España sigue creando mecanismos para combatir la violencia de género ante el creciente número de casos de agresiones: este miércoles constituyó el Observatorio Estatal sobre Violencia contra la Mujer, y el viernes el Consejo de Ministros remitió al parlamento la ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
El observatorio, un órgano interministerial con participación de la sociedad civil y coordinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, asesorará al gobierno, mediante propuestas elaboradas a partir del monitoreo y evaluación de las políticas y planes dirigidos a eliminación de la violencia de género.
Para ello acopiará cuanta información obre o llegue a las instituciones públicas y privadas implicadas de manera directa o indirecta en el combate a la violencia de género, es decir aquella que se dirige contra "las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión".
Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó el viernes el proyecto de Ley Orgánica de Igualdad entre Mujeres y Hombres, el cual fue remitido al parlamento para su debate, y su aprobación se espera para el segundo semestre de este año.
Pese a la promulgación de estas y otras normas y planes, la filial española de Amnistía Internacional (AI) reveló que en lo que va de este año se han registrado las más altas cifras de asesinatos de mujeres desde 1999. Al 31 de mayo 2006, 32 españolas fueron muertas a manos de sus parejas o ex parejas, indicó AI.
Tras cumplirse un año de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral ante la Violencia de Género, AI identificó 24 obstáculos con que se tropiezan las mujeres víctimas al intentar defender sus derechos.
Entre ellos sobresale la falta de acceso a servicios de defensoría de calidad, prestadores de servicios no siempre capacitados y falta de facilitación por parte de los juzgados para hacer valer los derechos de las mujeres.
El presidente de AI España, Esteban Beltrán, dijo a IPS que un dato positivo es que cada vez más mujeres se atreven a denunciar. En 2005 se registraron 73.109 denuncias, y en 47.616 de estos casos las denunciantes obtuvieron "orden de protección" policial.
Pero, añadió, en 22,7 por ciento de los casos la protección fue denegada "y en muchos casos sin fundamentar la razón del rechazo". Eso es particularmente grave, opinó Beltrán, porque esa orden es requisito indispensable para lograr apoyo económico y asistencia para vivienda.
Soledad Murillo, secretaria general de Políticas de Igualdad e impulsora de la ley y del observatorio, sostiene que esas acciones por sí mismas no acabarán "de un plumazo" con la violencia de género. Para conseguirlo, señala, es necesario aumentar la conciencia social sobre este problema, y en especial convencer "a las víctimas que tienen apoyo, que no están solas", para que se animen a presentar las denuncias y no sigan soportando el maltrato.
Otra integrante del observatorio y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Monserrat Comas, sostiene que hay determinados estereotipos que son "cómplices" de la violencia. Como ejemplo, recuerda que "la superioridad del hombre sobre la mujer es una de esas creencias que de algún modo se mantiene en España", y que contribuye tanto a que se produzca la violencia, como a que no siempre se denuncie y combata.
Ante quienes criticaron la ley de violencia de género por considerarla "sexista", Comas rechazó contundentemente las críticas. Y dijo que "hay quienes opinan que es inconstitucional alegando que deja desprotegidos a los menores, los ancianos y los hombres, pero esto no es cierto, en ningún caso se trata de una ley sexista".
Esta ley, explicó Comas "en ningún caso pretende proteger a todas las mujeres contra todos los ataques de todos los hombres, sino que sólo protege en el ámbito de la pareja porque es en esta relación sentimental en la que existe una mayor vulnerabilidad de las mujeres".
Cincuenta y siete por ciento de las 6.459 mujeres que se encuentran bajo protección policial son extranjeras, según el informe de AI. No obstante, se estima que la cantidad de extranjeras víctimas de violencia de género es mayor, ya que muchas no denuncian.
AI expresa en el informe su preocupación por el hecho de que las mujeres extranjeras que carecen de permiso de residencia y que denuncian la violencia que soportan suelen acabar con una orden de deportación. Además, las inmigrantes en situación irregular tampoco pueden recibir las ayudas previstas en la ley para las víctimas de malos tratos.
El acto de constitución del observatorio fue encabezado por Soledad Murillo, secretaria general de Políticas de Igualdad, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del gobierno presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
La dirección del nuevo organismo quedó integrada por 12 vocales representantes de instituciones públicas, dos expertos y otros 13 vocales representantes de los agentes sociales, organizaciones y asociaciones cívicas, además de cinco vocales que representan a las organizaciones de mujeres.
Entre estas organizaciones se destacan la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Federación de Mujeres Progresistas, la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres para la Democracia, la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas y la Fundación Mujeres.
