El Día de los Caídos, jornada en que se recuerda en Estados Unidos a los soldados muertos en servicio, transcurrió este lunes en un difícil momento para las fuerzas armadas y para el gobierno de George W. Bush.
El choque de un vehículo militar estadounidense en Kabul con automóviles civiles desató el peor estallido de manifestaciones contra el gobierno de Bush en la capital afgana desde la caída del régimen islamista de Talibán a fines de 2001.
Mientras, docenas de personas, entre ellos dos británicos integrantes de un equipo del canal de televisión estadounidense CBS News, morían en ataques con armas de fuego y explosivos en todo Iraq.
Los disturbios que siguieron al incidente en Afganistán, en el cual murieron al menos una docena de personas —algunas, según diversas versiones, a manos de soldados estadounidenses—, dejaron en evidencia el resentimiento de la población hacia las tropas extranjeras en ese país.
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El episodio desvió temporalmente la atención del resurgimiento de las fuerzas de Talibán en las zonas donde predomina la mayoría pashtun (patana), en las que una serie de violentos choques segaron la vida de cientos de personas en las últimas dos semanas.
"La de Afganistán es la crisis dormida de este verano" boreal, dijo al diario The New York Times el director del académico Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, John Hamre.
"Algunos funcionarios" estadounidenses están preocupados ante la posibilidad de "quedar atados a una batalla prolongada mientras el control se le escapa de las manos al gobierno central", según Hamre.
Estas preocupaciones podrían implicar que no se reduzca en varios miles de soldados los 20.000 ya desplegados en Afganistán para remplazarlos con otros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), según funcionarios en Washington.
En Iraq, el flamante gobierno del primer ministro Nouri Al-Maliki aún lucha por acordar con otros políticos el nombre de los futuros ministros de Defensa e Interior y mecanismos para acabar con la violencia y los choques entre comunidades religiosas, en especial en Bagdad.
La posibilidad de que se desbaraten los planes para que vuelvan a casa al menos 30.000 de los 133.000 soldados estadounidenses hoy apostados en Iraq antes de las elecciones legislativas parciales de noviembre en el país norteamericano pone nerviosos a legisladores y candidatos del gobernante Partido Republicano.
Los políticos oficialistas estadounidenses saben que la impopularidad de la guerra y del propio presidente Bush es un lastre para sus ambiciones electorales.
La situación en los dos países musulmanes constituye un cuestionamiento serio a las declaraciones de "victoria total" de Bush, la última de ellas pronunciada el sábado en la ceremonia de graduación de la Academia Militar en West Point.
Pero este Día de los Caídos es aun más luctuoso tras la divulgación de un informe oficial que da crédito a versiones sobre una masacre en noviembre de hasta dos docenas de iraquíes desarmados, entre ellos una bebé de cinco meses, a manos de infantes de Marina (marines) estadounidenses en la localidad iraquí de Haditha.
El episodio fue conocido por primera vez por el público de Estados Unidos a través de la revista Time, en marzo. El baño de sangre, que duró entre tres y cinco horas, ha sido comparado con la masacre de 1968 en My Lai, que terminó de volcar la opinión pública estadounidense contra la guerra de Vietnam.
La carnicería de Haditha habría sido detallada la semana pasada por altos funcionarios militares y funcionarios del Departamento (ministerio) de Defensa a legisladores, en sesiones a puertas cerradas.
Los diarios The New York Times y The Washington Post, entre otros, han ofrecido relatos de la masacre sobre la base de entrevistas a testigos en Haditha, un bastión insurgente en la provincia de Al Anbar, y a versiones de segunda mano, como el del representante del opositor Partido Demócrata y marine retirado John Murtha.
Al parecer, se trató de una operación de represalia tras el atentado contra un convoy militar que causó la muerte de un marine.
En primer lugar, los soldados mataron a cinco personas a bordo de un taxi y luego invadieron dos casas, donde mataron a hombres, mujeres y niños desarmados, la mayoría mediante tiros disparados a corta distancia.
"Esto no fue la respuesta inmediata a un ataque. Eso sería una atrocidad", dijo el representante republicano y marine retirado John Kline al diario The New York Times.
Lo que empeora la situación es el intento de encubrir el incidente, con medidas tales como sembrar evidencia sobre la presencia de combatientes insurgentes armados en las casas atacadas.
La impresión de que los Marines o el Pentágono intentaron evitar el escándalo se alimentó con la falta de investigaciones serias sobre el incidente y la oferta de una compensación de 2.500 dólares por cada muerto a las familias afectadas.
"Hubo un encubrimiento. No hay dudas", dijo Murtha entrevistado por televisión el domingo. El legislador también mencionó otro caso de intento de encubrimiento, el de un grupo de marines mataron a un iraquí el mes pasado, cerca de Faluya, en lo que pareció una ejecución sumaria.
