Más de 60 propuestas humanitarias desde 1992 demuestran que frente a la vieja guerra civil colombiana la indiferencia no proviene de las comunidades, ni de las organizaciones no gubernamentales, ni de la Cruz Roja, las Naciones Unidas o la Iglesia Católica.
Sectores sociales e instituciones no parecen cansarse de presentar alternativas para el conflicto armado de más de cuatro décadas y demandar el respeto por la civilidad.
"Exigencias Humanitarias de la Población Civil" es un libro publicado en Bogotá con motivo del Día de los Derechos Humanos, en el marco de la campaña "Acuerdos y Compromisos Humanitarios Ya", que impulsan hace año y medio la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz y más de 500 organizaciones sociales, pacifistas y de derechos humanos, colombianas e internacionales.
En la Asamblea Permanente participan además organizaciones políticas, culturales, económicas, ambientalistas, de mujeres, jóvenes, adultos mayores, campesinos, indígenas, comunidades negras, sindicalistas, académicos, religiosos, cooperativas y gremios empresariales de buena parte de la geografía colombiana.
El libro recopila, en 434 páginas, exigencias de todos estos sectores pero también de entidades humanitarias o coaliciones transversales para afrontar distintas violaciones de las fuerzas estatales, de las guerrillas izquierdistas en armas hace 41 años, y de los paramilitares ultraderechistas, surgidos en 1982.
[related_articles]
"La violación (a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario) proviene de todos los actores de este conflicto", dijo en el lanzamiento del libro el ex procurador general de la Nación (ministro público) Jaime Bernal Cuéllar.
Cuéllar es uno de los más activos promotores de un acuerdo humanitario con las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que proponen canjear unos 500 de sus guerrilleros presos por 34 uniformados y tres estadounidenses contratistas del Pentágono en poder de esa guerrilla.
Las FARC también incluyen en ese canje a 27 políticos rehenes, incluyendo la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, secuestrada en febrero de 2002. Pese a la presión nacional e internacional por el acuerdo humanitario que libere a Betancourt y a los demás, éste permanece encallado.
A través del programa televisivo Noticias Uno, las FARC acusaron el jueves al derechista presidente Álvaro Uribe, en trance de reelección, de utilizar la mediación internacional en torno a los rehenes con fines electorales.
Pero si algo deja claro el libro, compilado por Álvaro Villarraga, educador que dirige la Fundación Cultura Democrática, es que en Colombia "acuerdo humanitario" debe escribirse en plural.
"Acuerdos entre el gobierno y la guerrilla se han dado y pueden seguir dándose, pero la población se está movilizando y levanta unas propuestas muy concretas, dirigidas al Estado y a los grupos armados irregulares, para hacerse respetar en la guerra", dijo Villarraga a IPS.
La recopilación tiene 18 capítulos y cada uno se refiere a un problema particular.
Uno aborda la protección de menores. Lo sustentan el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado colombiano, de organizaciones nacionales e internacionales, y la colombiana Humanidad Vigente.
"Son tres organizaciones que tienen un trabajo nacional reconocido en zonas de conflicto, (con) propuestas muy centradas en la realidad", agregó el compilador.
La primera propuesta humanitaria fue hecha por la Cruz Roja Colombiana en 1992 y fue seguida, dos años después, por un "Código Ético Mínimo" lanzado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), junto con organizaciones sociales y de derechos humanos. El CICR ha presentado desde entonces dos iniciativas más.
En 1996, los gobernadores indígenas de la zona de guerra de Urabá (norte del país) proclamaron "neutralidad, independencia y organización" como "las únicas 'armas' de la sociedad civil en el conflicto". Otras entidades nativas o la ONIC, Organización Nacional de Indígenas de Colombia, suman cinco propuestas adicionales, incluyendo un documento al presidente.
En 1997, al ritmo de la intensificación de combates y matanzas de civiles, se presentaron seis exigencias, entre las que se destacan dos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en la zona bananera del noroccidente de Colombia, creada ese año bajo la consigna de no auxiliar a ningún actor armado ni prestar su territorio para la guerra, ejemplo seguido por otras poblaciones.
Tres de las cuatro proclamas humanitarias surgidas de comunidades de paz provienen de San José de Apartadó pero, a juzgar por la cifra de muertos y los ataques verbales de Uribe, el pacifismo de esos campesinos fue desoído.
Villarraga resaltó "su resistencia valiente a los actores de la guerra, y la arbitrariedad y a las responsabilidades que comprometen al mismo Estado por no comprender, como concepto y como práctica, lo que es erigirse como autonomía civilista ante los efectos de la degradación de la guerra".
Los reglamentos que rigen las comunidades de paz, redactados por los propios pobladores, "aunque no son exactamente un acuerdo humanitario son, más allá, una decisión soberana" para evitar las vulneraciones a las que los somete la guerra, agregó.
El libro registra en 1998 dos propuestas de regulación del conflicto armado, tres en 1999 y 2000, y seis en 2001, una de la Oficina de la Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En total, distintas agencias de la ONU en Colombia, o relatores enviados por el foro mundial han presentado cinco exigencias.
La crisis humanitaria colombiana es la tercera más grave del mundo, tras Sudán y la República Democrática del Congo. Cerca del siete por ciento de su población actual ha sido desplazada de sus hogares por la guerra.
"Las Naciones Unidas sugieren una agenda global en derechos humanos y en el tema humanitario, que le apueste a las posibilidades de la paz, pero que trate con urgencia y con el sentido más inmediato soluciones humanitarias previsibles de lograr", señaló Villarraga.
En 2002 se presentaron nuevamente seis propuestas distintas, dos de ellas de familiares de los rehenes.
Relacionada con esa misma tragedia, en 2003 la Gobernación del sudoccidental departamento del Valle del Cauca hizo su propuesta, entre otras ocho que el libro registra ese año.
Gobiernos regionales o locales son inspiradores o participan, al lado de poblaciones enteras, en cuatro exigencias para la regulación de la guerra en los 13 años relevados, mientras la Defensoría del Pueblo (ombudsman) efectuó una en febrero.
En 2001 y 2003 se presentaron tres propuestas para la protección de la misión médica, continuamente violada por todos los actores, incluso cuando las fuerzas militares desmantelan enfermerías y hospitales de la guerrilla y presentan los hechos como victoriosos partes de guerra.
En 2004, al ritmo del recrudecimiento de un conflicto cuya existencia Uribe reconoce a regañadientes, se batió el récord con 12 propuestas. Ese año, el grupo de 12 rehenes diputados del Valle del Cauca y sometidos al canje emitió desde cautiverio una carta abierta al presidente.
También aparecieron por primera vez las demandas de la Campaña Nacional Antiminas, que lucha contra el uso de un arma prohibida internacionalmente, pero que resulta estratégica para la guerrilla. Ese año su propuesta se vio secundada por el Llamamiento de Ginebra, organización con sede en esa ciudad suiza.
En 2005 el libro registra, hasta septiembre, nueve propuestas, pero no alcanza a incluir las últimas cuatro cartas abiertas de organizaciones y comunidades del noroccidental departamento del Chocó al presidente Uribe, a los paramilitares y a las dos guerrillas presentes en la región (además de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN).
La campaña "Acuerdos y compromisos humanitarios ya" exige la prohibición del desplazamiento forzado y la atención a sus víctimas, protección a la población vulnerable, las mujeres, la infancia, el personal y la misión médica y los centros educativos, liberación de las personas privadas de libertad por razón del conflicto y prohibición de las minas antipersonal.
La campaña se esfuerza por formar a la población en derecho internacional humanitario, realiza movilizaciones, hace cabildeo con las autoridades y el parlamento.
"Hemos enviado nuestras exigencias a los actores irregulares", dijo a IPS Alexandra Bermúdez, de la secretaría ejecutiva de la Asamblea Permanente.
¿Hay respuestas? "Sí, pero muy ambiguas. Sobre todo de parte de los grupos insurgentes. Nos dicen que si no se dan las condiciones que ellos requieren (despeje militar de dos municipios) no habrá un esfuerzo alrededor del intercambio humanitario", agregó.
