CHILE: Fantasmas de Berríos y Frei Montalva rondan a Pinochet

El ex dictador Augusto Pinochet dio personalmente la orden de asesinar al químico y agente represivo Eugenio Berríos, aseguró este jueves el abogado de la familia del ex presidente Eduardo Frei Montalva, quien agregó que en el fallecimiento de éste en 1982 actuó también la «maquinaria de la muerte» creada en Chile bajo el régimen militar.

Las aseveraciones del abogado Álvaro Varela se produjeron un día después de que el juez Alejandro Madrid solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago el levantamiento de la inmunidad penal de Pinochet, denunciado por uno de sus ex subordinados como autor de la orden de sacar clandestinamente de Chile a Berríos en octubre de 1991.

El general retirado Hernán Ramírez, jefe en ese entonces de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), fue quien entregó hace tres semanas al juez Madrid el testimonio que involucra al ex dictador en la operación que culminó entre fines de 1992 y comienzos de 1993 en Uruguay con el asesinato de Berríos.

"Está claramente probado, y directamente probado, con pruebas directas y de primera mano, que la orden de la 'operación Berríos' la dio Pinochet, y ocurre que esa orden la dio además en presencia de varios generales y en un recinto militar", afirmó Varela en declaraciones a una emisora de Santiago.

Berríos, un especialista en la fabricación de gases tóxicos y otras armas letales, fue agente de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), primer cuerpo de policía secreta de la dictadura de Pinochet (1973-1990), que fue disuelto en 1978.

Efectivos de la DINE sacaron al científico de Chile en 1991 para impedir que testificara en el proceso por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, cometido por la DINA en Washington en 1976, y lo trasladaron a Argentina, para luego llevarlo a Uruguay con el apoyo de ex represores y militares en servicio activo de esos dos países.

Madrid, quien está encausando a varios ex miembros de la DINE, logró también la extradición a mediados de abril de tres militares uruguayos, acusados de asociación ilícita y del secuestro de Berríos. Ellos son los coroneles Tomás Casella (retirado) y Wellington Sarli y el teniente coronel Eduardo Radaelli.

Fuentes cercanas a la investigación judicial confirmaron a IPS que los testimonios de los oficiales uruguayos ratificaron el conocimiento directo que tenía Pinochet de la operación para sustraer a Berríos de la justicia chilena y más tarde eliminarlo.

Pinochet entregó el gobierno en marzo de 1990 al presidente Patricio Aylwin pero se mantuvo como comandante en jefe del ejército hasta marzo de 1998, y en esa condición viajó en febrero de 1993 a Uruguay, donde Casella fue su edecán, según demuestran numerosas fotografías.

Berrios habría sido asesinado en ese mismo período, aunque su cadáver, con señales de dos impactos de bala en la cabeza, apareció en una playa cercana a Montevideo en 1995. El ex agente de la DINA estaba desaparecido desde el 15 de noviembre de 1992, cuando se presentó a un recinto policial montevideano, del cual fue sacado por Casella y Radaelli.

El secuestro y homicidio de Berríos es considerado una de las últimas operaciones de la red que se conformó desde 1975 en el Plan Cóndor, que coordinó a cuerpos represivos de las dictaduras del Cono Sur de América Latina para perseguir, asesinar y hacer desaparecer a opositores a los regímenes militares.

El abogado Varela afirmó este jueves que los avances logrados en el esclarecimiento del asesinato de Berríos contribuirán a develar la conjura que según la familia de Frei Montalva condujo al asesinato del ex mandatario demócrata cristiano (1964-1970), quien falleció en la clínica Santa María de Santiago a comienzos de 1982.

Frei, principal figura entonces de la llamada oposición democrática a Pinochet, fue operado de una hernia al hiato y murió mientras convalecía de la intervención quirúrgica debido a una infección bacterial, de acuerdo a los partes médicos.

Los hijos de Frei, entre ellos el también ex mandatario y actual presidente del Senado, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, sostienen que ese evento no fue casual, sino que Berríos desarrolló por encargo de la DINA la bacteria que le fue inyectada al dirigente opositor.

Varela dijo que "parte de ese equipo médico profesional que integró la maquinaria de la muerte (de Pinochet) trabajaba también en la clínica Santa María y tuvo presencia en la habitación del presidente Frei Montalva en el período que él estuvo hospitalizado, según se ha acreditado" en las investigaciones judiciales.

El abogado aseguró que el ejército de Chile dispone de todos los antecedentes que comprueban la participación de Pinochet en el caso Berríos, aseveración negada por el también abogado Pablo Rodríguez, defensor del ex dictador en las cinco causas que hoy enfrenta ante los tribunales.

Rodríguez dijo desconocer la declaración hecha al juez Madrid por el general Ramírez, pero añadió que tenía la "certeza absoluta" de la inocencia del nonagenario ex dictador. "Sería absurdo que el general Pinochet hubiera dado una orden de esa naturaleza" de secuestrar y eliminar a Berríos, indicó.

Según el abogado defensor, el pedido de desafuero de Pinochet hecho por Madrid tiene como único objetivo investigarlo para establecer la responsabilidad que le cupo en las acciones de la DINE en su calidad de comandante en jefe del ejército en esos años.

Sin embargo, el propio magistrado aclaró el martes que solicitaba el levantamiento de la inmunidad penal de Pinochet con base en "prueba directa, no en responsabilidad de mando" y si bien se abstuvo de especificar si el ex dictador podría ser acusado como autor del delito, admitió que por lo menos le cupo "participación" en el caso Berríos.

Rodríguez reiteró que Pinochet no estaba en condiciones de defenderse de las acusaciones debido a su avanzada edad y su estado de salud, remitiéndose así al argumento de la demencia senil que ha librado al ex dictador de otros procesamientos.

Andrés Zaldívar, ministro del Interior, quien reemplaza con el rango de vicepresidente a la presidenta Michelle Bachelet, de gira en el exterior, manifestó su convencimiento de que el ejército entregará los antecedentes que, según el abogado Varela, posee sobre el caso Berríos.

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