Estados Unidos volvió a invocar el «secreto de Estado» al alegar que el juicio público por una demanda contra un ex director de la CIA conduciría a revelar información perjudicial para la seguridad nacional del país.
Alguna vez poco usado, en los últimos cinco años el privilegio de los "secretos de Estado" se convirtió en defensa de rutina utilizada por el gobierno de George W. Bush para evitar que las demandas lleguen a un juicio.
El caso actual involucra una demanda presentada por el ciudadano alemán Khalid El-Masri, quien estaba de vacaciones en Macedonia cuando fue secuestrado y transportado a un centro clandestino de detenciones administrado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Afganistán. Tras varios meses de confinamiento en condiciones miserables, fue abandonado en una colina de Albania sin ninguna explicación. Nunca se lo acusó de ningún delito.
El-Masri, quien es representado por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), busca un pedido de disculpa y una indemnización por daños y perjuicios de parte de la CIA. La primera —y tal vez última— audiencia por el caso tuvo lugar la semana pasada, ante un tribunal federal de Alexandria, en el oriental estado de Virginia.
El litigante acusa al ex director de la CIA George Tenet, a otros funcionarios de esa agencia y a cuatro líneas aéreas internacionales con sede en Estados Unidos de violaciones a las leyes universales sobre derechos humanos. El-Masri alega que fue "victimizado por la política de 'entregas extraordinarias' (de prisioneros) de la CIA".
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Las "entregas extraordinarias" (rendition en inglés) a las que viene recurriendo Washington en su guerra contra el terrorismo consisten en trasladar prisioneros a países en los que se practica la tortura.
Al-Masri relató que tomó un autobús de Alemania a Macedonia, donde agentes macedonios le confiscaron su pasaporte y lo detuvieron durante 23 días, sin permitirle el acceso a nadie, incluida su esposa.
Luego le pusieron un pañal, un cinturón con cadenas a sus muñecas y tobillos, orejeras, una venda en los ojos y una capucha. Lo colocaron en un avión, con sus piernas y brazos extendidos y asegurados al piso.
Lo drogaron y así viajó a Afganistán, donde fue mantenido en confinamiento solitario durante cinco meses, antes de ser abandonado en una remota zona rural de Albania.
Él dice que el avión que lo transportó a Afganistán fue arrendado por la CIA, y que fueron agentes de la CIA los responsables de su entrega a ese país.
Las aerolíneas acusadas de transportarlo durante su detención también son protegidas por el privilegio de los "secretos de Estado". Un juez federal debe decidir si acepta el argumento del gobierno y desestima el caso, pero un portavoz de ACLU dijo a IPS que esto podría llevar semanas o meses.
Una investigación parlamentaria en torno al secuestro de El-Masri también está en curso en Alemania.
Hablando desde ese país en una conferencia de prensa telefónica convocada el viernes por ACLU, El-Masri dijo, en respuesta a una pregunta de IPS, que su objetivo era lograr una explicación y una disculpa de la CIA.
Según Beau Grosscup, profesor de relaciones internacionales en la Universidad estatal de California y experto en terrorismo, las garantías diplomáticas son jaqueadas "por los programas de 'contrainsurgencia' del ejército, la policía y la inteligencia que las dos superpotencias de la guerra fría instituyeron y todavía controlan en muchos de estos países que entrenan a personal policial y militar en materia de tortura".
"La actitud real que conduce a los esfuerzos de 'entregas' es: 'Ya que pagamos para entrenarlos en la tortura, ¿por qué no hacer valer nuestro dinero?'", dijo a IPS.
Durante su primera reunión con la canciller (primera ministra) alemana Angela Merkel, la secretaria de Estado (ministra de Relaciones Exteriores) estadounidense, Condoleezza Rice, admitió que el secuestro y la detención de El-Masri fueron resultado de un "error" de la CIA.
El incidente amenazó con agriar las relaciones entre Estados Unidos y Alemania, ya complicadas por la oposición alemana a la invasión estadounidense de Iraq en 2003.
Rice defendió la práctica de las "entregas" de prisioneros, diciendo que eran una herramienta vital en la guerra contra el terrorismo. Sin embargo, afirmó que Estados Unidos "no envía a nadie a un país para ser torturado".
"Estados Unidos no transportó a nadie, y no transportará a nadie, a un país cuando creemos que será torturado", aseguró. "Donde es apropiado (hacerlo), Estados Unidos busca garantías de que las personas transferidas no serán torturadas".
Pero la mayoría de los expertos en derechos humanos y asuntos exteriores creen que tales "garantías diplomáticas" no tienen ningún valor. Hay amplia evidencia de que los detenidos que son "entregados" a otros países frecuentemente son torturados, afirman.
Estados Unidos entregó a prisioneros a varios países que tienen antecedentes malos en materia de derechos humanos, como Egipto, Jordania, Siria, Afganistán y Argelia. Y también a presuntas cárceles secretas de la CIA en Europa oriental.
La existencia de esas prisiones fue revelada por The Washington Post. El periódico informó que los detenidos eran habitualmente torturados, utilizando técnicas como el "waterboarding", equivalente al "submarino", que consiste en introducir la cabeza del detenido en un tanque de agua mientras se le sujeta por los pies hasta el límite del ahogo.
El diario también describió falsas ejecuciones, encadenamiento prolongado, amenazas con perros y "celda fría", en la que los prisioneros son mantenidos desnudos a bajas temperaturas y empapados con agua fría.
La semana pasada, un comité especial del Parlamento Europeo emitió un informe según el cual en varias ocasiones la CIA secuestró y detuvo ilegalmente a individuos en países de Europa. El informe también halló que la CIA usó secretamente aerolíneas para transferir personas a países como Egipto y Afganistán, que habitualmente emplean la tortura en los interrogatorios.
Se sabe que las entregas de prisioneros fueron una práctica implementada por la CIA durante algunos años. Pero su frecuencia aumentó exponencialmente luego del 11 de septiembre de 2001. A partir de ese momento, se informó de decenas de prisioneros que fueron secuestrados en Italia, Suecia y otros países europeos. Actualmente Italia demanda a Estados Unidos por el secuestro de un ciudadano italiano en su propio territorio.
El Senado de Estados Unidos aprobó una enmienda según la cual el secretario (ministro) de Defensa debe informar al Congreso legislativo sobre las prisiones secretas que el país administra en otros países.
La semana pasada, Estados Unidos nuevamente negó al Comité Internacional de la Cruz Roja el acceso a sospechosos de terrorismo presos en cárceles secretas.
Jakob Kellenberger, presidente del Comité, deploró que las autoridades de Estados Unidos no hubieran actuado para posibilitar ese acceso, dijo la agencia con sede en Ginebra.
"No importa cuán legítimos sean los motivos para la detención, no hay derecho a ocultar el paradero de una persona o a negar que él o ella están detenidos", afirmó.
El ex diplomático suizo dijo que el Comité continuaría buscando acceso a esas personas como asunto prioritario.
Investigadores del Parlamento Europeo informaron el mes pasado que tenían evidencia de que la CIA había dirigido 1.000 vuelos no declarados sobre Europa desde 2001, en algunos casos transportando a sospechosos de terrorismo secuestrados dentro de la Unión Europea a países conocidos por usar la tortura.
Pero en una comparecencia ante el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el principal abogado del Departamento de Estado calificó de "absurdas" las acusaciones de que los prisioneros que eran entregados estaban en todos esos vuelos.
Y añadió que los presuntos terroristas podían constituir una amenaza a la seguridad si se les permitía reunirse con representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Dirigiéndose a los periodistas luego de la audiencia, John Bellinger dijo que las disposiciones de la Convención contra la Tortura que prohíben transferir detenidos a países donde podrían ser torturados no se aplica a las transferencias de detenidos "que tienen lugar fuera de Estados Unidos".
Agregó, sin embargo, que Estados Unidos, aplicó como asunto político exactamente los mismos estándares" a tales transferencias.
El privilegio de los "secretos de Estado" usados por el gobierno en el caso El-Masri es parte de una serie de precedentes legales que permiten al gobierno federal desestimar casos legales que alega amenazan la política exterior, la inteligencia militar o la seguridad nacional.
Legado de la guerra fría, el secreto fue invocado varias veces desde el 11 de septiembre de 2001, fecha de los ataques contra Nueva York y Washington. Los jueces negaron ese privilegio solamente en cinco ocasiones.
