Dos periodistas de Venezuela que investigaron el asesinato de un fiscal en 2004 y desacreditaron versiones oficiales en torno al caso fueron distinguidas con un premio que reconoce a los mejores informes sobre corrupción en países latinoamericanos.
Laura Weffer, del diario El Nacional, y Tamoa Calzadilla, de Últimas Noticias, ganaron el primer puesto del Premio a la Mejor Investigación Periodística de un Caso de Corrupción en América Latina y el Caribe 2005, entregado por el independiente Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y Transparencia Internacional, con auspicio de la organización académica Open Society Institute.
Weffer sacó a la luz datos que echaron por tierra la confiabilidad del principal testigo con el que contaba la Fiscalía General de Venezuela para responsabilizar a sectores de la oposición por el asesinato del fiscal Danilo Anderson en noviembre de 2004 en un atentado con bombas.
De todas formas, la Fiscalía General mantuvo al testigo como pieza clave de las indagaciones.
Por su parte, Calzadilla aportó información clave sobre la identidad de Anderson.
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El fiscal investigaba al líder empresarial Pedro Carmona, quien con apoyo de altos mandos castrenses se autoproclamó presidente provisional el 12 de abril de 2002, pero que, antes de cumplirse 48 horas del golpe de Estado, fue desalojado por militares y civiles constitucionalistas que devolvieron el gobierno a Chávez.
La administración de Chávez atribuyó el atentado contra Anderson a "golpistas de oposición" que intentaban frenar sus investigaciones. En tanto, Calzadilla descubrió irregularidades en las actividades del funcionario, que podrían estar relacionadas con el crimen.
Mientras el fiscal era sepultado con honores y condecorado en forma póstuma con el máximo grado de la "Orden Libertador", la periodista reveló que Anderson había escondido una caja fuerte con dinero de origen ilícito, tenía una máquina para contar billetes y poseía bienes que difícilmente pudo haber pagado con sus ingresos habituales.
El director ejecutivo de IPYS, Ricardo Uceda, aclaró a IPS que el premio entregado en la víspera no tuvo motivación política, y subrayó que la decisión fue tomada por un jurado integrado por prestigiosos periodistas que priorizaron la calidad informativa y el esfuerzo de búsqueda de datos y fuentes.
"El jurado no hizo un juicio político de los trabajos. Premió a quienes, por su empeño, han revelado una verdad que se mantenía oculta por distintos intereses. Y también ha valorado el impacto, la repercusión y la presentación de los trabajos. Estamos hablando en rigor de un premio periodístico", afirmó.
El segundo lugar del concurso, en el que participaron 139 periodistas de 17 países latinoamericanos, también fue compartido.
El periodista Jorge Morales, del diario mexicano El Imparcial, reveló que diputados del Congreso legislativo del noroccidental estado de Sonora tramitaron un crédito y procuraron que, con la aprobación de una ley, la deuda fuera asumida por el gobierno estadual.
Los periodistas Giannina Segnini, Ernesto Rivera y Mauricio Herrera, del periódico costarricense La Nación, que en la edición de 2004 habían ganado el primer premio, obtuvieron esta vez un reconocimiento por revelar los sobornos pagados por la empresa canadiense EBI para obtener la concesión de obras en el sistema sanitario de San José.
El jurado estuvo compuesto por Marcelo Beraba, del diario brasileño Folha de Sao Paulo, Gustavo Gorriti, de la revista peruana Caretas, Michael Reid, de la revista británica The Economist, Gerardo Reyes y Tina Rosenberg, de los diarios estadounidenses El Nuevo Herald y The New York Times respectivamente.
Los jueces hicieron una mención especial a dos periodistas por su esfuerzo en denunciar actos de corrupción en el ámbito parlamentario y judicial. Se trata de los brasileños Policarpo Junior, de la revista Veja, y Renata Lo Prete, de Folha de Sao Paulo.
Uceda dijo a IPS que no necesariamente las mejores investigaciones periodísticas se hacen en situaciones extremas o adversas, como parece indicar el caso de las venezolanas, que habrían recibido presiones de parte del gobierno.
Durante su investigación, Calzadilla publicó las actas judiciales que contenían las declaraciones de los testigos, por lo que fue citada por las autoridades.
"A pesar de que la Constitución nos da el derecho de reservar nuestras fuentes, me interrogaron cuatro horas. Intentaron intimidarme diciéndome que había cometido delito. Yo me resistí a revelar a mis fuentes", dijo a IPS.
Mientras, Weffer fue acusada por Caracas de participar de un complot mediático contra el presidente.
"El año pasado se premió a periodistas de La Nación de Costa Rica por (denunciar) un caso de sobornos que involucró a la compañía francesa Alcatel y que obligó a la renuncia del entonces secretario general de la OEA (Organización de Estados Americanos), Miguel Ángel Rodríguez", presidente costarricense entre 1998 y 2002, destacó Uceda.
"En Costa Rica no existen las mismas condiciones en las que trabajan los periodistas de Venezuela", explicó.
"Y un periodista de La Prensa de Nicaragua, que descubrió el enriquecimiento ilícito del ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2002), hizo su labor en un país que vive en democracia. No hay, pues, un patrón. El premio no es al coraje periodístico sino a la eficiencia investigativa", añadió.
Weffer explicó a IPS que inició su trabajo al respecto "por simple sentido común".
La periodista descubrió que el principal testigo de la Fiscalía General, el colombiano Geovanny Vásquez, no era psiquiatra ni agente del Buró Federal de Inteligencia (FBI) de Estados Unidos ni un infiltrado de la inteligencia colombiana en las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, como señaló el gobierno de Chávez.
"Me pregunté quién era el famoso testigo clave de la Fiscalía y me dirigí a la Asociación de Psiquiatría de Colombia para verificar si Geovanny Vásquez estaba registrado. No sabía lo que iba a encontrar. Al confirmar que no era psiquiatra, allí comencé a investigar quién era ese personaje y por qué la Fiscalía sostenía que era su principal testigo", explicó Weffer.
"Vásquez llegó a decir durante un interrogatorio que fue testigo de una reunión donde se planificó el asesinato del fiscal Danilo Anderson, pero luego comprobamos que era imposible porque en ese tiempo Vásquez estaba preso", indicó.
"En Venezuela no hay un sistema de protección de testigos como en Estados Unidos, pero el gobierno venezolano protege a Vásquez. Es más, en una declaración llegó a decir que instruyó a los asesinos cómo conseguir que la explosión fuera más potente para matar al fiscal Anderson. Con esa confesión basta para que vaya preso como cómplice, pero la justicia no lo hace", añadió.
Por su parte, Calzadilla acusó a las autoridades venezolanas de dificultar el acceso a la información oficial.
"Yo tuve que usar fuentes no oficiales para descubrir al verdadero Danilo Anderson, porque aquí hay mucho miedo y muchos obstáculos. Por eso, el premio de IPYS es importante, porque nos alienta a seguir luchando", afirmó.
