La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, condenada a desaparecer en un plazo de tres meses, se encamina a terminar sus días envuelta en las mismas polémicas que en los últimos años acrecentaron su desprestigio.
Con esa disposición, la Comisión ignoró las peticiones de algunos países miembros y de organizaciones no gubernamentales que le reclamaban enfrascarse en el examen de temas sustanciales y urgentes que están prontos para el debate.
De esa manera, el cuerpo avivó la controversia sobre un eventual vacío en el campo de los derechos humanos que se abriría en el interregno entre la desaparición de la Comisión y el inicio del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, creado la semana pasada para suplantarla.
El presidente de la mesa directiva del actual período de sesiones, Manuel Rodríguez Cuadros, de Perú, relató que entre los miembros del organismo predominaba el criterio de que el actual período, iniciado el 13 de marzo para concluir el 21 de abril, debía dedicarse únicamente a cuestiones de procedimientos.
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Esa orientación de la mayoría descarta la posibilidad de que la Comisión apruebe el texto ya concluido de una convención sobre las desapariciones forzadas, que debería pasar luego al Ecosoc para terminar en la Asamblea General de la ONU, donde obtendría el carácter de tratado internacional sólo pendiente de ratificación.
La misma suerte correrían el borrador de la declaración sobre los pueblos indígenas y los informes de relatores especiales sobre casos graves y urgentes de violaciones, presentados por expertos independientes de la Comisión y referidos a abusos cometidos en Nepal, China, Rusia y especialmente en la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba.
Rodríguez Cuadros afirmó que estaban divididas las opiniones de los Estados miembros y de las organizaciones no gubernamentales sobre la conveniencia de que la Comisión debata esos temas en su última sesión.
El presidente de la mesa directiva rechazó la idea de un vacío de protección a los derechos humanos en el interregno de la Comisión al Consejo, pues el nuevo organismo dispondrá de 10 semanas anuales de sesiones, mientras que su antecesor sólo contaba con seis.
Por otra parte, Rodríguez Cuadros arguyó que una sesión enfocada únicamente en los aspectos procesales se encargaría de adoptar decisiones para asegurar "la inexistencia de un vacío de protección en el proceso de transferencia de sus competencias al Consejo".
Rachel Brett, de la Oficina Cuáquera ante las Naciones Unidas (QUNO según sus siglas en inglés), estimó que "no es segura la existencia de un vacío". Por el momento, el mayor problema de la Comisión es que ya ha perdido toda vitalidad, dijo a IPS.
"Todos han decidido que la Comisión se ha terminado y procuran que la clausura sea un procedimiento lo más breve posible. Eso es lo que, por lo menos potencialmente, lleva a abrir un vacío", interpretó la activista.
"Si estuviéramos seguros de que en su apertura del 19 de junio el nuevo Consejo se hará cargo de los instrumentos normativos, de desapariciones e indígenas, como también de los informes de los procedimientos especiales de la Comisión, y adoptará decisiones al respecto, el problema del vacío no sería grave", dedujo Brett.
Pero "no tenemos garantías de que el Consejo vaya a comenzar con sus trabajos en temas sustantivos apenas comience sus labores, porque todavía no tiene orden del día, ni siquiera sus miembros, que se elegirán el 9 de mayo", añadió.
Esa es la verdadera preocupación, subrayó la experta de QUNO. La decisión de crear el Consejo adoptada por la Asamblea General determinó que la Comisión ya no tenga mandato para entender en esos asuntos, pero ningún otro ámbito recibió las atribuciones para ocuparse de ellos, sostuvo.
De todos modos, Brett aclaró que la cuestión no es tan drástica porque la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene un mandato y puede continuar la tarea. Al mismo tiempo, se mantienen los procedimientos especiales de la Comisión, integrados por relatores, expertos y grupos de trabajo temáticos y por países, agregó.
Por eso, en última instancia no hay una laguna total. Lo que sí existe es un vacío político, opinó.
En cambio, el representante en Ginebra de la Asociación Americana de Juristas (AAJ), Alejandro Teitelbaum, encontró que hay una "voluntad de sabotear el desarrollo normal del último período de la Comisión".
Teitelbaum calificó de "situación sin precedentes" al hecho de que la Comisión no se reúna normalmente como debiera hacerlo para tratar las cuestiones graves y urgentes que figuran en su orden del día.
Entre esos asuntos hay varios que se refieren a las violaciones de los derechos humanos que comete el gobierno de Estados Unidos, dijo a IPS el representante de la AAJ.
Washington está firmemente decidido a que la Comisión no celebre normalmente su última reunión, insistió. Y para la cúpula de la secretaría de la ONU, para varios Estados y organizaciones no gubernamentales, la voluntad del gobierno estadounidense prima sobre la legalidad institucional del sistema de las Naciones Unidas, declaró Teitelbaum.
Diplomáticos latinoamericanos que propician una sesión de la Comisión dedicada a temas cruciales, como los desaparecidos, los indígenas y los informes de los relatores, aceptaron que existen muy escasas posibilidades de que ese criterio se imponga.
El Ecosoc responderá esta semana a la consulta de la Comisión, y casi seguramente el cierre de las sesiones se producirá en una breve reunión con discursos de los grupos regionales, de las autoridades del organismo y de la ONU, y también de una organización no gubernamental, pronosticó la fuente.
