Miles de argentinos en los años 70 dejaron todo al salir del país a causa de la represión política. Tres décadas después, la democracia estudia indemnizarlos como ya lo hizo con familiares de detenidos-desaparecidos, secuestrados cuando eran niños y ex prisioneros de la dictadura militar.
La comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados acaba de aprobar el proyecto de reparación económica para quienes debieron exiliarse de Argentina. Los representantes creen que la iniciativa, que ya había sido sancionada hace más de un año por el Senado, podría transformarse en ley antes de finalizar 2006.
La propuesta tiene el aval de la Corte Suprema de Justicia, que ya se pronunció cinco veces a favor de equiparar el exilio con la detención ilegal durante la dictadura (1976-1983) a los efectos de los beneficios de reparación a víctimas. Estas sentencias empujan una medida general para todos.
El primer fallo favoreció a Susana Yofre, quien se refugió con su familia en México en 1976 tras el asesinato de su esposo, Hugo Vaca Narvaja, y uno de sus hijos, de igual nombre.
El máximo tribunal consideró, al evaluar su caso, que la mujer y su familia, aún sin haber estado detenidos, estaban entonces en riesgo y se vieron obligados a marchar al exilio.
Los Vaca Narvaja vivían en la central provincia de Córdoba, con 12 hijos. Uno de ellos, Hugo, que era abogado de presos políticos, fue arrestado y asesinado en noviembre de 1975. Cuatro meses después, fuerzas represivas irrumpieron en la casa y se llevaron al padre. Lo tiraron dentro del baúl de un automóvil y nunca más apareció.
"Tenía miedo de que nos mataran a todos y me refugié con toda la familia en la embajada de México", contó Yofre. Desde esa sede diplomática en Buenos Aires salieron rumbo a la capital mexicana 25 integrantes de la familia Vaca Narvaja. Allí se quedaron por siete años, hasta el final de la dictadura en 1983.
En sus fundamentos, el proyecto con media sanción sostiene que la violencia política de los años 70 "puso en riesgo la integridad personal y familiar de miles de argentinos" y los empujó al destierro, donde debieron rehacer su vida "en condiciones claramente desfavorables" respecto de lo que dejaron atrás.
En el texto legal se prevé indemnizar a cada integrante de la familia exiliada con el mismo monto que se otorgó a los ex detenidos de la dictadura, unos 34 dólares por día de destierro.
Serán beneficiados quienes hayan debido salir del país a partir del 6 de noviembre de 1974, cuando el gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón (1974-1976) declaró el estado de sitio, y hasta el 10 de diciembre de 1983, cuando finaliza la dictadura.
Con este reconocimiento, el autor de la iniciativa, el senador Marcelo López Arias, considera "completado el círculo de reparación histórica a las víctimas de violaciones a los derechos humanos".
Desde mediados de los años 90 se otorgaron miles de indemnizaciones a familiares de desaparecidos y a ex detenidos políticos.
Desde 2004, la Secretaría de Derechos Humanos también otorga una reparación a hoy jóvenes nacidos durante el cautiverio de sus padres o apropiados al momento de ser apresados sus familiares. Decenas de ellos fueron encontrados en los últimos años por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, creada en los años 70 con el fin de buscar a los niños y niñas desaparecidas.
Sin embargo, algunos legisladores que deberían aprobar la ley de reparación a los exiliados temen ser injustos con los que llaman los "exiliados internos" y con ese argumento estarían dilatando la aprobación de la ley.
Esta figura apunta a aquellos perseguidos políticos que, sin dejar el país, debieron renunciar a sus puestos ante organismos públicos y empresas privadas, o los que tuvieron que emigrar de sus lugares de residencia para evitar ser reprimidos. Muchos creen que para estas víctimas haría falta una nueva ley, no la misma.
"El Estado está obligado a indemnizarnos porque al expulsarnos violó nuestros derechos", dijo a IPS Susana Gabbanelli, de la Comisión de Ex Exiliados Políticos de la República Argentina.
"Los exiliados internos tienen que recibir una reparación, pero mediante otra ley", opinó.
A pesar de que el proyecto todavía no se aprobó, la Comisión recomienda adelantarse a presentar los papeles que certifiquen la condición de exiliados ante la secretaría de Derechos Humanos o en consulados argentinos. "Ya hay 5.500 solicitudes presentadas" anticipó Gabbanelli, que espera el doble de presentaciones.
Los reclamantes deberían presentar certificados de refugio otorgado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) o por los países que los recibieron, o en su defecto una declaración sumaria de su situación realizada ante la justicia federal argentina.
También se deben detallar los motivos del exilio, centrándose en el "temor fundado" de ser víctima del terrorismo de Estado en caso de permanecer en el país.
En 1975, Gabbanelli era asistente social, militaba en un partido izquierdista, estaba casada y tenía dos hijos. Fue detenida por la policía y tras ser mantenida un mes en una comisaría quedó bajo arresto domiciliario. Se fugó y estuvo clandestina en su país hasta que logró llegar a Brasil con los niños y su esposo, que era periodista.
Gabbanelli y su familia sobrevivieron en Sao Paulo, ocultos, hasta que Acnur los reconoció como refugiados en 1977. Entonces la dictadura brasileña intimó al organismo a sacar a sus protegidos del país a riesgo de enviarlos de vuelta a Argentina. Así, viajaron a Holanda, donde estuvieron exiliados hasta 1986.
La suerte de Julio Miguez no fue mejor. En esos años trabajaba como técnico electrónico en un instituto de investigación, militaba en el Partido Justicialista (peronista) y era activista sindical. Su novia, Susana Rodríguez, era secretaria de dirección en una empresa estadounidense y no tenía actuación partidaria. "En 1975 confirmé que estaba en una lista negra", contó Miguez en conversación telefónica con IPS desde España, donde forma parte de la Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid.
"En mayo, a 40 días del golpe de Estado, fui despedido por mi activismo político-sindical y opté por irme a España el 20 de julio de 1976", relató.
Su novia renunció al empleo y lo acompañó. Con la venta de su automóvil y de algunos muebles reunieron el dinero de los boletos de avión más unas 10.000 pesetas (entonces equivalían a unos 130 dólares). Vivieron en Madrid con argentinos que los acogieron, y luego en una pensión, añadió.
"Vendíamos artesanías en la calle y Susana cuidaba a un niño", recuerda. Con esos escasos ingresos compraban alimentos. Se desplazaban a pie y usaban botellas plásticas como vajilla. Se higienizaban en un lavatorio del cuarto de la pensión con agua fría. "Estuvimos en situaciones límite", asegura.
"Nos sentíamos vivos y libres por un lado, pero nos pesaba estar lejos de la familia, los amigos , la imposibilidad de seguir nuestras carreras profesionales, y sobre todo nos entristecía conocer la suerte de amigos presos y desaparecidos", comentó.
Con el tiempo, consiguieron un préstamo familiar que les permitió mantenerse hasta tener un empleo estable. Tuvieron dos hijos en España que hoy tienen 27 y 22 años. Para él, la ley será un acto de justicia por sus padecimientos, que no fueron una opción sino la salida obligada para una vida amenazada.
"El Estado es responsable de la expulsión violenta de sus ciudadanos y debe repararlo con esta ley", argumentó.
