La abogada y activista argentina Romina Picolotti ganó el premio Sofía 2006 por demostrar «que los derechos humanos (à) están íntimamente vinculados con el ambiente».
Desde 1997 la Fundación Sofía, de Oslo, otorga anualmente este galardón —que consta de 100.000 dólares— instituido en honor al libro "El mundo de Sofía", del escritor noruego Jostein Gaarder.
En 2004, el premio fue para la keniata Wangari Maathai, que meses después obtuvo el Nobel de la Paz.
Abogada y master en Derecho Internacional de la Universidad Americana de Estados Unidos, Picolotti, de 35 años, dirigió en los años 90 el Departamento de América Latina del International Human Rights Law Group. Allí comenzó a advertir que los derechos humanos también son violados cuando grandes empresas, en connivencia con el Estado, avanzan sobre los recursos naturales de un país.
Picolotti creó el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha) en la central provincia argentina de Córdoba. Desde allí consiguió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) forzara al estado peruano a atender a los habitantes de la ciudad de La Oroya, 150 kilómetros al este de Lima, afectados por la labor de una metalúrgica.
En 2005 fue elegida para representar a los habitantes de la oriental ciudad argentina de Gualeguaychú, que resisten la instalación de dos plantas de celulosa en la ribera oriental de un río limítrofe con Uruguay, argumentando que perjudicarán el ambiente y la salud de los habitantes de la zona. La disputa entre ambos gobiernos se extiende desde hace meses.
Tierramérica dialogó con Picolotti en Buenos Aires.
Tierramérica: ¿Cómo toma este premio?
Picolotti: Creo que la fundación tuvo mucha valentía al dármelo. El premio se otorga a una personalidad u organización por su trayectoria en materia de desarrollo sustentable. La misión del Cedha, que relaciona los derechos humanos y el ambiente, fue percibida por ellos como revolucionaria en este sentido.
– ¿Cómo se pueden violar los derechos humanos cuando se explotan los recursos naturales?
– En principio, vemos que se viola el derecho a la información. Por ejemplo, en Chile estamos trabajando en un caso de acceso a la información sobre transgénicos. Pero luego hay empresas que, con sus proyectos, avanzan sobre los recursos y afectan la salud de la población, su calidad de vida, su derecho a un ambiente sano. Nosotros tratamos de buscar soluciones que no signifiquen el cierre de las empresas, porque sabemos que eso implica cerrar fuentes de trabajo, pero creemos que el Estado debe recuperar su papel de control y que las compañías tienen que cambiar su forma de producción.
– ¿Cómo llega Cedha al caso de las plantas de celulosa sobre el río Uruguay?
– Nos convocaron desde el gobierno de (la oriental provincia argentina de) Entre Ríos por nuestra experiencia técnica. Pero si las víctimas no acompañan, la demanda se cae. Entonces nos reunimos con los pobladores de Gualeguaychú (la localidad más afectada) y casi 40 mil personas votaron para que el Cedha los representara. Es la primera vez que los intereses de vecinos y gobierno coinciden. Con este respaldo acudimos a la CIDH para frenar las obras. En Uruguay se argumenta que el estado tiene derechos soberanos sobre el área.
– La reacción de los vecinos que resisten la instalación, ¿es nueva o forma parte de una tendencia con antecedentes en Argentina?
– Es una tendencia en toda América Latina. La falta de planificación por parte de los estados permite que las empresas pongan las reglas de juego y decidan cuándo y dónde invertir, sin importar el impacto. Al mismo tiempo, la población, cada vez más informada, adquiere una nueva conciencia. La gente se informa y reacciona antes que sea tarde.
– ¿Cree que Noruega está emitiendo un mensaje de respaldo al otorgarle este premio en medio de esta controversia?
– No sé exactamente cuándo hicieron la selección. Pero al momento de anunciar el premio, el presidente de la Fundación, Gunhild Oerstavik, exhortó fuertemente al banco noruego Nordeia a abstenerse de financiar estos emprendimientos en Uruguay. Y a partir de esto, muchos diputados del parlamento europeo nos están contactando para saber más sobre este caso.
* La autora es corresponsal de IPS. Este artículo fue publicado originalmente el 8 de abril por la red latinoamericana de Tierramérica.
