Una nueva especie habita en el Magdalena Medio, centro de Colombia, nacida del proceso de desmovilización de grupos paramilitares. Los campesinos los llaman «teléfonos» porque van equipados con aparatos de comunicación móvil. Y pueden ser letales.
Les dicen también "águilas negras", pero no se sabe si ellos mismos se denominan así o es que la gente les puso el nombre porque, en el caluroso trópico, se cubren por entero de ropas negras.
Son parte del aparato de informantes del Estado promovido por el gobierno y de las cooperativas de seguridad privada, surgidas tras la desmovilización parcial de paramilitares de ultraderecha lograda por el presidente Álvaro Uribe.
El mandatario prometió recuperar en el cuatrienio de su gobierno iniciado en agosto de 2002 el monopolio estatal de las armas en este país en permanente guerra desde hace más de cuatro décadas.
El 24 de marzo, un joven sicario disparó seis veces contra Henry Murillo, educador de 29 años, cuando participaba en un taller del proyecto de educación regional del Laboratorio de Paz de la Unión Europea.
Murillo, de 29 años y casado con una maestra, podría quedar parapléjico. El hecho ocurrió tras haberse negado a convertirse en un "teléfono".
"El ataque tuvo lugar en Genezareth, casa de retiros espirituales y convivencia humana que tiene la Diócesis de Barrancabermeja junto a la ciénaga de San Silvestre", al lado de ese puerto fluvial petrolero, informó el jesuita Francisco De Roux, director del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM) y ex director del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
Cuando los "teléfonos" le hicieron la propuesta de sumarse a sus filas, "Henry y todo el equipo de maestros que están trabajando con las escuelas integrales del Cinep (en la región), dijeron no, nosotros no recibimos teléfonos, no recibimos radios, somos ciudadanos y pensamos que no tenemos por qué situarnos de informantes de nadie", relató De Roux esta semana en Bogotá en una reunión a la que fue invitada IPS.
El Laboratorio de Paz apuntala la labor del PDPMM en derechos humanos básicos y desarrollo sostenible en esa neurálgica zona cruzada por la guerra, de unos 800.000 habitantes y que cubre 30 municipios de cuatro departamentos en torno a la principal arteria fluvial colombiana, el río Magdalena.
De Roux creó el PDPMM en 1995 para respaldar a la población en su decisión de no abandonar el territorio pese al conflicto.
"Del Magdalena Medio no se va ni un hombre ni una mujer más. Los paramilitares y la guerrilla tendrán que aprender a convivir con nosotros", advirtieron en 2001 en Bogotá miembros de la red de pobladores llegados a la capital de este país andino a recibir el Premio Nacional de Paz, que había sido otorgado al PDPMM.
Rica región petrolera y minera, hogar de la poderosa Unión Sindical Obrera (USO), y de fértiles tierras apetecidas por narcotraficantes y ganaderos, fue allí donde se creó en 1983 el primer grupo paramilitar organizado por miembros del ejército, que firmaba el escenario de sus múltiples crímenes contra civiles con el nombre de "Macetos".
En esos tiempos, la guerrilla surgida en 1964 vivía del secuestro extorsivo de los hacendados y sus familias y cobraba impuestos incluso a campesinos pobres, por lo que no extraña que hoy muchas comunidades se identifiquen con el lema "Somos del Medio… del Magdalena Medio" que se lee en la carátula de la pequeña agenda 2006 del PDPMM, cuyas páginas marcan el aniversario de cada asesinado.
"Creamos confianza entre todos nosotros, y si en algún momento hay que avisarle algo a las autoridades, les avisamos", argumentó Murillo a quienes lo compelían a convertirse en "teléfono".
"Pero la mentalidad de ellos (los pobladores) es siempre: No nos hagan parte de una estrategia de guerra, nosotros no queremos estar en eso", explicó De Roux.
Murillo es fundador del núcleo de pobladores del PDPMM del Bajo Simacota, 50 kilómetros al sur de Barrancabermeja.
Allí "se formó como líder ciudadano, luchador sin armas por la paz, fuerte ante la guerrilla y los paramilitares para hacer valer la autonomía y los derechos de esta comunidad, en una zona donde los paramilitares mataron a nuestra compañera Beatriz Monsalve" en los inicios del programa, reportó De Roux en su boletín periódico Pertinentes del Magdalena Medio.
El religioso anunció que el PDPMM se constituirá en parte civil ante este caso para exigir justicia, y prepara una denuncia formal ante la fiscalía.
Los combates entre el ejército y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) arrecian por estos días como nunca antes en la Serranía de San Lucas, noroccidente del Magdalena Medio, en el corregimiento de La India, al oriente del río, y en los municipios de Landázuri, Cimitarra, El Peñón y Bolívar, así como en la cuenca del río Cimitarra.
En los enfrentamientos aún no han caído civiles, aunque se trata de zonas muy pobladas, donde justamente el PDPMM ha creado los llamados Espacios Humanitarios, escenarios de diálogo para defender la permanencia de los habitantes en sus territorios y hacer valer sus derechos ante los protagonistas armados.
"Déjennos que sea la población civil la que conduzca este proceso hacia una solución pacífica. Estamos convencidos que la solución tiene que ser de paz, pero no convirtamos esto un Apocalipsis", dicen los pobladores, tanto campesinos como mineros.
El Espacio Humanitario de la comunidad de San Pablo, en el centro de la región, logró la liberación de varios campesinos secuestrados por la guerrilla a mediados de marzo, que se benefician de un programa gubernamental denominado Familias Guardabosques.
La insurgencia mantiene secuestrados a dos profesores de la Universidad de la Paz, que hace parte del PDPMM.
A partir de la publicitada y polémica desmovilización paramilitar de una parte de los agrupados bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que culminó en marzo, los "teléfonos" o águilas negras establecieron una base en el poblado de Santa Rosa, al occidente del río Magdalena, pero también están en otros sitios.
Constituyen una organización bien armada y, naturalmente, equipada de teléfonos y radios.
Actúan en dirección doble: por una parte reportan a la policía y al ejército sobre lo que ellos consideren que amenaza la tranquilidad de los poblados. De Roux no afirma que las fuerzas institucionales reaccionen al respecto con violaciones públicas o manifiestas de los derechos humanos.
Pero, por otra parte, esos mismos "teléfonos" se comunican con pistoleros y con jóvenes desmovilizados, quienes son los que hacen las "tareas sucias".
El criterio para estos "teléfonos" parece ser que quien no acepte ponerse de su lado es persona peligrosa y debe ser "arreglada" si es necesario.
Los casos comienzan a multiplicarse.
El ataque contra Murillo se suma al asesinato, el 22 de marzo, de Yamile Agudelo, de 26 años y madre de una niña de ocho, integrante de la Organización Femenina Popular (OFP) contra la guerra y con sede en Barrancabermeja.
Agudelo, hija de otra integrante de la OFP, "fue brutalmente torturada, violada y asesinada; su cuerpo encontrado en un basurero", afirma un comunicado de la organización enviado a IPS.
"Denunciamos el accionar de los paramilitares a pesar de la supuesta desmovilización de sus estructuras militares. Rechazamos el control social, político y económico que logran a través de la intimidación, la amenaza, la desaparición, la tortura y el asesinato en Barrancabermeja y el Magdalena Medio", agrega el texto.
Pero los reportes no cesan allí. El viernes, la OFP informó que Claudia Pinto, estudiante universitaria de 27 años y madre de tres hijos "fue quemada, al parecer con ácido, en su cara y su pecho, por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta" el lunes.
Pinto también es hija de una integrante de la OFP. En su alerta, la organización advierte que "la disminución en las cifras (oficiales) de criminalidad no disminuye el control que los ilegales ejercen por la fuerza sobre la población civil".
El 2 de marzo, el presidente Uribe presidió un consejo de seguridad en Barrancabermeja. Allí, ganaderos del departamento del Cesar, al nororiente de la región, le dijeron al mandatario que 500 de ellos ya crearon una asociación de seguridad que va a trabajar con el ejército.
La fuerza de tierra les dará armas, por lo cual se sienten tranquilos. Lo que quieren ahora es que el Ministerio de Defensa se las venda más baratas.
