celulosa. La otra, a cargo de la española ENCE, finalmente se construirá posiblemente en el sudoccidental departamento de Colonia, sobre el Río de la Plata.
Desde entonces fue sumando apoyo de ambientalistas y activistas de otras provincias argentinas que rechazan inversiones de industrias consideradas contaminantes. En la medida en que fracasaron las soluciones políticas, su forma de protesta se radicalizó.
Gustavo Rivollier, moderador en la reunión de Arroyo Verde, explica a IPS que la Asamblea se financia con donaciones de empresas, comercios y ciudadanos de Gualeguaychú, así como de la venta de remeras, gorros y pins con la leyenda "No a las papeleras".
Pero también hay otros aportes y hasta subsidios estatales. A comienzos de año, dos organizaciones no gubernamentales estadounidenses, a las que Rivollier no pudo identificar, cedieron algunos fondos. Lo mismo hizo el gobierno de Entre Ríos, que dice estar contra los bloqueos, con un subsidio de 20.000 pesos (6.500 dólares) para movilidad.
"No fue para el corte sino para los ómnibus que nos llevaron esta semana a una marcha a Plaza de Mayo, en Buenos Aires", realizada el martes, señaló Rivollier, quien admite, no obstante, que la Asamblea "tiene muchas contradicciones". "La gente critica al gobierno, pero acepta el subsidio", acotó.
Las organizaciones ambientalistas nacionales apoyan sus reclamos, pero se distancian de la práctica de bloquear rutas. "Es obvio que el vecino afectado tiene derecho de decir 'no' a una planta, pero nosotros tenemos que dar una visión más amplia del problema", dice a IPS Juan Carlos Villalonga, director de Greenpeace.
El papel es necesario, pero hay que lograr una forma de producción más limpia, en menor escala, y situarla donde no haya tanto impacto, precisó.
"Para nosotros, la acción directa implica trabar el ingreso de materiales a Botnia, pero no frenar el paso por una ruta", cuestionó. De todos modos, recordó que los vecinos sólo son tenidos en cuenta si cortan. "Hubo informes, reuniones y movilizaciones con decenas de miles de personas, pero nada mueve la aguja como el corte de ruta", arguyó.
Respecto del Centro de Derechos Humanos y Ambiente, la organización que brindó abogados al gobierno de Entre Ríos y a la Asamblea para defender su reclamo, su papel se desdibujó una vez que su directora, Romina Picolotti, fue designada secretaria nacional de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
El esposo de Picolotti, Jorge Taillant, quedó al frente del Centro y mantiene contactos con la Asamblea, pero debido al salto de su directora al gobierno perdió credibilidad. "La gestión de ellos fue importante para intentar frenar (sin éxito) los créditos (del Banco Mundial) para Botnia, pero ahora no tenemos mucho contacto", explicó Rivollier.
El gobierno de Kirchner no apoya directamente a la Asamblea, pero tampoco hace nada para impedir los bloqueos de ruta.
Otras voces ambientalistas, que prefieren el anonimato, señalan que Kirchner se equivoca al asumir como propio el discurso de los vecinos de Gualeguaychú, porque así elude su responsabilidad de dialogar y hallar una solución política al problema.
"El gobierno nunca abrió el debate a otro sector que no sea el de los vecinos, que es el más radical, y por eso pierde en el reclamo. Además, no mide con la misma vara a otras inversiones contaminantes que llegan a Argentina", acotó una fuente ambientalista.
Lo cierto es que en el corte de ruta, donde se concentran los vecinos más decididos, la voluntad de permanecer es sólida, mientras la construcción de la planta no se detiene y el gobierno uruguayo de Tabaré Vázquez reitera que nada hará para que se traslade.
