La situación humanitaria en la occidental zona sudanesa de Darfur se torna cada vez más sombría, pese a la firma de un acuerdo de paz y la decisión de Jartum de autorizar una misión de evaluación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En las últimas semanas se reportaron nuevos ataques contra aldeas y campamentos de refugiados por parte de las milicias árabes Janjaweed ("hombres a caballo", en árabe), respaldadas por el gobierno, así como enfrentamientos entre las diferentes facciones rebeldes.
Más de 700.000 personas desplazadas en la zona estarían hoy sin acceso a ayuda humanitaria, según agencias de la ONU.
El jueves pasado, el cuartel general del Ejército Sudanés de Liberación (SLA), principal grupo rebelde que firmó con el gobierno el Acuerdo de Paz para Darfur el 5 de este mes, fue atacado por el rival Movimiento por la Justicia y la Igualdad, que rechaza el pacto.
Al mismo tiempo, los Janjaweed operan en el este de Chad, cuyo presidente, Idriss Deby, habría retirado al ejército de la frontera para vigilar solamente las localidades y las guarniciones de la zona.
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Como resultado, la seguridad en gran parte de Chad ha virtualmente colapsado, y los trabajadores humanitarios fueron expulsados, dejando a más de 350.000 personas, tanto chadianos como refugiados sudaneses, lejos del alcance de la asistencia internacional, alertaron funcionarios de la ONU y grupos defensores de los derechos humanos.
"Las milicias sudanesas avanzan cada vez más en Chad y saquean aldeas", indicó Peter Takirambudde, director para África de la organización internacional Human Rights Watch (HRW), que la semana pasada denunció una masacre de más de 100 aldeanos supuestamente perpetrada en abril por los Janjaweed y colaboradores chadianos.
La propagación de la violencia motivó el viernes pasado un pedido conjunto de HRW, Amnistía Internacional y el Grupo Internacional de Crisis (ICG, por sus siglas en inglés) al Consejo de Seguridad de la ONU para un despliegue urgente de una fuerza de paz a más tardar el 1 de octubre, con el fin de proteger a los civiles.
Esa misión ocuparía el lugar de un contingente de la Unión Africana que, sin autoridad para el uso de la fuerza a excepción de la defensa propia, y con sólo 7.000 efectivos, no ha logrado garantizar la seguridad en Darfur, una zona de similar tamaño al territorio de Francia.
"La necesidad más urgente de Darfur es el despliegue sin demora de una fuerza internacional significativamente más fuerte", señalaron los directores de las tres organizaciones en una carta enviada al Consejo de Seguridad.
Subrayando que ese organismo reconoció formalmente el mes pasado su "responsabilidad de proteger" a los civiles en conflictos armados, los grupos arguyeron que el foro mundial afronta hoy una "prueba clave" de su compromiso en Darfur, donde por lo menos 400.000 personas han muerto a causa de la violencia en los últimos tres años.
Los problemas de Darfur, reino independiente anexado por Sudán en 1917, comenzaron en los años 70 como una disputa por las tierras de pastoreo entre nómadas árabes y agricultores indígenas negros. Ambas comunidades étnicas comparten la fe islámica.
Pero la tensión se transformó en una guerra civil en febrero de 2003, cuando guerrilleros negros respondieron con violencia al hostigamiento de las milicias Janjaweed.
Los Janjaweed son acusados de llevar adelante una campaña de limpieza étnica contra tres tribus negras que respaldan a los dos grupos guerrilleros. Se presume que las milicias árabes tienen apoyo de Jartum, o que éste hace la vista gorda ante sus crímenes..
"El Consejo de Seguridad debe cumplir con su 'responsabilidad de proteger' a los civiles sudaneses de futuros ataques, presionando a Jartum para que deje de dar rodeos y acepte el ingreso de una robusta fuerza de la ONU", sostuvo el presidente del ICG, Gareth Evans.
"Mientras, los esfuerzos de la Unión Africana en Darfur deben ser respaldados y fortalecidos para proteger mejor a los civiles", añadió.
La creciente sensación de alarma hundió las esperanzas de paz motivadas por los últimos avances, entre ellos el acuerdo entre el SLA y Jartum a inicios de este mes y la aprobación unánime en el Consejo de Seguridad de la ONU de una resolución llamando al gobierno sudanés a permitir el ingreso a Darfur de una misión de expertos.
El hecho de que la resolución invocara el capítulo 7 de la Carta de la ONU —que implícitamente amenazaba con el uso de la fuerza si Jartum se negaba a acceder para el 23 de este mes— fue considerado un gran avance de parte de los diplomáticos estadounidenses, quienes ejercieron la mayor presión para tratar el tema en el seno del Consejo de Seguridad.
La administración de George W. Bush en varios casos calificó de "genocidio" la situación en Darfur.
Luego de reunirse la semana pasada con el presidente sudanés Omar Hassan Al Bashir, el enviado especial de la ONU, Lakhdar Brahimi, anunció que Jartum había aceptado permitir el ingreso a Darfur de una misión del foro mundial para evaluar la situación humanitaria.
Esta noticia fue reconocida como un gran logro tanto por la ONU como por el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos.
Pero apenas Brahimi abandonó Jartum, las autoridades sudanesas aclararon a periodistas que el ingreso del equipo de evaluación no necesariamente abría la puerta a un eventual despliegue de una fuerza de paz internacional.
"El papel de la ONU aún no ha sido decidido", dijo el asesor presidencial Mustafá Osman Ismail. "¿Será un papel humanitario, de evaluación del cese al fuego, o de mantenimiento de paz?", preguntó, sugiriendo que todavía están por negociarse esos detalles.
Analistas sostienen que se trata de una estrategia de demora de parte de Jartum, que se siente más fuerte tras al acuerdo de paz con el SLA y ante el agravamiento de los enfrentamientos entre los grupos rebeldes.
El gobierno sudanés está ahora en mejor posición para responsabilizar a los rebeldes de la violencia y confía en que disminuirá la presión internacional para una intervención en Darfur, ya que a los ojos del mundo la situación parece aun más complicada que antes.
