En el corazón de esta ciudad meridional de México, habitantes agrupados en más de 350 organizaciones sociales se gobiernan a través de asambleas, acampan en parques y calles, manejan radiodifusoras y tienen su propia policía. Pero el desgobierno no empezó este año.
Cuatro meses atrás, este movimiento expulsó a todos los funcionarios de los poderes públicos para exigir cambios institucionales y la renuncia del gobernador del estado, uno de los más pobres del país junto a sus vecinos Chiapas y Guerrero. Hoy pende sobre él la amenaza del uso de la fuera del gobierno de Vicente Fox.
"La revolución es el movimiento del pueblo organizado, y aquí hay un movimiento revolucionario, pero buscamos salidas dentro de las instituciones burguesas y sin uso de armas. No queremos sangre", dijo a IPS Ramiro Esperanza, un profesor de 25 años que es parte de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO).
Instalado el 22 de mayo en uno de decenas de campamentos que pueblan la capital de Oaxaca, Esperanza afirma que la APPO llegó para quedarse y multiplicarse en otros estados. A su alrededor juegan niños y de fondo se escucha una canción cuyo estribillo repite "el pueblo unido jamás será vencido".
Mientras él habla, en las afueras de la ciudad se acuartela la policía, y en las costas oaxaqueñas, bañadas por el océano Pacífico, se alistan cientos de soldados y marinos de la Armada. "Esperamos pronto los 'madrazos' (golpes), pero aquí resistiremos", señala Esperanza.
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Los campamentos de la APPO, donde se guardan cientos de bombas incendiarias y muchas personas se arman de palos y hondas, permanecen vigilados por pobladores que se atrincheran detrás de costales de arena, piedras, pedazos de metal y esqueletos de autobuses.
Durante el día, miles de personas circulan por los campamentos sin mayores problemas y se percibe un ambiente de tranquilidad, pero en la noche se cierran los accesos y salen los "topiles" (vigilantes de la comunidad que hacen de policías) a patrullar armados de petardos y palos y portando radios y celulares con los que se comunican.
En los campamentos techados con grandes trozos de plástico bajo los cuales se cocina y se pernocta, todos dicen rechazar la violencia y denuncian que, por las noches, reciben disparos de grupos armados irregulares, que identifican como policías. Además, varios de sus líderes fueron detenidos ilegalmente, afirman los activistas.
La posibilidad de ingreso de las fuerzas públicas federales para desbaratar el movimiento aumentó en las últimas horas, luego de que la APPO se negó a participar en un foro de negociación convocado para este miércoles por el presidente Fox en la capital y al que fueron invitados además otros sectores de Oaxaca, como los empresarios, políticos, "padres de familia" y la Iglesia Católica.
El gobierno prometió que en ese foro se negociarían las reformas institucionales que requiere Oaxaca, entre ellas la posibilidad de una ley que autorice la celebración de referendos para revocar el mandato de los gobernadores.
Si se agotan las posibilidades de diálogo, se usará la fuerza, advirtió Fox, quien ha prometido resolver este conflicto antes de que termine su mandato de seis años, el 1 de diciembre, cuando lo sucederá su correligionario, el conservador Felipe Calderón. "El foro al que nos llamaron es un engaño, pues convocaron a personas que no representan al pueblo de Oaxaca. Sólo quieren justificar la represión", señaló Esperanza. En los últimos meses hubo tres rondas fallidas de negociaciones entre la APPO y el gobierno.
La demanda central de la APPO es la renuncia del gobernador Ulises Ruiz, del histórico Partido Revolucionario Institucional (PRI) —elegido en 2004 en unos comicios cuestionados por la oposición— a quien acusan de corrupción y represión ilegal.
"Fuera Ulises Ruiz asesino", está escrito en muchos muros de la capital de Oaxaca, gobernada sin interrupciones por el PRI desde inicios del siglo pasado.
Ruiz es acusado de actuar de manera déspota, de reprimir y de alentar la actuación de la policía como fuerza paramilitar, imputaciones similares a las de sus antecesores.
El gobierno central no está autorizado a destituir gobernadores. La llave la tiene el Senado de la Nación, que puede iniciar un juicio político. Pero allí, los legisladores del gobernante Partido Acción Nacional (PAN) y del PRI han decidido bloquear esa alternativa.
En las cuatro estaciones radiales tomadas por la APPO se repitieron este miércoles con insistencia mensajes indicando la inminencia del ingreso a la ciudad de las fuerzas policiales y militares federales.
"Compañeros, no queremos muertos, pero estamos listos a ponerlos si ese es el camino que escoge el gobierno", señaló uno de los locutores desde la cabina de la radiodifusora La Ley, controlada por la APPO desde junio.
No obstante, el profesor Esperanza indicó que si "los represores entran disparando, no nos quedará otra opción que replegarnos, pero para luego volver". Exponer a "nuestros niños es absurdo, y yo no quiero morir aquí", apuntó.
"Ahora, si quieren meter presos a los líderes, mejor que vayan preparando un muro para cubrir toda Oaxaca y encarcelarnos a todos, pues no vamos a desmayar en la lucha", advirtió el joven maestro de enseñanza primaria, miembro del Frente Popular Revolucionario, de corte marxista leninista.
El 22 de mayo, el magisterio oaxaqueño, aglutinado en la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, inició una campaña en demanda de mejoras salariales.
Con la expulsión violenta de un campamento de maestros en el centro de la ciudad, el 14 de junio, el reclamo sindical aglutinó otros descontentos y cuajó en la conformación de la APPO.
"El movimiento magisterial pasó de un movimiento gremial a uno diverso, amplio y capaz de condensar mucha de la inconformidad social" de Oaxaca, indica un diagnóstico de la no gubernamental Red Oaxaqueña de Derechos Humanos.
La Red convalida las denuncias de la APPA sobre acciones paramilitares y detenciones arbitrarias, pero también señala que miembros de la Asamblea han cometido actos violentos contra la población que no los apoya y han estado a punto de linchar a varias personas.
En las últimas semanas, presuntos grupos guerrilleros se presentaron en zonas de Oaxaca para saludar la lucha social. El lunes uno de ellos detonó pequeños explosivos a la entrada de las sedes de dos bancos de esta ciudad. La APPO se ha distanciado de esos actos y afirma que algunos están fabricados como parte de una estrategia del gobierno para justificar la represión.
Empresarios y comerciantes de Oaxaca, cuyos negocios sufren pérdidas por el conflicto, acusan al movimiento social de violento, al igual que algunos políticos, portavoces de Fox y líderes católicos.
"Mi grupo (el Frente Popular Revolucionario) reivindica el marxismo leninismo, pero no creemos que es el momento de una lucha armada. No queremos grupos guerrilleros que anden con dos o tres armas disparando a lo loco en la serranía, ese no es el camino ahora", señaló Esperanza.
En la APPO confluyen organizaciones de diversas corrientes de izquierda, incluso algunas que en el pasado confrontaron sus visiones y estrategias.
Junto con Chiapas y Guerrero, Oaxaca es uno de los estados de mayor marginación de este país de más de 104 millones de habitantes. Aquí, 80,3 por ciento de la población carece de servicios de saneamiento, alumbrado público, agua potable y pavimentación de calles, indica la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos.
Según la entidad fundada en 1996 por varios centros de derechos humanos, ocho de cada 10 oaxaqueños viven en pobreza extrema.
En una población de 3,5 millones de personas, el 10 por ciento más rico de los hogares oaxaqueños perciben ingresos 13 veces superiores al 10 por ciento más pobre, afirma.
"Las actuales circunstancias colocan a la sociedad oaxaqueña en la disyuntiva de renunciar a sus aspiraciones y conformarse con el actual sistema o esforzarse en reformar el Estado para que se diseñe, organice y evalúe una forma de gobierno que garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos", señala la Red.
