El incierto resultado de las elecciones presidenciales del domingo en México tensa la democracia en momentos en que un anciano ex mandatario, acusado de boicotearla en el pasado con represión y muerte, guarda arresto domiciliario.
Luis Echeverría (1970-1976), quien ocupó la presidencia en una de las etapas más duras de las siete décadas de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), enfrenta la imputación de genocidio contra jóvenes estudiantes que en 1968 exigían democracia efectiva en el país. Se trata del primer ex mandatario mexicano en vivir tal circunstancia judicial.
La detención, aunque sea domiciliaria, de "un ex presidente del viejo régimen y justo en medio de un proceso electoral competitivo y moderno", es un hecho destacado, pues "habla de la nueva realidad que vive México", dijo a IPS el abogado penalista y sociólogo Eduardo Leñero.
Pero no todos lo vieron así. Para Rosario Ibarra, quien busca a su hijo desde los años 70, cuando desapareció tras ser detenido por fuerzas de la policía, el arresto el viernes pasado de Echeverría fue una estrategia del gobierno de Vicente Fox para favorecer su imagen y la del candidato oficialista.
Las elecciones presidenciales de la víspera no arrojan todavía un resultado definitivo y es posible que sólo este miércoles o incluso más tarde se conozca al sucesor de Fox, quien deberá asumir en diciembre para un período de seis años.
Los conteos oficiales preliminares indicaron, hasta la mañana de este lunes, que Felipe Calderón, del gobernante y conservador Partido Acción Nacional (PAN), llevaba una delantera de apenas 1,1 por ciento de votos sobre el opositor Andrés Manuel López Obrador, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD). El ex presidente por el PRI está acusado por una fiscalía especial creada por Fox de planificar la matanza de cientos de jóvenes en la plaza capitalina de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, cuando ejercía entonces el cargo de secretario (ministro) de Gobernación (Interior) del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970).
Echeverría permanece desde el viernes pasado en su residencia en la capital mexicana custodiado por policías y no podrá salir de allí hasta que el proceso en su contra finalice o que sus abogados logren alguna suspensión de la detención.
Hay elementos suficientes que indican que el acusado puede ser responsable de genocidio, indicó el juez penal José Mattar. Tal delito se castiga con penas que van de 20 a 40 años de cárcel.
Pero el ex mandatario no pisará ninguna prisión, pues tiene 84 años y las leyes también indican que no se puede tomar esa medida contra personas mayores de 70 años.
Los fiscales sostienen que la masacre de Tlatelolco fue una ataque gubernamental contra "un grupo nacional", integrado por estudiantes opositores al gobierno, lo que constituye un genocidio.
"No creo que el juez haya ordenado la detención para favorecer al presidente Fox o por alguna otra circunstancia de cálculo electoral. Lo que aquí pasó es una mera coincidencia de tiempos ", sostuvo Leñero.
Detrás de las elecciones de la víspera, que observadores locales e internacionales calificaron de ejemplar y sin ningún asomo de fraude, están los cimientos de una democracia construida sobre cientos de muertos, como los estudiantes asesinados en Tlateloco cuando se manifestaban acusando al PRI de autoritarismo.
En los años que gobernó el PRI, de 1929 a 2000, fueron constantes las acusaciones de fraudes electorales y de represión contra opositores.
Los reclamos para que el sistema político se democratizara fehacientemente y fuera transparente arreciaron en los años 80, cuando líderes del PRI se revelaron y a la postre formaron el izquierdista PRD.
En los años 90, la oposición y el PRI alcanzaron acuerdos para realizar reformas legales que de a poco fueron dando mayor equidad y equilibrio a la competencia electoral y reafirmando la independencia de los poderes del Estado. Ese proceso tuvo su momento más representativo en 2000, cuando Fox, del conservador PAN, arrebató por primera vez en más de 70 años la presidencia al PRI.
Ahora México cuenta con normas y autoridades electorales de alta credibilidad y fortaleza, según señalan la mayoría de observadores y políticos.
Durante las presidencias de Díaz Ordaz, de Echeverría y luego de José López Portillo (1976-1982) se desarrolló una ola represiva contra opositores que afectó a miles de personas y dejó 532 desaparecidos de modo forzoso, según un informe preliminar de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, dependiente de la Procuraduría General.
La detención domiciliaria de Echeverría es el triunfo más visible hasta ahora de la Fiscalía Especial, creada por Fox en 2001 con el propósito de encauzar a los responsables de la llamada guerra sucia ejercida por gobiernos del PRI.
La mayoría de los procesos presentados por los fiscales contra los probables culpables de la represión han sido rechazados por los jueces. Los abogados de Echeverría sostienen que su cliente librará los cargos, pues aseguran que son inconsistentes.
A diferencia de otros países latinoamericanos, en los que los gobiernos democráticos promovieron comisiones de la verdad para esclarecer los actos de represión ilegal durante las dictaduras, en México se optó por una entidad con facultad para investigar penalmente lo ocurrido en los gobiernos del PRI.
No está claro qué dirección tomará el futuro presidente sobre el esclarecimiento de la llamada guerra sucia, pero tanto Calderón como López Obrador señalaron en campaña electoral que está a favor de hacerlo.
Grupos defensores de los derechos humanos sostienen que Fox no cumplió con su promesa de aclarar la etapa represiva y sancionar a los responsables. Los portavoces oficiales responden que han hecho su mejor esfuerzo, pero que hay barreras legales que les impidieron avanzar con mayor celeridad.
El jefe de la Fiscalía Especial, Ignacio Carrillo, declaró que su trabajo pudo haber sido mucho más efectivo si las diversas fuerzas políticas del país hubieran adoptado acuerdos y reformas legales para apoyarlo.
El PRI se negó a validar la revisión del pasado y siempre sostuvo que ese análisis lo único que buscaba era perjudicarlo políticamente.
