El proceso para aplicar la Ley General Forestal de Colombia, sancionada por el gobierno en abril, reabre el debate sobre esta norma ante la aparición en un sitio web ministerial de un proyecto de reglamentación elaborado por una consultora internacional de la industria.
En el sitio del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial apareció el mes pasado una propuesta de reglamentación firmada por el Programa Colombia Forestal, iniciativa de cooperación de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid) administrada por la consultora Chemonics International, que ya había tenido una participación explícita durante la elaboración de la ley.
Tras una lluvia de críticas, el texto fue retirado.
El director de Ecosistemas del Ministerio, Leonardo Muñoz Cardona, aseguró en entrevista que la iniciativa no fue solicitada por la cartera ni refleja su posición oficial, pese a lo cual fue presentada en el sitio y sus recomendaciones serán tenidas en cuenta.
El Ministerio prepara el paquete de decretos reglamentarios que presentará a mediados de octubre. A partir de entonces establecerá un plazo de tres meses para su discusión, recogerá los argumentos presentados y luego someterá los textos a la firma del presidente Álvaro Uribe, para que la ley entre completamente en vigor.
El reglamento sugerido por Colombia Forestal ha recibido duras críticas de ambientalistas, organizaciones étnicas y parlamentarios que se habían opuesto a la norma impulsada por el gobierno.
La polémica se centra ahora en aspectos básicos de la ley a reglamentar: el vuelo forestal, la ordenación de los territorios de bosques y selvas, la administración de los recursos y la movilización de productos forestales.
Uno de los cuestionamientos a la propuesta es la persistencia del "vuelo forestal", concepto tomado de la legislación boliviana y que consiste en considerar la masa boscosa (vuelo) como un bien mueble que puede servir como garantía en operaciones financieras o crediticias.
Durante el debate de la ley, las críticas obligaron al gobierno a excluir la aplicación de esa figura en los territorios colectivos de las comunidades afrocolombianas e indígenas, pero en los borradores de decreto vuelve a estar presente.
Muñoz Cardona aseguró que su aplicación se referirá únicamente a plantaciones forestales y que el Ministerio no estaba de acuerdo con la propuesta presentada por Colombia Forestal.
Los territorios colectivos son inembargables e inalienables, según la Constitución de 1991.
Pero si no se define una prohibición clara, las necesidades y, en algunos casos, la debilidad organizativa de las comunidades, las llevarán a negociar con particulares (empresas madereras) el aprovechamiento de bosques a escala industrial, dijo en entrevista la activista Mariela Osorno, de Ecofondo, entidad que reúne a más de 100 organizaciones ambientalistas de Colombia.
Por otra parte, los sectores empresariales que impulsaron la ley están concretando las iniciativas fomentadas por ésta, como las cadenas productivas del sector forestal, que implican una alianza con industrias para la transformación, comercialización y transporte de bienes.
Comunidades afrocolombianas de Tumaco, en el sudoccidental departamento de Nariño, y del Bajo Atrato y el Baudó, en el noroccidental Chocó, afirman que agentes privados les han propuesto financiar estudios para planes de aprovechamiento y que ellas tramiten los permisos ante las Corporaciones Autónomas Regionales (CARS) con el fin de lograr alianzas comerciales previstas en la ley, afirmó José Santos, del Proceso de Comunidades Negras (PCN), una red de entidades de esa minoría.
Otro aspecto a reglamentar es la nueva demarcación de áreas boscosas.
La ley 2 de 1959 estableció siete reservas forestales nacionales que incluyen territorios colectivos, de las cuales se han sustraído 14 millones de hectáreas y 52 reservas regionales de 500.000 hectáreas, según información oficial.
El Ministerio está en proceso de definir y precisar cartográficamente esas reservas, y lo hará a través de los Planes de Ordenamiento Forestal de las CARS, para lo cual todavía tiene dos años, aclaró Muñoz Cardona.
Pero las etnias, principalmente afrocolombianas e indígenas del Chocó y de la Amazonia, ven una amenaza en ese apartado, pues abre la posibilidad de limitar sus territorios o incluso de perderlos parcial o totalmente en aquellos casos en que el proceso de titulación está pendiente y donde las comunidades viven en carne propia el desplazamiento forzado para escapar de la guerra civil, que ya lleva más de 40 años.
Por otra parte, la reglamentación propuesta por Colombia Forestal para la movilización de productos forestales permitirá sacar toda la madera de la selva sin permiso de la autoridad ambiental, dijo Diego Cardona, portavoz de bosques de la no gubernamental Censat Agua Viva, integrante de la red Amigos de la Tierra.
"Los controles que dictaba la ley 99 de 1993 quedan sin ninguna validez, y no habrá forma de saber si toda la madera que se comercialice proviene de las plantaciones forestales o de bosques naturales que se están explotando sin control", dijo.
Pero el portavoz del Ministerio replicó que todas las plantaciones forestales están y estarán claramente identificadas, por lo cual no habrá riesgo de explotación de bosques naturales.
Sin embargo, la tala ilegal está estimada en 100.000 hectáreas anuales en este país andino y amazónico, cuyos bosques megadiversos aún cubren 44 por ciento de la superficie total, de 1,1 millones de kilómetros cuadrados.
La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República siguen de cerca el proceso de reglamentación de la ley, sobre la cual ya habían formulado observaciones jurídicas.
"Existe un grave riesgo de que los bosques naturales se deban adaptar a las condiciones del mercado y la explotación maderera, sin que de antemano exista una regulación que garantice su sostenibilidad. Igual ocurrió con los parques nacionales naturales, cuyos servicios turísticos se están entregando en concesión, sin tener los planes básicos de manejo", dijo ante el Congreso legislativo el contralor general Antonio Hernández, durante el debate parlamentario.
Mientras se sustancia la reglamentación, varias organizaciones y legisladores se preparan para presentar a fines de este año una demanda de inconstitucionalidad contra la ley ante la Corte Constitucional.
Los litigantes —algunos de ellos Ecofondo, Censat Agua Viva, el grupo Semillas, PCN y la Organización Nacional Indígena de Colombia— denunciarán el desconocimiento de artículos de la carta magna y el incumplimiento de convenios internacionales firmados por el país y referidos a diversidad biológica, cambio climático y humedales, entre otros aspectos.
Por otra parte, Censat, la agencia de cooperación suiza Swissaid, Semillas y el Centro de Cooperación al Indígena trabajan con otras organizaciones en la campaña Selva Viva, destinada a asesorar a las comunidades afectadas para que puedan actuar frente a la realidad planteada por la ley y fortalecer una cultura de conservación de las selvas.
* Este artículo es parte de una serie sobre desarrollo sustentable producida en conjunto por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales). Publicado originalmente el 30 de septiembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
