El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tiene casi asegurada su reelección el 1 de octubre sin necesidad de segunda vuelta, indica una encuesta divulgada este martes, confirmando una tendencia de consultas anteriores: parece inmune a los escándalos de corrupción de su gobierno.
El presidente amplió en 3,6 puntos porcentuales su ventaja sobre Alckmin, en relación al mismo sondeo de tres semanas antes. Esa tendencia frustra las esperanzas opositoras de cambiar el cuadro con la propaganda electoral gratuita, que obliga a emisoras de radio y televisión abierta a conceder más de una hora de sus transmisiones diarias a los partidos.
Ese mecanismo de difusión de los candidatos a la Presidencia, al parlamento y a los gobiernos estaduales empezó el 15 de agosto, por lo que los efectos de sus dos primeras semanas fueron captados por la encuesta de Sensus.
Avances económicos, como baja inflación, aumento del salario mínimo y de empleos, junto con programas sociales que transfieren renta a las capas más pobres, "superaron los problemas éticos" del gobierno desde el año pasado, favoreciendo la reelección de Lula, evaluó el director del Instituto Sensus, Ricardo Guedes.
Sí, la economía ayudó, si bien el sector tuvo "buenas noticias, pero no excelentes", ya que el producto interno bruto solo creció 2,3 por ciento el año pasado y este año se espera una expansión de poco más de tres por ciento, dijo a IPS Joao Augusto de Castro Neves, analista del Instituto Brasileño de Estudios Políticos.
También la ausencia de un "un discurso fuerte, de crítica al gobierno" por parte del principal opositor es determinante del actual cuadro electoral, acotó. Alckmin eligió una "vía pacífica" en su campaña, evitando ataques contundentes y directos a Lula, y como no presenta nuevas propuestas o realizaciones superiores, "todo favorece al statu quo", explicó.
Además Alckmin, ex gobernador estadual del sureño Sao Paulo, no dispone del carisma que también beneficia a Lula en la actual disputa.
La candidata del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), Heloisa Helena, hace críticas más duras al actual gobierno, pero su radicalismo de izquierda limita sus posibilidades electorales. En la última encuesta alcanzó 8,6 por ciento de las intenciones de voto.
Hace algunos meses, cuando el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) aún no había formalizado la postulación de Alckmin, otro posible candidato del partido, José Serra, presentaba mejor desempeño que su correligionario.
Serra, ex ministro de Salud y candidato presidencial derrotado por Lula en 2002, es "mejor identificado como opositor por la población", observó Castro Neves.
La reelección de Lula parece asegurada también por otro indicador medido por el Instituto Sensus, el grado de rechazo a los candidatos. Es que Alckmin y Helena presentan índices superiores a 40 por ciento, lo que significa estar "fuera del juego político", mientras solo 25,5 por ciento de los entrevistados dijeron que "no votarían" por Lula, destacó Guedes.
Pero si la corrupción no afecta tanto la disputa presidencial, tiene efectos devastadores en las elecciones parlamentarias. La justicia electoral rechazó más de 1.700 inscripciones de candidatos al Congreso Nacional y a las Asambleas Legislativas estaduales. Eso representa más de ocho por ciento del total de 20.705 candidatos.
Gran parte de las impugnaciones se deben a documentación insuficiente o irregular, pero también están los que cometieron delitos. Algunos ejercieron funciones gubernamentales en el pasado y sus cuentas no fueron aprobadas por tribunales que controlan los gastos públicos.
En Río de Janeiro, el Tribunal Regional Electoral rechazó el registro de cuatro candidatos que están entre los 72 diputados y senadores acusados de corrupción en el caso de las "sanguijuelas". Se trata de parlamentarios que obtuvieron recursos del presupuesto estatal para compra de ambulancias en centenares de municipios.
El escándalo que estalló hace cuatro meses expuso que gran parte de las compras se hicieron con sobreprecios y el empresario favorecido denunció haber pagado propinas a los parlamentarios acusados.
La decisión del tribunal de Río de Janeiro será probablemente anulada por el Tribunal Superior Electoral, ya que la Constitución brasileña solo permite ese tipo de castigos a los condenados por fallos de última instancia, que no admiten recurso. Los candidatos impugnados son solo acusados, ni siquiera fueron juzgados.
Pero un movimiento de parlamentarios y de otros sectores de la población intenta impedir la reelección de los políticos probadamente involucrados en corrupción, aunque no juzgados. Además de llamados a los electores a no votar por esos candidatos, en caso del triunfo electoral de los "corruptos" se espera lograr por lo menos evitar sus investiduras a fines de este año.
Hay mecanismos legales para impedirlo, apoyados en la Constitución, según el diputado Miro Teixeira, del Partido Democrático Laborista.
Los distintos efectos de la corrupción en las elecciones parlamentarias y presidenciales se deben a que los escándalos identificaron como "principales culpables de las crisis" al Congreso legislativo y a los partidos, sostuvo Castro Neves.
El principal escándalo, conocido en mayo del año pasado, involucró sin embargo al gobernante Partido de los Trabajadores, del presidente Lula, y a varios de sus ministros en la distribución de abultadas sumas a parlamentarios oficialistas, supuestamente para asegurar sus votos a proyectos del gobierno.
