Organizaciones de derechos humanos de Perú advirtieron que los 14 legisladores fujimoristas recién electos buscarán alguna fórmula legal para convertir en «perseguido político» al ex presidente Alberto Fujimori, detenido en Chile desde noviembre a la espera de un proceso de extradición solicitado por el Estado peruano que lo acusa de varios crímenes.
Su hija y ex primera dama durante su gobierno, Keiko Sofía Fujimori, se convirtió en la candidata al Congreso legislativo más votada del país. Cuando se ha realizado 43 por ciento del escrutinio, acumula 286.000 votos. En segundo lugar, con 94.000 votos se ubica el ex ministro del gobierno del actual mandatario Alejandro Toledo, Carlos Bruce.
Los fujimoristas lograron una extraordinaria representación de legisladores, convirtiéndose en la cuarta fuerza política en el Congreso, considerando el historial de su líder.
Cuando llevaba dos años de gobierno, Fujimori disolvió el parlamento, intervino la justicia, suspendió a los partidos políticos, y más tarde reformó la Constitución para ser reelegido. Acabó su mandato escapando a Japón y acusado de fraude electoral y de múltiples violaciones de derechos humanos.
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Durante la legislatura 2001-2006, los seguidores de Fujimori sólo contaban con cuatro representantes, de los cuales tres fueron suspendidos por haber recibido dinero del ex asesor de inteligencia del ex presidente, Vladimiro Montesinos, preso en Perú y enjuiciado por numerosos delitos económicos y violaciones de derechos humanos.
La candidata a la Presidencia de AF, la congresista Martha Chávez, ocupa un sorprendente cuarto puesto con 7,47 por ciento, relegando al quinto lugar a Valentín Paniagua (5,76 por ciento), a quien el Congreso designó como presidente cuando Fujimori se refugió en Japón y envió su renuncia por fax.
La ex ministra de Fujimori, íntima amiga y estrecha colaboradora de Montesinos, Luisa María Cuculiza, declaró que AF consideraría establecer una alianza con el partido del ganador de la primera vuelta electoral por la Presidencia, el coronel retirado Ollanta Humala.
Los humalistas obtuvieron 43 de los 120 escaños del parlamento, pero si Humala ganara en segunda vuelta, necesitaría acuerdos con otros partidos para buscar la mayoría que le permita gobernar.
Chávez rechazó la versión de Cuculiza. Pero Humala replicó que no marginaría a la bancada fujimorista de su proyecto de establecer alianzas en el Congreso. "Conversaremos con el grupo de Keiko Fujimori porque hay que respetar la voluntad del pueblo", dijo.
El eventual acercamiento de Humala al fujimorismo inquieta a las organizaciones de los derechos humanos, porque el postulante a la Presidencia está investigado por presuntas violaciones de derechos humanos y tiene entre sus más importantes asesores a ex militares que trabajaron para el régimen de Fujimori o para cómplices de Montesinos.
"Los congresistas de Alianza para el Futuro van a buscar un mecanismo para lograr la impunidad de Fujimori", dijo a IPS el representante en este país de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, Ismael Vega Díaz.
"Ante la imposibilidad de Fujimori de postular, la carta que quedaba era buscar una representación en el Congreso para concertar alianzas y reforzar su estrategia de convertirse en un perseguido político y así asegurarse la impunidad", sostuvo.
En la campaña electoral, los fujimoristas rechazaron el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que investigó la guerra contra la insurgencia maoísta, entre 1980 y 2000, y plantearon la revisión de los juicios contra militares que cometieron acciones brutales contra civiles en ese periodo.
"Varios candidatos fujimoristas hablaron de indultar o amnistiar a gente acusada de violación de derechos humanos. No sería raro que ahora que han sido elegidos busquen la impunidad para los acusados. Allí está el peligro", explicó a IPS la abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano.
Al enterarse del resultado electoral, Keiko Fujimori declaró que su victoria era el inicio del retorno de su padre "por la puerta grande" y que desde el Congreso se encargaría de limpiar su imagen "de las falsas acusaciones que le hacen".
El ex mandatario está acusado de complicidad con los crímenes de un grupo paramilitar del servicio de inteligencia, y de haber pagado una "indemnización" de 15 millones de dólares a Montesinos para huyera a Panamá en un último intento de evitar el derrumbe de su gobierno en 2000.
La Procuraduría Ad Hoc del Caso Fujimori-Montesinos confirmó a IPS que la propia Keiko Fujimori tiene pendiente una investigación por haber recibido fondos públicos para el pago de sus estudios en la Universidad de Boston.
En 2001, Keiko declaró a una comisión investigadora del Congreso que durante el gobierno de su padre éste le entregaba dinero en efectivo para pagar sus clases y las de sus tres hermanos, que también se graduaron en universidades de Estados Unidos.
Un peritaje de la Contraloría General de la República concluyó que Fujimori gastó más de 500.000 dólares en los estudios de sus cuatro hijos, pero nunca justificó la procedencia del dinero. Montesinos testimonió ante un tribunal que le entregaba al presidente fondos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para que hiciera esos pagos.
También se han detectado cuentas con hasta 270.000 dólares a nombre de Keiko Fujimori en el Citibank de Nueva York, dijeron fuentes de la Procuraduría Ad Hoc. Las autoridades solicitaron el levantamiento del secreto bancario de la hija del ex presidente para determinar el origen de los fondos.
Entre los congresistas electos se encuentra la mencionada Cuculiza, acusada de complicidad en algunas acciones de Montesinos.
Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que eran ilegales los tribunales militares impuestos por Fujimori para juzgar a acusados de terrorismo, Cuculiza, bañada en lágrimas, apareció en los programas de televisión con mayor audiencia del país para advertir que los miembros del grupo maoísta Sendero Luminoso saldrían masivamente de las cárceles para asesinar ciudadanos.
Otro legislador electo es Santiago Fujimori, hermano del ex presidente, quien está bajo proceso por corrupción debido a su participación en la compra de un avión Boeing 737 por 25 millones de dólares. Entre 1990 y 1996, Santiago Fujimori fue asesor en la sombra del jefe de Estado y, de acuerdo con otro testimonio judicial de Montesinos, participó de la purga de jueces y fiscales opuestos al régimen.
Rolando Reátegui es otro de los legisladores electos leales a Fujimori. Enfrenta dos procesos, uno por haber participado en la falsificación de firmas para la inscripción de la candidatura de Fujimori para su tercera elección, y otro por haber recibido dinero de Montesinos para financiar su campaña como candidato al Congreso.
"Existe un sector de la población que reconoce al gobierno de Fujimori porque solucionó problemas concretos de su quehacer diario, como el terrorismo, y no repara en el alto costo en vidas que significó esa política. Eso explica el gran porcentaje (de votos) obtenido por Keiko Fujimori", estimó Ismael Vega, de Amnistía
"Si los congresistas fujimoristas hacen alianza con los humalistas, Perú podría convertirse en un paria internacional", concluyó Gloria Cano, de Aprodeh.
