El nuevo gobierno de Chile busca neutralizar un posible déficit energético provocado por los recortes de gas natural de Argentina, los altos precios del petróleo y la escasez de lluvias anunciada para este año. Pero ambientalistas critican la estrategia adoptada.
Para paliar la crisis que se avecina, la ecologista Sara Larraín, directora del no gubernamental Programa Chile Sustentable, propone en el corto plazo la construcción de dos o tres centrales térmicas, alimentadas con carbón (con tecnología de abatimiento de contaminantes), petróleo, gas natural o energía de la tierra.
Paralelamente, habría que fomentar la diversificación tanto de las fuentes como de las empresas proveedoras y embarcar al país en un gran programa de ahorro energético, explicó en entrevista con IPS.
"Estamos en una situación muy delicada, producto de una mala herencia dejada por el gobierno de Ricardo Lagos en cuanto a planificación energética", advirtió. "Hemos visto que en Chile la iniciativa en esta materia la tiene el sector privado, el cual privilegia el combustible de turno más barato", añadió.
Larraín, no obstante, valoró algunas leyes aprobadas en la pasada administración de Lagos, que posibilitan el uso eficiente de la energía y la explotación de fuentes renovables no convencionales, como la energía solar, eólica y geotérmica, aún cuando no están listos todos los reglamentos.
La presidenta Michelle Bachelet, quien solicitó un informe a la Comisión Nacional de Energía (CNE) apenas asumió el cargo el 11 de marzo, se reunió el 17 de este mes con su ministra de Minería y Energía, Karen Poniachik, el gerente de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), Enrique Dávila, y el secretario ejecutivo de la CNE, Pablo Serra, para analizar diferentes escenarios.
Los análisis no fueron muy auspiciosos, pese a que Bachelet recibió una buena noticia: el hallazgo de importantes reservas de gas natural en el lago Mercedes, en la austral Tierra del Fuego, decimosegunda región de Magallanes, que podrían abastecer a la zona por 20 años.
Actualmente, el Sistema Interconectado Central (SIC), que abastece a nueve de las 13 regiones del país y donde reside 93 por ciento de los 15 millones de chilenos, se nutre principalmente de energía hidroeléctrica, que representa 59 por ciento, seguido de gas natural, con 24 por ciento, y el carbón, con 12 por ciento, a los que se agrega el petróleo y la biomasa.
La hidroelectricidad está en el centro de la polémica por la intención de Endesa Chile, filial de la compañía trasnacional española del mismo nombre, de construir cuatro grandes centrales en la Patagonia, unos 2.000 kilómetros al sur de Santiago.
El Proyecto Hidroeléctrico Aysén, que tendría una inversión de 3.000 millones de dólares, se llevaría a cabo en los ríos Baker, el más caudaloso de Chile, y Pascua, inundando unas 10.000 hectáreas de territorios prístinos, destruyendo numerosos humedales e impactando en el hábitat de especies en peligro de extinción.
"Nos oponemos al proyecto de Endesa por varias razones: por el devastador impacto local que puede tener, porque significa continuar con la nefasta política energética de nuestro país y porque es más de lo mismo en términos de modelo de desarrollo", dijo a IPS Juan Pablo Orrego, director de la no gubernamental Ecosistemas.
"Estamos atascados en la fase productiva primaria: concentrados de cobre, harina de pescado, astillas de pino y eucalipto, y esas industrias son las más contaminantes e intensivas en el uso del agua y la energía", advirtió el ecólogo, uno de los líderes de la coalición opositora a la iniciativa de Endesa.
Por su parte, Larraín espera "que el gobierno de Bachelet logre identificar las reales necesidades del país y no se deje llevar por el marketing publicitario de empresas como Endesa, que tiene a todo el país hablando de un proyecto que ni siquiera ha presentado formalmente a las autoridades".
Orrego y Larraín creen que las mega centrales no son la solución de fondo para el abastecimiento de energía. Al contrario, plantean que, si Endesa lleva a cabo su proyecto, se copará el mercado por años, inhibiendo el desarrollo de otras fuentes, que incipientemente están ingresando al mercado local.
En Aysén se instaló, en noviembre de 2001, el primer parque eólico industrial, con tres molinos que generan en total 660 kilovatios, y en todo Chile se realizan prospecciones para explotar energía geotérmica.
En tanto, el gobierno tiene cifradas sus esperanzas en el proyecto de Gas Natural Licuado (GNL), que desde 2004 es impulsado por la empresa estatal ENAP.
La iniciativa, que está siendo desarrollada por la firma transnacional británica British Gas, contempla construir la infraestructura necesaria para importar gas natural licuado desde diferentes países y distribuirlo en Chile en estado gaseoso a partir de 2008, con una inversión de 400 millones de dólares.
En primera instancia, ENAP buscó un "pool de consumidores" que aseguraran la demanda necesaria para hacer económicamente viable el proyecto, entre los cuales estaban Endesa y las compañías locales Metrogas, AES Gener y Colbún, pero estas dos últimas optaron por marginarse del negocio para invertir en energía termoeléctrica e hidroeléctrica, respectivamente.
De hecho, Colbún, de propiedad de la poderosa familia Matte, está negociando con Endesa Chile una posible sociedad para construir las cuatro centrales en la Patagonia.
"Hay gente que dice que Endesa está haciendo un trueque: participa en este proyecto (GNL) a cambio de que el gobierno le dé facilidades para la construcción de sus plantas hidroeléctricas en Aysén, que constituyen un negocio 10 veces más grande, de 3.000 a 4.000 megavatios", declaró al diario local El Mercurio Francisco Aguirre, socio de Electroconsultores y ex director del Centro de Despacho Económico del SIC.
Orrego también ve oscuras conexiones público-privadas en el negocio energético.
"Jaime Estévez, ministro de Obras Públicas del gobierno de Lagos, fue nombrado director de Endesa por las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP), unos de los principales accionistas. Este señor, que tiene información privilegiada del gobierno, se demoró seis días en pasar del Estado a la empresa privada", acusó el ambientalista.
"Y podemos seguir. Eugenio Tironi, asesor de comunicaciones del anterior gobierno, es el encargado de marketing de Endesa, y Jorge Rosenblut, actual director presidente de Chilectra (también propiedad de Endesa), fue el recaudador de fondos de Bachelet durante su campaña presidencial", añadió.
"Como Chile no tiene leyes claras de regulación de lobby se está produciendo un cortocircuito entre lo público y lo privado. Se está instalando un sistema de tráfico de influencias muy peligroso para el futuro del país", sostiene Orrego.
Por lo pronto, dicen los expertos, es indispensable contar con un programa de eficiencia energética fuerte. "Chile puede seguir con su nivel de desarrollo y calidad de vida utilizando la misma energía a través del manejo de la demanda y de la creación de una cultura de ahorro en hogares y empresas", planteó Larraín.
La encargada del Programa de Eficiencia Energética, Nicola Borregaard, creado en 2005 en jurisdicción del Ministerio de Economía, reconoció el 11 de este mes en un seminario que Chile necesita ponerse al día y aprender a usar la energía de modo eficiente en todos los sectores: residencial, comercial, transportes, industrial y minero.
"El país no ha logrado un desacoplamiento entre el crecimiento económico y el consumo energético", dijo.
Se trata de un problema mundial. En España, por ejemplo, en octubre entrará en vigor el Código Técnico de la Edificación (CTE), que obliga a los edificios nuevos, y a los que se rehabiliten, a dotarse de colectores solares térmicos para calentar el agua sanitaria y piscinas climatizadas.
También será obligatorio instalar paneles fotovoltaicos en hipermercados, centros comerciales, edificios administrativos, hoteles, hospitales y recintos de ferias si superan los 3.000 metros cuadrados construidos. El ahorro en la factura energética española por el uso de colectores solares se estima en un 40 por ciento.
