Un informe de la Defensoría del Pueblo de Perú denuncia que los derechos fundamentales de las comunidades nativas asentadas alrededor del yacimiento gasífero de Camisea han sido afectados por las compañías extranjeras que operan en la selva amazónica.
El reporte "El proyecto Camisea y sus efectos en los derechos de las personas" contiene acusaciones demoledoras sobre la actuación del Estado peruano con relación a la defensa de la vida de los pobladores de la Reserva Territorial Nahua-Kugapakori, en el sur del país, en cuyo territorio irrumpió el consorcio Transportadora de Gas del Perú (TGP), que ganaron la concesión del gas de Camisea.
Las firmas socias de TGP son PlusPetrol y Techint, de Argentina, la texana Hunt Oil, la estatal argelina Sonatrach y la surcoreana SK Corporation.
Según el documento, graves enfermedades infecciosas como diarrea, sífilis, influenza y otras que afectan el sistema respiratorio llegaron a las comunidades nativas de Camisea mucho antes que el progreso y modernidad que prometieron el presidente Alejandro Toledo y las compañías explotadoras y distribuidoras del gas.
Después de hacer un seguimiento de cinco años de los trabajos en Camisea, entre 2000 y 2005, la Defensoría del Pueblo considera que lo que debió ser un modelo de protección ambiental y de la vida de las comunidades involucradas, se ha convertido en una amenaza para los pobladores indígenas.
[related_articles]
Pero no se trata sólo de un llamado de atención a TGP. El informe se refiere con énfasis a la conducta del Estado peruano.
"Es particularmente relevante la evidencia referida a la debilidad institucional del Estado en materia ambiental para prevenir afectaciones a los derechos de las personas, en particular la vida, la salud, la propiedad y el medio ambiente de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial" con población foránea, señala en la presentación del reporte la defensora del Pueblo, Beatriz Merino Lucero.
Merino Lucero insta al Estado y a las empresas "a efectuar los cambios que promuevan el respeto a los derechos de aquellos que han sufrido casi en silencio", en referencia a las comunidades nativas más afectadas por la explotación del gas de Camisea.
El informe de la Defensoría del Pueblo se difundió menos de 48 horas después de que en Washington la consultora independiente E-Tech International entregó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un reporte técnico sobre la construcción del gasoducto con tubos corroídos que han ocasionado cuatro derrames de gas en el último año. Esa investigación alerta de otras seis fugas, debido a problemas en las soldaduras.
El BID es el principal financiador público del gasoducto, que tuvo un costo de 1.600 millones de dólares.
Las comunidades nativas en aislamiento y las que están en situación de contacto inicial, afectadas o expuestas a la presencia de foráneos, son las Nahua, Matsiguenga, Nanti y Kugapakori.
Estas comunidades "son particularmente vulnerables ante las infecciones respiratorias y gastrointestinales", además "su identidad cultural se encuentra sometida a cambios que menoscaban su autoestima", dice el informe.
La Defensoría consigna que entre 2001 y 2003 fallecieron de influenza 17 personas pertenecientes a comunidades nativas en contacto inicial, y que habían recibido visitas de trabajadores de las compañías.
Incluso se han registrado contagios de enfermedades venéreas.
"Se han anotado 16 casos de sífilis en las comunidades nativas de Camisea y Shivacoreni. Las comunidades atribuyen estos hechos a la aparición de prostíbulos cerca de los campamentos de la empresa Techint (encargada de la construcción del gasoducto)", indica el informe de la Defensoría.
"Las enfermedades contraídas por estos grupos debido al contacto con los trabajadores de la compañía podrían ser catastróficas", alerta el reporte.
Los más afectados por el impacto de la explotación del gas son los niños, según el documento.
"Se observa que la salud de los indígenas Nanti de Montentoni y Marankeato se encuentra en una situación muy vulnerable, principalmente su población infantil, la cual es afectada mayormente por enfermedades diarreicas aguda e infecciones respiratorias agudas", resalta la Defensoría.
Estos no son registros históricos de la explotación del caucho que devastó a numerosas comunidades amazónicas entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. Se trata de consecuencias de uno de los proyectos gasíferos más importantes del continente.
Según la Defensoría, las compañías no han sido honestas ni justas al evaluar el costo del impacto de su actuación.
El Estado tampoco hizo nada, "porque no existe política alguna respecto a la compensación a comunidades no contactadas o en aislamiento voluntario", refiere el documento. "Si bien se sabe que los consorcios han destinado recursos para dicho fin, se desconocen los montos involucrados".
Las compañías incumplieron cláusulas del contrato referidas a las comunidades nativas.
"La Defensoría del Pueblo ha recogido evidencias de la inejecución (incumplimiento) de las obligaciones contractuales por parte de las empresas, lo cual se explica en parte por la debilidad institucional del Estado", señala el informe. "Por eso, la desconfianza en el Estado y las empresas que explotan recursos naturales es una característica común en el Perú", concluye.
La firma PlusPetrol ha fijado en 10,2 millones de dólares el monto compensatorio para las comunidades afectadas por la explotación del gas por un periodo de 42 años. Esto equivale a 244.000 dólares por año, o 668 dólares por día. Para la Defensoría se trata de un cálculo discutible y abusivo.
Además, la compensación sólo alcanza a las comunidades que están dentro del área de la explotación del gas y no a las que están alrededor y a las ubicadas a lo largo del tendido del gasoducto, que llega hasta el océano Pacífico en un trayecto de 720 kilómetros.
La Defensoría también destaca las consecuencias de las cuatro fugas de gas líquido en un periodo muy corto, y que fue materia de investigación del informe de E-Tech International. Y subraya el impacto de esos derrames sobre la vida de los indígenas.
