El campesino pobre que exporta sus productos al mundo es una de las imágenes más publicitadas por el presidente peruano Alan García. Pero su programa Sierra Exportadora, que empieza a operar este mes, corre riesgo de concentrar esfuerzos sólo en quienes ya pueden competir por sí mismos.
García prometió, antes de asumir el cargo el 28 de julio, revertir el escenario de estéril pobreza de la Sierra, el área peruana de la cordillera de los Andes, con la reactivación de 150.000 hectáreas de tierras en cinco años, plazo del proyecto, fomentando el cultivo de productos de exportación que permitan reducir la pobreza.
De momento se están evaluando 90 proyectos de 12 regiones del país, centrados en más de 26 productos, entre ellos la alcachofa, granos como la quinua y la kiwicha, la páprika y la papa y peces como la trucha, entre otros. Asimismo tendrán espacio actividades como la artesanía, la joyería y la forestación, de las que también viven pobladores de la Sierra.
El proyecto comenzará a operar el 24 de este mes. Para su primer año, se prevé un financiamiento de entre 50 y 60 millones de dólares, cuyo origen no está determinado, según las respuestas dadas por distintas fuentes oficiales.
El agro ha sido el sector más postergado en la historia de Perú, y es la principal fuente de empleo en las áreas rurales empobrecidas del país, en las que viven 5,7 millones de habitantes, 21 por ciento de la población nacional, según cifras oficiales. De ellos, más de 64 por ciento residen en la Sierra.
Los Andes concentran una población de 8,9 millones de personas en zonas urbanas y rurales y 10 de las 12 regiones de mayor pobreza nacional. En algunas áreas, como las centrales Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, la indigencia afecta a 44 por ciento de los habitantes.
Pero algunos críticos ven en Sierra Exportadora un esfuerzo de corto plazo, pues no está precedido de reformas estructurales del sector agrario, como la titulación de tierras para que los agricultores tengan acceso a créditos bancarios, el mejor uso del agua en tiempos de sequía, la construcción de carreteras para conectar los puntos de producción con los lugares de venta, o la capacitación de los campesinos para mejorar sus cosechas.
"Si no se enfrenta el problema de fondo, el programa va a servir fundamentalmente para que los empresarios alquilen las tierras de cientos de campesinos y éstos se conviertan en sus empleados", dijo a IPS el economista Miguel Macedo, del no gubernamental Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes).
Gran parte de las tierras de los pequeños agricultores no se encuentran en condiciones de cultivar productos exportables, alegó.
Según el censo agropecuario de 1994, más de 60 por ciento de 1,8 millones de unidades agrícolas familiares del país eran minifundios de cinco hectáreas, sin títulos de propiedad ni condiciones para garantizar una alta productividad en espacios tan reducidos.
Para el presidente de la Confederación Nacional Agraria, Antolín Huáscar, en el país hay ahora ocho millones de agricultores y sólo un millón de ellos son propietarios de sus predios y tienen acceso a financiación, concentrados en la costa sobre el océano Pacífico.
De acuerdo con el Proyecto Especial de Titulación de Tierras del Ministerio de Agricultura, en la costa están titulados 77 por ciento de los predios rurales, en la Sierra, 53 por ciento, y en la selva alcanzan a 39 por ciento.
"Sierra Exportadora está listo para el agricultor más capacitado, para un grupo de ganadores. ¿Que es lo nuevo que nos ofrece entonces, si va apoyar fundamentalmente a los mismos agricultores que ya exportan?", se preguntó Macedo.
El agronegocio exportador ha ido en ascenso en los últimos años, y en 2004 suministró ingresos de 900 millones de dólares, según el Ministerio de Agricultura.
El presidente ejecutivo de Sierra Exportadora, Gastón Benza, dijo a IPS que "lo lógico es empezar con los proyectos más viables y después ir convocando a los productores de los valles más alejados".
El problema no sólo es la falta de agua o la poca titulación, sino que no se han diseñado proyectos de exportación en función de lo que se ha ido avanzando en instalación de canales de regadíos, infraestructura o saneamiento de terrenos, estimó.
El programa buscará como primer objetivo incrementar el valor de las tierras agrícolas promoviendo mayor productividad y eficiencia. Luego, en forma paralela, se creará un fondo de garantía para que los campesinos puedan ser sujetos de crédito, aseveró Benza.
"La tarea principal es crear riqueza en zonas donde hoy no existe nada. Sólo entonces los agricultores pueden pensar en titular sus tierras para quedárselas o venderlas", agregó.
La presidenta de la Comisión Agraria del Congreso legislativo, Nidia Vílchez, del gobernante Partido Aprista Peruano, reconoció a IPS que es necesario avanzar en un programa nacional de titulación para que Sierra Exportadora tenga éxito y que esa labor se estaba coordinando con el Ministerio de Agricultura.
Para la investigadora Carolina Trivelli, del Instituto de Estudios Peruanos, el programa tiene la virtud de haber puesto la ignorada Sierra en la agenda política.
Pero el Estado debe considerar dos aspectos clave: la diversificación de las actividades económicas que hay en las regiones andinas por la imposibilidad de vivir con una sola fuente de ingresos, y la necesidad de articular los mercados rurales y urbanos con el propósito de garantizar una cadena de producción para el abastecimiento interno, estimó Trivelli.
El parlamento consiguió que Sierra Exportadora no se restringiera a la agricultura. Pero no está claro cómo el programa abordará su mayor reto: el desarrollo rural.
Para Benza, "al incrementarse la eficiencia y la productividad de las tierras se logrará inmediatamente interconectar los mercados interno y externo", argumento cuestionado por algunos especialistas para quienes las leyes del mercado no resuelven el desigual acceso a las oportunidades.
Un estudio elaborado por el Cepes y la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), señala que los beneficios para la mayoría de los productores andinos serán más escasos en un contexto de apertura total del mercado como el previsto en el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos y pendiente de aprobación parlamentaria en ese país.
Esto se debe a que no habrá un campo de juego equilibrado por las dificultades del sector agrario peruano y los subsidios que perciben los agricultores estadounidenses, alega el estudio.
El informe de 2005 de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) "Comercio agrícola y pobreza: ¿Puede el comercio obrar en favor de los pobres?", señalaba algo similar.
Las políticas orientadas a aumentar la productividad, crear empleo no agrícola y facilitar la transición a actividades distintas de la agricultura, son esenciales para promover la seguridad alimentaria a mediano y largo plazo, pero es importante que se desarrollen antes de cualquier reforma de política comercial o agrícola debido a que tardan en dar frutos, señalaba la FAO.
Otro aspecto que cuestiona el documento de Cepes y Conveagro es la reducción de la meta inicial de Sierra Exportadora. García había hablado de 150.000 hectáreas dedicadas a producir alimentos exportables y cadenas productivas que generarían 300.000 puestos de empleo directo e indirecto.
Pero ahora, Benza ha explicado que sólo 70.000 hectáreas servirán para el cultivo de estos productos y el resto de la superficie serán áreas forestales.
El estudio de Cepes y Conveagro critica la falta de definición de los mercados reales a los que se destinarán esos productos. Benza aseguró a IPS que el gobierno se encuentra estudiando mercados, en Estados Unidos y Europa, principalmente, así como fuentes de financiación.
Según sus datos, 10 por ciento de los recursos procederán de la cooperación internacional y el resto de una partida especial obtenida por el reordenamiento del presupuesto y la austeridad en los gastos.
Pero la gerente de proyectos del programa, Julissa Sotil, dijo a IPS que la mayor parte de los fondos provendrán del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Andina de Fomento.
No se otorgarán subsidios, sino facilidades para generar proyectos y conseguir financiamiento, así como asesoría técnica y comercial, dijo Sotil. La asistencia durará entre tres y cuatro meses. El programa también coordinará con otras entidades públicas la creación de infraestructura de riego y de transporte.
De los 90 proyectos a estudio, la mayoría están listos para su ejecución inclusive desde antes de que García llegara al gobierno. Es el caso de los cuatro con los que Sierra Exportadora comenzará a operar en la central región Junín, para producir alcachofa, leche y quesos, truchas y joyas de artesanos locales.
El dirigente agrario Huáscar dijo IPS que los agricultores temen que el programa desestime alimentos tradicionales como el trigo y la cebada, de los cuales viven muchos campesinos, y no controle la intervención de grupos de poder económico que han sido convocados para estos proyectos.
"Los pequeños agricultores no podemos convertirnos en los peones de estos empresarios porque eso no representa una agricultura sostenible", dijo.
El dirigente solicitará una reunión con las autoridades para que los gremios de productores de las 15 regiones del país que representa puedan conocer los detalles del programa y tengan participación en el consejo directivo de Sierra Exportadora, como establece la ley que la creó.
