Políticas de corte neoliberal implementadas desde comienzo de los años 90 han puesto al otrora pujante sector agropecuario salvadoreño en estado de coma, y el tratado de libre comercio con Estados Unidos, en vigor a partir de marzo, puede darle el tiro de gracia.
Esa visión pesimista es compartida por expertos y protagonistas del sector, como el gerente de la Federación Salvadoreña de Cooperativas de la Reforma Agraria (Fesacora), Mateo Rendón, quien atribuye la merma de la actividad en el campo en los últimos 15 años a "la privatización de la banca, la apertura de la economía y a políticas contrarias" a la producción nacional.
"Antes teníamos una producción rentable y generaba empleos", rememoró.
Rendón añadió que, aunado a esto, la dolarización de la economía en 2001 y la aplicación del tratado de libre comercio suscripto por República Dominicana y cinco países de América Central, entre ellos El Salvador, con Estados Unidos (DR-Cafta, por sus siglas en inglés), pone al sector al borde del colapso. Sólo se beneficia un grupo reducido.
Antes de la guerra civil (1980-1992), El Salvador contaba con un sector agroexportador que generaba jugosos ingresos para la economía y empleaba a cientos de miles de trabajadores en el campo.
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El conflicto armado salvadoreño, que finalizó con la firma de la paz entre el gobierno de la época y el rebelde Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), dejó 75.000 personas muertas, en su mayoría campesinos, 7.000 desaparecidas y pérdidas económicas por 1.500 millones de dólares. Una de las víctimas fue el arzobispo católico de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, asesinado por un francotirador ultraderechista el 24 de marzo de 1980.
Durante el gobierno democrático del ya fallecido Napoleón Duarte (1984-1989), en plena guerra interna, se impulsó el proceso de reforma agraria, con el que se distribuyó tierra para labores a campesinos sumidos en la pobreza.
La estrategia también incluyó la nacionalización de la banca y del comercio exterior, una política de ese gobierno demócrata cristiano que, según analistas, intentaba restarle base social al entonces insurgente FMLN, hoy insertado en la vida institucional como partido político.
Con el arribo al gobierno en 1989 de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), de la mano del presidente Alfredo Cristiani, se revirtieron casi todas esas medidas. Así, a partir de entonces se privatizó la banca y el comercio exterior y comenzó un proceso de liberalización de la economía, privilegiando el sector financiero y de servicios.
Esa estrategia posibilitó en ese lapso, según Rendón, "un proceso de desmontaje del sector agropecuario", que sólo beneficia a unos pocos y excluye a miles de productores.
El dirigente cooperativista explicó que la venta de los bancos estatales encareció los préstamos para la agricultura, alcanzando tasas hasta de 25 por ciento, además de que muchos sectores pequeños se vieron imposibilitados de acceder a ese financiamiento "porque los consideraban no rentables". El grueso del crédito se concentró en actividades de comercio y de servicios.
Con la dolarización, añadió, los precios de los insumos agrícolas se dispararon. Por ejemplo, un saco de sulfato de amonio (fertilizante) de 46 kilogramos pasó de costar 11 dólares en 2001 a 24 dólares en la actualidad. Mientras, el precio del maíz quedó congelado en nueve dólares.
Esta situación se dio en simultáneo con la avalancha de productos importados, muchas veces a precios más bajos debido a los subsidiados que reciben los productores de parte de los gobiernos en los países de procedencia, como Estados Unidos o la propia Unión Europea.
En un diagnóstico sobre la agricultura elaborado por la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria (Confras) se estimaba que este sector captaba 22 por ciento del crédito total del país entre 1980 y 1989, para bajar a 15,5 por ciento en 1990 y ya este año reducirse a sólo cuatro por ciento.
Según sus propios registros, Fesacora contaba en 1980 con 150.000 hectáreas y aglutinaba a unas 23.700 familias cooperativistas, participaba con cerca de 30 por ciento en la producción nacional de café, caña de azúcar, ganadería y granos básicos. En cambio hoy las cooperativas agrarias no sobrepasan 12 por ciento de la actividad agrícola.
De las 189 cooperativas fundadoras de Fesacora, 60 por ciento se ha parcelado y ha vendido sus tierras, lo cual les ha traído desempleo, pobreza y delincuencia. "Eso se constata en un viaje al campo. Lo que han hecho es destruir el aparato productivo para beneficiar a cinco o seis grandes importadores", aseveró Rendón.
Al respecto citó su caso. "Yo trabajaba la ganadería, años atrás tenía 25 vacas, hoy sólo tengo 10, antes cultivaba tres hectáreas y hoy apenas una". Con este panorama creado, "mucha gente en las cooperativas están vendiendo la tierra para enviar a sus hijos al norte (Estados Unidos)", relato.
Cifras del Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador indican que el aporte del sector agropecuario a la economía nacional en 1990 fue de 17 por ciento, pero en 2005 cayó a menos de 12 por ciento.
Para William Pleitez, economista salvadoreño del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuando se impulsó este modelo en 1989 se argumentó que traería "tasas de crecimiento altas y sostenidas a partir de una ampliación y diversificación de las exportaciones".
"La idea era transformar la economía agroexportadora en una economía muchísimo más diversificada", dijo a IPS.
Entre otros aspectos, "las reformas ejecutadas, como la agresiva apertura comercial, combinado con una apreciación del tipo de cambio del colón (entonces la moneda nacional)" provocó el aumento del endeudamiento del país, ya que las tasas de interés en el mercado internacional eran inferiores a las domésticas.
Estos flujos empujaron a una inflación interna alta. Los productos salvadoreños se encarecieron en comparación con los importados, produciendo una distorsión del mercado local.
"Esto ha dado lugar a que en vez de exportar productos, lo que se ha generado es una exportación directa de mano de obra: emigración", manifestó el funcionario del PNUD. "La agricultura ha sido un sector perdedor en este modelo, pues los resultados han sido en muchos casos inversos a lo que originalmente se había previsto", agregó.
Informes de esta agencia de la Organización de las Naciones Unidas indican que 81 de cada 100 dólares que ingresaban al país en 1978 correspondían a las agroexportaciones tradicionales, apenas ocho eran remesas de dinero de emigrantes y el resto eran de lo producido en las maquilas (zona franca industrial) y de ventas no tradicionales.
La estructura de las divisas ingresadas a El Salvador cambió radicalmente al ser las remesas responsables por 71 por ciento de ellas, las agroexportaciones tradicionales sólo trajeron seis por ciento, la maquila 10 por ciento y las ventas no tradicionales, entre ellas, los llamados productos étnico-nostálgicos sumaron el equivalente a 13 por ciento.
Con la implementación del Cafta, analizó Pleitez, se tendrán efectos diversos, "En el caso de los granos básicos y de los rubros tradicionales, es muy posible que salgan perjudicados, como ocurrió en México" con un tratado similar, debido a los subsidios que entrega Estados Unidos a sus productores y que en El Salvador no existen políticas compensatorias.
La emigración, principalmente hacia Estados Unidos ha sido estimulada por la falta de oportunidades y bajos salarios. Organizaciones que trabajan con emigrantes estiman que no menos de 700 salvadoreños, de una población de cerca de siete millones, emigran diariamente.
La investigación anual de desarrollo del PNUD de 2005 informó que las remesas, que en 1981 no alcanzaban a representar dos por ciento del producto interno bruto (PIB), en 2005 ascendieron a casi 17 por ciento, al totalizar 2.800 millones de dólares. El BCR estima que este año se rubro llegue a superar los 3.000 millones de dólares.
Para Pleitez, las remesas enviadas por los salvadoreños residentes en el exterior "se han convertido en la variable macroeconómica más importante del país.
Mientras, los productores asociados ven con mucha incertidumbre el horizonte. "No tenemos esperanza de volver a esos tiempos de producción agropecuaria, no hay un política que brinde apoyo y subsidios para la agricultura nacional. La única forma de revertir esto es un cambio de modelo o de este gobierno", sentenció Rendón.
