DERECHOS HUMANOS-ESTADOS UNIDOS: Otra guerra contra la mala fama

Una nutrida delegación de juristas y funcionarios de Estados Unidos debatió vigorosamente este viernes ante el Comité contra la Tortura de la ONU intentando borrar el estigma de ese grave abuso que pesa sobre el gobierno de su país desde que comenzó la guerra contra el terrorismo.

Con ese designio, el jefe de la delegación estadounidense, John B. Bellinger, consejero jurídico del Departamento de Estado (cancillería), aseguró que el gobierno reiteraba su compromiso absoluto con sus obligaciones nacionales e internacionales para la erradicación de la tortura y para prevenir los tratos o castigos crueles, inhumanos y degradantes.

Cuando se presentan denuncias de torturas, incluso contra funcionarios gubernamentales, se investigan, y, en casos justificados, se abren los procesos, sostuvo otro delegado estadounidense, el subsecretario de Estado para la democracia, los derechos humanos y el trabajo, Barry F. Lowenkron.

Apoyada en esos argumentos, la defensa del gobierno de Estados Unidos se desarrolló por las líneas previsibles, comentó a IPS el miembro del Comité, Fernando Mariño Menéndez, relator del caso estadounidense que comenzó a debatirse este viernes y concluirá el lunes.

Lowenkron expuso que abusos como los perpetrados en la cárcel iraquí de Abu Ghraib, bajo control estadounidense, "exasperan al pueblo de Estados Unidos tanto como horrorizan a los pueblos de todo el mundo. Fueron inexcusables e indefendibles", insistió.
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Pero Bellinger advirtió que esos incidentes no formaban parte de un sistema. "Les pido que no crean cada denuncia que escuchen", dijo.

Las acusaciones sobre actividades militares o de inteligencia de Estados Unidos "se han vuelto tan hiperbólicas (exageradas) como absurdas", dijo el funcionario a los 10 miembros independientes y no remunerados que integran el Comité contra la Tortura de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).

Lowenkron refirió que el Departamento (ministerio) de Defensa ha realizado 12 investigaciones sobre los abusos de Abu Ghraib y que 250 personas han sido declaradas culpables de violaciones contra los detenidos. "Cuando cometemos errores, adoptamos las medidas correctivas", insistió.

La visión se completó con el cuadro de la situación en la cárcel que funciona en la base naval estadounidense asentada en la bahía cubana de Guantánamo. Más de 1.000 periodistas internacionales han viajado a Guantánamo para interiorizarse del funcionamiento del presidio que alberga a unos 500 detenidos de distintas nacionalidades.

Un grupo parlamentario de la Organización para la Cooperación y la Seguridad Europea (OCSE) también visitó la base naval y uno de sus miembros dijo a los periodistas que había encontrado una "prisión modelo", dijo Lowenkron al Comité.

Por su parte, los miembros del Comité indagaron a la delegación estadounidense sobre dos aspectos, uno referido a cuestiones internas del país, en particular al problema de las cárceles y del maltrato a las mujeres, que fue planteado por Nora Sveaass, de Noruega.

Sveaass habló de la violencia sexual contra las mujeres detenidas en Estados Unidos y preguntó si el personal carcelario recibía capacitación incluyendo la dimensión de género.

El segundo aspecto se concentró en la legislación estadounidense sobre la tortura y en las relaciones entre este tipo de violación de los derechos humanos y las acciones que el país libra contra el terrorismo después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra su territorio.

Mariño Menéndez estimó que la delegación estadounidense "va a tener que trabajar un poco en el tema de la definición de tortura". Tendrán que justificar por qué "no tienen un delito federal de tortura", dijo.

El sistema jurídico estadounidense dispone de otras figuras delictivas que "pueden cubrir o no todos los casos de tortura, pero sin especificidad", comentó el académico español a IPS. En consecuencia, Estados Unidos no ha incorporado a su legislación la totalidad de las estipulaciones del artículo primero de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, donde se define la figura delictiva.

Eso emborrona la distinción entre tortura, por un lado, y tratos o castigos crueles, inhumanos y degradantes, por otro, dijo.

Por esa imprecisión se permiten divagaciones acerca de cuáles son las técnicas de interrogatorios permisibles, como ocurrió con dos memorandos emitidos por el gobierno de Estados Unidos en 2002 y 2004, se quejó el relator del caso estadounidense.

Mariño Menéndez adelantó que en la próxima sesión habrá un diálogo sobre la interpretación que Estados Unidos da a las leyes especiales, por las cuales no aplica la Convención contra la Tortura, en vigor desde 1987, en casos de conflictos armados. Los delegados estadounidenses "tienen que explicar con gran claridad si esa es su posición", repitió.

"¿Acaso sostienen que todavía están envueltos en un conflicto armado contra el terrorismo?", preguntó. "Estados Unidos debe fundar la idea de que todavía hay un conflicto armado en el sentido del derecho internacional, cosa que yo creo más bien discutible", declaró.

Jennifer Daskal, directora en Washington de la organización internacional Human Rights Watch, se manifestó reconfortada por el vigor de las preguntas de los miembros del Comité.

"Los integrantes del cuerpo plantearon cuestiones muy importantes, como la definición de tortura, la falta de responsabilidad penal y de rendición de cuentas de los perpetradores de los abusos, y la situación de los detenidos incomunicados", expuso Daskal a IPS.

Daniel Gorevan, de Amnistía Internacional, reconoció con agrado que los miembros del Comité utilizaron muchos de los argumentos aportados por su organización y por otras entidades de derechos humanos.

"El problema reside en que Estados Unidos expande el uso de la tortura y de los tratos crueles a inhumanos tanto en la guerra contra el terrorismo como en otras acciones en el interior de su mismo país", dijo Gorevan a IPS.

"Confiamos en que las recomendaciones del Comité, que se conocerán el 19 de mayo, resulten un aporte positivo que favorezca un cambio en las políticas de Estados Unidos como consecuencia de este proceso", insistió..

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