La Corte Suprema de Justicia de México investigará a un gobernador acosado por pedidos de renuncia desde febrero, cuando se divulgaron llamadas telefónicas en las que se revela que manipuló a fiscales y jueces para escarmentar a la periodista que desnudó una red de pederastas.
El máximo tribunal decidió este martes que sean sometidos a investigación Mario Marín, gobernador de Puebla, estado vecino a la capital mexicana, y otros funcionarios de esa demarcación.
El caso Marín levantó el "clamor popular" y cuestionó de manera especial la honestidad y capacidad del Poder Judicial, dijeron magistrados al comentar el fallo, que podría terminar por despojar de la coraza de inmunidad jurídica de la que goza el gobernador (igual que el resto de sus pares del país) y que impide que sea procesado por el fuero común.
La periodista y activista social Lydia Cacho, a quien Marín habría planeado que se violara y torturara en alguna cárcel de Puebla, según indican conversaciones telefónicas filtradas a la prensa, saludó el anuncio de la Corte e hizo votos para que las investigaciones conduzcan a la renuncia y enjuiciamiento del funcionario.
Cacho dijo a IPS que detrás de su caso hay personas vinculadas a la pornografía y el abuso sexual de menores que están molestas con ella por haber escrito el libro "Los Demonios del Edén", en el cual denuncia el tema a través del testimonio de varias niñas víctimas de una red asentada en el sudoriental balneario de Cancún.
En ese texto se tocan algunos de los hilos de una madeja de denuncias sobre el abuso de niños y niñas en México.
Unos 17.000 menores de 18 años son víctimas del comercio sexual en este país, según un estudio de la investigadora Elena Azaola, publicado en 2004 con el auspicio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Marín afirma que todas las acusaciones en su contra son falsas y se niega a renunciar como le piden activistas, ciudadanos y políticos. Este gobernador pertenece a las filas del ex gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y es un seguidor entusiasta del candidato presidencial de esa agrupación para las elecciones de este año, Roberto Madrazo.
La decisión de investigar a Marín por parte de la Corte Suprema de Justicia, instancia que para el caso no está facultada para definir sanciones específicas sino únicamente emitir recomendaciones, fue adoptada luego de recibir un pedido al respecto del Poder Legislativo.
Cacho espera que las posibles recomendaciones acusatorias del máximo tribunal contra Marín alienten al Congreso legislativo de Puebla a quitar la inmunidad al gobernador y destituirlo, lo cual no ha podido suceder hasta ahora pues el PRI cuenta con mayoría en ese poder estatal.
Casi 90 por ciento de los mexicanos consultados por el caso Marín consideran que ese funcionario debería renunciar, indicó una encuesta realizada a 1.000 personas entre el 10 y el 13 de marzo en diversos puntos del país por la firma privada Parametría.
El gobernador, contra quien se han realizado múltiples marchas de repudio en Puebla, entró en una espiral de desprestigio cuando diversos medios de comunicación locales publicaron extractos de sus conversaciones con un empresario, en las que habla contra Cacho.
Ese empresario es Kamel Nacif, quien presentó una demanda judicial por calumnias contra la periodista en Puebla, donde él tiene varios de sus negocios.
Nacif se dice agraviado porque Cacho lo menciona en el libro "Los Demonios del Edén" y lo vincula a una red de pederastas que operaban en Cancún.
Por esa denuncia penal, la periodista fue detenida en diciembre en Puebla, pero salió libre tras pagar una fianza.
Según Cacho, Nacif era uno de los protectores del empresario hotelero Jean Succar, líder de una banda de pederastas.
En las conversaciones telefónicas, el gobernador de Puebla y Nacif utilizan un lenguaje soez para hablar de cómo se manipula a fiscales y jueces en Puebla con el fin de hacer procesar a Cacho, a quien llaman "vieja cabrona".
En uno de esos diálogos, sobre los cuales Marín afirma que fueron alterados, el empresario refiere que "recomendó" que encerraran a Cacho en una prisión de Puebla "con las 'locas' y las tortilleras (lesbianas)" para que fuera violada.
La periodista sostiene que no fue maltratada como planearon el gobernador y el empresario gracias a que ha recibido el apoyo de activistas locales y extranjeros y a que su caso despertó interés internacional.
Cacho, que cuenta con protección policial desde el año pasado, cuando comenzó a recibir amenazas, es además de periodista cofundadora del Centro Integral de Apoyo a la Mujer en Cancún, donde reside.
"Si Nacif u otros de sus amigos me quiere mandar a matar lo hará, pero yo no callaré en mis denuncias", declaró. (
