La justicia argentina investiga casos de contaminación con uranio en torno al Centro Atómico Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires. Una pareja enferma de cáncer fue aceptada como querellante.
La primera denuncia llegó al fiscal en 2000, cuando vecinos de la zona alertaron sobre el posible "envenenamiento" del agua con uranio y responsabilizaron a la planta nuclear por el eventual impacto sanitario en la población.
"Todos los informes admiten contaminación y todos son válidos. El juez tendrá que combinar los resultados y llegar a una conclusión", dijo a Tierramérica el biólogo Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente.
En su sitio web, esta organización afirma que accedió a un informe del gobierno de la provincia de Buenos Aires —firmado por nueve funcionarios y conocido a fines de 2005— "donde se reconoce la contaminación con uranio del agua subterránea en Ezeiza".
También señala que el documento, calificado de "confidencial", admite que 10 de las 57 muestras de agua analizadas por la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos exceden los "20 microgramos de uranio por litro, con un valor máximo de 34,5 microgramos por litro".
"El uranio es radiactivo y tóxico", pudiendo provocar cáncer y malformaciones genéticas, explicó Montenegro.
"El oncólogo me aseguró que hay una relación directa con el uranio", dijo a Tierramérica Antonio Rota, vecino de 65 años, quien padece cáncer de pulmón con metástasis en los ganglios. Su esposa, Beatriz Rodríguez, de 62, tiene cáncer de mama.
El Centro Atómico Ezeiza incluye un Área de Gestión de Residuos Radiactivos con un Depósito Central de Material Fisionable Especial Irradiado y una planta de producción de combustibles para dos centrales atómicas, donde se almacena y manipula uranio.
Ese centro admitió contaminación con uranio en dos áreas (Campo 5 y Trincheras), pero aseguró haberla remediado en un caso y estar en proceso de solucionarla en el otro.
La zona presuntamente afectada abarca tres distritos de la provincia —Ezeiza, Esteban Echeverría y La Matanza—, donde viven 1,6 millones de personas.
El juez federal Alberto Santamarina encargó una investigación al geólogo Máximo Díaz, quien dedujo que existe "una importante contaminación proveniente de las actividades del Centro Atómico Ezeiza (actuales y/o pasadas) que afectaron aguas subterráneas a un nivel que impide su uso como bebida humana".
La gubernamental Autoridad Regulatoria Nuclear cuestionó las conclusiones y la idoneidad del perito. El magistrado pidió una nueva investigación, esta vez a la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), dependiente de la Organización de las Naciones Unidas.
La AIEA organizó un estudio para el que convocó a expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras entidades independientes.
El nuevo peritaje defendió la capacidad de monitoreo de la Autoridad Regulatoria Nuclear, pero no encontró relación directa entre el uranio del agua y la actividad del Centro Atómico Ezeiza, sostuvo que la morbilidad por cáncer en el área no superaría al promedio nacional y dijo no haber detectado contaminación radiactiva aunque sí tóxica, derivada del uranio natural.
El máximo de uranio permitido por la OMS en el agua para beber es de 15 microgramos por litro. La AIEA admite que los valores hallados llegan a 36 microgramos, pero los justifica en la ley minera argentina, que permite hasta 100 microgramos por litro.
Vecinos y ambientalistas rechazan este argumento. La ley establece ese máximo para aguas sin tratar. Pero la norma de residuos peligrosos fija 10 microgramos por litro para el agua de riego.
La Autoridad Regulatoria explica que si se toman los 100 microgramos que rigen en la legislación argentina, no existe contaminación radiológica ni química. "Es la norma vigente", alega.
Montenegro cree que "es inadmisible que los vecinos beban agua con valores de uranio superiores a los estándares de la OMS y a los de agua para riego en Argentina".
"Confiamos en que el juez no ceda a las presiones", dijo el pediatra Valentín Stiglitz, presidente de la Asociación Contra la Contaminación de Esteban Echeverría, una organización de vecinos que se formó a raíz de este contencioso.
Ahora el magistrado deberá expedirse sobre el problema, contando con los peritajes y con el testimonio del matrimonio Rota.
* La autora es corresponsal de IPS. Este artículo fue publicado originalmente el 29 de julio por la red latinoamericana de Tierramérica.
