Grupos activistas sostienen que las transnacionales hunden cada vez más sus colmillos en los servicios de agua en América Latina, pero estudios de la ONU y expertos los desmienten: esas empresas van en retirada y quizá no regresen.
Reclamos de gobiernos y movilizaciones sociales como las registradas en los últimos años en Argentina y Bolivia, la imposibilidad de cobrar por sus servicios en algunos países y el surgimiento de normas que vetaron su participación en Uruguay terminaron por desanimar a las multinacionales.
Ahora se alejan o reducen la envergadura de sus negocios, pues perciben elevados riesgos políticos y financieros, señala el último informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo, presentado previo al IV Foro Mundial por el Agua que se celebrará en la capital mexicana del 16 al 22 de marzo.
En los años 90, las transnacionales invirtieron unos 25.000 millones de dólares en países en desarrollo en asuntos relativos al manejo del agua, sobre todo en América Latina y Asia, apunta el documento. Pero en los últimos años las inversiones van en descenso.
"Es difícil para compañías privadas de agua hacer dinero cuando las personas no pueden pagar (el recurso)", dijo a Tierramérica Gordon Young, coordinador del programa de la ONU, que produjo el reporte.
Si bien el informe reconoce que la actuación del sector privado "no ha respondido a las expectativas de los países donantes y de los gobiernos en las naciones en desarrollo", sostiene que sería un error descartar su participación.
Observadores consultados por Tierramérica dijeron que la retirada de las firmas extranjeras de América Latina, adonde llegaron animados por las reformas privatizadoras emprendidas por los gobiernos en los años 80 y 90, podría ser definitiva.
"No creo que regresen. Están en medio de una reorganización corporativa y volcando sus recursos al mucho más lucrativo sector de la energía", dijo Sara Grusky, investigadora del no gubernamental Food and Water Watch, con sede en Washington.
Poderosas firmas como las francesas Suez Lyonnaise des Eaux y Veolia Environnement (antes Vivendi), la británica Thames Water y la española Aguas de Barcelona han incursionado en el mercado del agua en el mundo en desarrollo.
Para Ralph Daley, director de la Red Internacional sobre Agua, Ambiente y Salud de la Universidad de ONU, con sede en Canadá, "las empresas privadas están saliendo de América del Sur y otras regiones porque los riesgos son demasiado altos".
Pero diversos grupos de activistas insisten en que ola privatizadora del agua es imparable y preparan una batería de acciones paralelas al Foro Mundial del Agua, al que acusan de promover la participación de multinacionales en el manejo hídrico.
El agua es un bien público y un derecho básico que no debe estar sujeto "a la lógica del costo-beneficio", por lo que debe mantenerse bajo manejo del Estado y con participación social, dijo a Tierramérica el director del no gubernamental Tribunal Latinoamericano del Agua, Javier Bogantes.
En la región, donde hay ingentes recursos hídricos, son los gobiernos, municipios y autoridades locales los que mayoritariamente han manejado el agua. Sin embargo, no lograron que llegue a todos.
Diversos estudios indican que 77 millones de habitantes de América Latina y el Caribe carecen de acceso adecuado al agua potable y que sólo uno de cada seis cuenta con redes adecuadas de saneamiento.
El Foro de México es el cuarto después de los de Marruecos (1997), Holanda (2000) y Japón (2003). Su principal propósito es definir caminos adecuados para asegurar la distribución universal y sustentable del recurso, afirman sus organizadores.
La cita es organizada por el gobierno del presidente Vicente Fox en acuerdo con el Consejo Mundial del Agua, creado a mediados de los años 90 por figuras vinculadas al sector empresarial, académico, científico y social.
Miguel Solanes, asesor regional en legislación de aguas y servicios públicos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), dijo a Tierramérica que es el momento de reconocer que en la región hay "cierta prudencia respecto a las privatizaciones" de los servicios hídricos.
Esa actitud de cautela no sólo se observa en los gobiernos, sino también en las transnacionales, "que no han disfrutado mucho la situación que se les produjo en Argentina o en Bolivia", según Solanes.
En el primer país, la empresa Aguas Argentinas, controlada por la francesa Suez, se enfrascó desde 2002 en una disputa con el gobierno, al que demandó ante el tribunal del Banco Mundial por no permitirle ajustar al alza las tarifas del servicio de agua potable.
Aunque esa firma —acusada de duplicar en los años 90 sus tarifas sin mejorar ni ampliar la cobertura de los servicios de saneamiento y agua potable— ya retiró la demanda, mantiene firme su decisión de abandonar Argentina.
En Bolivia, Suez también enfrentó problemas en 2005. El gobierno de ese país le rescindió el contrato de prestación de servicios luego que la transnacional enfrentó protestas de pobladores pobres que reclamaban por tarifas altas y mal servicio.
Suez demandó a Bolivia también ante el tribunal del Banco Mundial, denominado Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
En Uruguay, en tanto, se aprobó por plebiscito en 2004 una reforma constitucional que define al agua como bien de dominio público y establece que los servicios de abastecimiento de agua para el consumo humano deben ser prestados "exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales".
En el caso de México la presencia del sector privado en agua "ha quedado más o menos estática", reconoció Jesús Campos, subdirector de Infraestructura Hidráulica de la estatal Comisión Nacional del Agua.
Firmas privadas participan en la distribución del recurso en apenas tres ciudades del país y en una decena más se involucran en el tratamiento de aguas residuales, explicó el funcionario.
Campos sugiere no satanizar al sector privado. "No debemos estar peleados con la idea de asociarnos con un privado cuando resulte conveniente", dijo.
Solanes de la Cepal coincide: No hay "ningún problema con que alguien (firma privada) gane dinero, aunque sea proveyendo un servicio público". Sin embargo, recomendó que los estados dicten regulaciones adecuadas para la participación privada y que lo hagan considerando el contexto económico y social de sus países.
"En sí, la privatización es tan buena o tan mala como la economía en la que se inserta, el cuidado con el que se hizo y la sociedad en la que está", declaró.
El experto resaltó casos como el de Chile (las firmas privadas operan allí 100 por ciento del mercado del agua potable), donde la privatización "ha sido más o menos exitosa".
Chile ha logrado una cobertura de servicio de agua potable y saneamiento casi total. En el sector operan con amplia libertad tanto transnacionales como grupos económicos locales.
* El autor es corresponsal de IPS. Con aportes de Stephen Leahy (Canadá) y María Cecilia Espinosa (Chile). Este artículo fue publicado originalmente el 11 de marzo por la red latinoamericana de Tierramérica.
