Dos años después de las explosiones que en la mañana del 11 de marzo de 2004 mataron a dos centenares de personas en Madrid, todavía no está claro quién las concibió y perpetró, mientras se levantan voces de víctimas y deudos exigiendo la verdad.
Los atentados se produjeron tres días antes de las elecciones generales que ganó el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), un resultado inevitablemente influido por la acción terrorista, según todos los analistas.
Esa influencia se produjo por la reivindicación de origen islámico del ataque, como castigo al apoyo incondicional que el gobierno conservador del Partido Popular (PP) prestaba a la invasión estadounidense de Iraq, pero también por la campaña de desinformación montada por la administración en las 72 horas posteriores al atentado, que tendía a inculpar al grupo terrorista vasco ETA.
Apenas una hora después de las explosiones en trenes repletos de pasajeros, el gobierno central, el del País Vasco, los partidos, sindicatos y otras organizaciones condenaron a ETA.
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Pero por la tarde, la certeza comenzó a diluirse, cuando la policía informó haber recuperado una furgoneta robada dos semanas antes y que contenía detonadores de explosivos y una cinta con versos del Corán en árabe.
Luego de que el ministro del Interior, Ángel Acebes, dio en rueda de prensa la noticia de esos hallazgos, el jefe de gobierno José María Aznar llamó a los directores de los medios de comunicación más importantes del país y a corresponsales extranjeros y les dijo que no cabían dudas de que el atentado tenía la autoría de la ETA.
Dos días después, la policía se concentró en dos líneas de investigación, una sobre el Grupo Islámico de Combatientes Marroquíes y otra sobre la organización terrorista internacional Al Qaeda (La Base), del prófugo saudita Osama bin Laden, acusado por Washington de pergeñar los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra su territorio.
En el informe que debe presentar antes del 10 de abril el juez Juan del Olmo, que lleva el caso del 11-M, se afirma que las explosiones fueron preparadas por un grupo de militantes islámicos residentes en España influidos por Al Qaeda, pero sin conexión directa con ella.
La presidenta de la Asociación 11 de Marzo – Afectados de Terrorismo, Pilar Manjón, anunció este miércoles que emprendería acciones judiciales contra Del Olmo por haber aceptado solamente el testimonio de diez de las 150 personas afectadas por esos atentados y que pidieron declarar ante él.
En declaraciones al diario El Mundo, Manjón dijo no creer en la ineptitud del magistrado, sino que su postura es "absolutamente intencional" y "partidaria, vinculada a un partido político", aunque no quiso precisar a cuál se refería.
Ana María Carro, tesorera de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, una de las organizaciones más antiguas de quienes sufrieron consecuencias de este tipo de violencia, sostiene que en el 11-M estuvieron implicadas "personas muy poderosas" y que ella no cree que nadie supiera nada sobre unos atentados que se estuvieron fraguando durante tres años.
Un hecho que levanta sospechas sobre el papel de las fuerzas de seguridad es lo ocurrido con un automóvil Skoda, que la policía informó haber encontrado el 13 de junio de 2004 y en cuyo interior se hallaron dos cintas en árabe y la funda de una pistola.
Sin embargo, señala el periodista de investigación Fernando Mugica, el robo de ese vehículo se había denunciado cuatro meses antes de los atentados de Madrid. En ese lapso, la policía le aplicó al menos once multas por estar mal estacionado en una zona de descarga de la capital española. Los automóviles no pueden permanecer allí y son denunciados por los camioneros. A la denuncia sigue siempre el retiro del vehículo por una grúa municipal. Pero no pasó así con el Skoda.
"Ningún ladrón, y mucho menos un terrorista, deja abandonado un coche durante un mes en una zona de carga y descarga, y después pasa a recogerlo", por temor a que la policía lo esté esperando para detenerlo, sentenció Mugica.
Después se dijo que el automóvil fue trasladado días antes del 11-M al lugar donde fue encontrado por la policía, pero como allí se había hallado otro vehículo con una carga explosiva, la zona fue filmada…, y en las cintas no aparece el Skoda.
En el sumario judicial constan declaraciones de policías del municipio de Alcalá de Henares, donde fue encontrado el Skoda, según las cuales el vehículo no se encontraba allí ni el día del ataque ni en los siguientes. Estos testimonios fueron respaldados con fotografías tomadas por los investigadores.
Otros hechos salpican a las fuerzas de seguridad. Uno de los acusados de haber participado en el ataque, Mohamed Afalah, había solicitado su permiso de residencia en España el 7 de noviembre de 2003, y le fue concedido al día siguiente, cuando a la mayoría de los inmigrantes les lleva meses e incluso años recibir una respuesta.
Afalah era muy amigo y compartió domicilio con Abdelmajid Bouchar. Ambos salvaron la vida el 3 de abril, al escapar del apartamento del barrio madrileño de Leganés en el que se atrincheraron siete inmigrantes acusados del atentado y, tras tirotearse con la policía, se suicidaron detonando explosivos.
Afalah y Bouchar, presuntos informantes de la policía, escaparon poco antes de que detonara una poderosa carga explosiva que destruyó tres pisos del edificio. El primero huyó del país y llevó a cabo un ataque suicida en Iraq, según la información oficial. El segundo fue detenido en Serbia en agosto de 2005 y trasladado a España.
Uno de los detenidos es Rafá Zohuier, quien reconoció haber sido confidente de la Guardia Civil antes, durante y después de los atentados, y haber puesto en contacto a los terroristas con un minero que les vendió explosivos robados en una mina de Asturias.
Todo esto y el tenor de las investigaciones serán recordados en este segundo aniversario, en medio del dolor de los deudos y la perplejidad de la ciudadanía, que sólo pueden repetir "lo que sabemos es que no sabemos nada".
