El abrumador triunfo del «no» en el referendo del domingo en Brasil no sólo fue un duro golpe para el frente social contra el comercio de armas, sino que puede afectar al movimiento en pro de una política de seguridad que respete los derechos humanos y sociales.
Casi dos tercios de los ciudadanos, exactamente 63,94 por ciento de los votos válidos, rechazaron la prohibición de la venta de armas de fuego y munición en el país, superando incluso las proyecciones de las encuestas realizadas en los días previos y que apuntaban un máximo de 59 por ciento en ese mismo sentido.
La avalancha de votos a favor de la legalidad del comercio de armas sorprendió más aun porque las encuestas divulgadas hasta septiembre indicaban un claro favoritismo por el "sí" a la prohibición impulsado por el denominado Frente Brasil sin Armas, al punto de que algunas de ellas daban una intención de voto de más de 70 por ciento.
"Fue el vuelco más rápido y más intenso de opinión pública que he visto", admitió a IPS el director del Instituto Sensus, Ricardo Guedes, con 17 años de experiencia en consultas y estudios de opinión pública.
En los años 80 y 90 en Brasil se realizaron campañas electorales en las que candidatos casi desconocidos o inicialmente preferidos por porcentajes mínimos de entrevistados terminaron por triunfar, pero nunca constituyeron "un fenómeno de cambio tan brusco" como en este referendo del domingo, destacó el experto.
La opinión popular cambió producto de sólo 20 días de propaganda por radio y por televisión, en donde se enfrentaron dos frentes parlamentarios, el Brasil sin Armas y el del Derecho a la Legítima Defensa.
Los argumentos del "no" fueron muy efectivos al basarse en la incapacidad actual del Estado para ofrecer seguridad a la población y en el consecuente derecho de las personas a la autodefensa armada en situación de riesgo por violencia ciudadana, evaluó Guedes, cientista político de formación.
La derrota puso fin a las ilusiones del movimiento que buscaba ampliar el desarme de la población, para evitar muertes por conflictos interpersonales, accidentes y suicidios, además de estancar una fuente de armamento para la delincuencia.
La expansión de la violencia, especialmente en las grandes ciudades, hizo imbatibles los argumentos en favor del "derecho" a las armas. La mayoría parece haber pensado que prohibir el comercio hubiera sido renunciar a la defensa por cuenta propia y dar un voto de confianza a un Estado que se muestra impotente en proteger la vida y el patrimonio de las personas.
El "no" manifestó así el descontento popular con la actuación del gobierno en seguridad pública, acogiendo la prédica por "el derecho a la legítima defensa" y por la "libertad" de opción entre comprar o no un arma.
En áreas rurales o de población dispersa, especialmente en la Amazonia, también se afirmó un masivo rechazo a las restricciones.
"La población local se asustó ante la posibilidad de no poder comprar armas y munición", dijo a IPS Leoncio Menezes, ambientalista de la organización no gubernamental SOS Amazonas, que actúa en el valle del Alto Río Juruá, en el estado de Acre, ubicado en el extremo oeste de Brasil en la frontera con Perú.
"Aquí todos dependen de las armas para sobrevivir", ya que la caza es fuente indispensable de alimentos, explicó.
En Acre, Roraima, otro estado amazónico, y en el meridional Río Grande del Sur fue donde el "no" obtuvo más de 80 por ciento de los votos válidos.
El "sí" a la prohibición de la venta de armas recogió más adhesiones —rondó 45 por ciento en promedio— en algunos estados del nordeste, la región más pobre de Brasil, y consiguió la mayoría en muy pocas ciudades, la más importante de ellas fue Diadema, en la región metropolitana de Sao Paulo.
La estrecha mayoría de 50,44 por ciento de los votos a favor del "sí" en Diadema se debió a la buena experiencia obtenida en esa ciudad de 383.000 habitantes, que ostentaba el mayor índice de homicidios del estado de Sao Paulo hasta 1999. Gracias a medidas de prevención, como el cierre de bares en la madrugada, se logró reducir la cantidad de asesinatos en 76 por ciento desde entonces.
En los más grandes y más urbanizados estados de Brasil, como Río de Janeiro y el propio Sao Paulo, el "no" ganó con cerca de 60 por ciento de los sufragios válidos. El referendo fue una exigencia del denominado Estatuto del Desarme, aprobado en diciembre de 2003, para decidir sobre el punto específico del comercio de armas de fuego.
Pero el resultado a favor del no a la prohibición debilita otras disposiciones de esa ley que restringen el porte, la posesión y la compra de armas livianas por parte de civiles.
La Asociación Nacional de Propietarios y Comerciantes de Armas (ANPCA), por ejemplo, reclama de la Suprema Corte de Justicia una respuesta a cinco acciones que cuestionan la constitucionalidad de esa ley, que estaría sofocando la actividad comercial y derechos como el de la legítima defensa.
El comercio legal de armas ya está en extinción en la práctica, pues de 1.200 tiendas existentes en 1997 ahora sólo quedan 300, comentó a IPS Leonardo Arruda, director de Divulgación de ANPCA.
El Estatuto eliminó el porte para personas que no necesiten armas en su actividad profesional o de sobrevivencia, como policías, guardias privados y cazadores, y limitó la adquisición legal a personas con más de 25 años, sin antecedentes criminales y que demuestren aptitud técnica y psicológica para manejarlas.
El temor de los activistas del desarme es que el triunfo en el referendo estimule los defensores de políticas conservadoras y autoritarias de seguridad, como la adopción de la pena de muerte o la prisión perpetua. En Brasil la prisión máxima para un condenado es de 30 años.
El vicepresidente del Frente por el Derecho de Legítima Defensa, el diputado Luiz Antonio Fleury, propone, por ejemplo, una nueva consulta popular para bajar a 16 años la edad de imputabilidad penal que actualmente es de 18 años.
