«Piraña», un ex sargento del ejército peruano que había combatido en los años 90 a los insurgentes maoístas de Sendero Luminoso en la selva del Alto Huallaga, decidió a última hora no viajar junto a 200 ex militares y policías contratados por la corporación estadounidense Triple Canopy, para prestar «servicios de seguridad» al nuevo régimen del convulsionado Iraq.
"Mi mamá me convenció de que no me fuera. Me dijo que prefería verme pobre pero vivo, y no muerto por un poco de dólares", dijo "Piraña" a IPS con la condición de no revelar su identidad.
Denuncias de familiares de ex soldados y policías peruanos contratados para combatir en Iraq desenrollaron la madeja de un negocio aún vigente, conducido por Triple Canopy con participación de empresas y del propio ejército de este país sudamericano.
"Aquí no hay trabajo y cuando encuentras algo te pagan una miseria. Yo soy 'guachimán' (guardián) en una fábrica y gano el equivalente a ocho dólares por una jornada de 12 horas. Por trabajar en Iraq me pagaban 35 dólares al día, además de otros beneficios. Era toda una tentación, a pesar del riesgo", explicó.
"Tengo tres hijos y una esposa que me ayuda vendiendo comida en la calle, pero el dinero no alcanza. Vi el aviso en el periódico y me presenté. Por mi experiencia de combatiente en el ejército, rápidamente me aceptaron. Ya había recibido entrenamiento y todo, pero mi mamá se enteró y me cambió de opinión", relató el hombre, de 29 años.
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En agosto comenzaron a aparecer en los periódicos de Lima avisos convocando a ex miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía interesados en trabajar en "tareas de seguridad".
Se ofrecían "excelentes ingresos". Centenares de personas se presentaron.
Los anuncios eran de Triple Canopy, una corporación creada en 2003 en el estado estadounidense de Illinois que, debido a sus contactos con el gobierno de George W. Bush, obtuvo rápidamente millonarios contratos con el Departamento de Estado.
La firma presta servicios de seguridad a instalaciones y personas estadounidenses que trabajan en la reconstrucción de Iraq, ocupado militarmente por Estados Unidos desde marzo de 2003.
La expansión de Triple Canopy es la expresión del éxito del nuevo negocio de los "ejércitos privados".
Uno de los primeros contratos de Triple Canopy fue por 90 millones de dólares para resguardar durante medio año una docena de oficinas del gobierno provisional iraquí, frecuente blanco de los ataques de la resistencia a la invasión estadounidense.
"No contratamos mercenarios. Son personas con experiencia en misiones de seguridad, que conocen del manejo de armas, pero no van a combatir en Iraq. Claro que es un trabajo muy peligroso, sin embargo nadie los obliga a tomar el empleo. Triple Canopy les garantiza un seguro y una indemnización en caso de accidentes, ataques o muerte", dijo a IPS Jorge Mendoza, gerente de la empresa Gun Supply, a través de la cual la corporación estadounidense entrenó a los 200 peruanos.
"Se les paga según la responsabilidad que van a cumplir. Hay salarios de hasta 50 dólares al día", agregó Mendoza.
Triple Canopy ha reclutado a ex militares y ex policías de El Salvador, Colombia y Chile, pero la paga para éstos es superior a la prometida a los peruanos. Esta diferencia no disuadió a los peruanos. Desde este país ya viajaron a territorio iraquí dos grupos que suman 380 personas.
Familiares de los mercenarios se quejaron de que los contratos firmados con Triple Canopy eran inapropiados e inhumanos.
Por ejemplo, si alguien pretende demandar a la firma, deberá hacerlo ante un tribunal de Virginia, porque el contrato se firma bajo las leyes de ese estado, donde la compañía mudó su sede en junio "para estar más cerca de nuestro principal cliente, el gobierno de Estados Unidos", según un comunicado de su sitio en Internet.
Copias de los contratos obtenidas por IPS indican su vigencia de un año, del 15 de octubre al 14 de octubre de 2006. Triple Canopy y el gobierno de Estados Unidos no son responsables si los trabajadores resultan heridos o fallecen en el cumplimiento de su misión.
Una de las cláusulas más abusivas señala que la póliza de seguro que cubre al personal no es aplicable si éste es víctima de algún incidente fuera de su centro de trabajo o de su horario de servicio. Por tanto, si los empleados son atacados por insurgentes en su lugar de residencia por el hecho de apoyar a los invasores, no hay indemnización.
Portavoces de Triple Canopy afirmaron que los peruanos trabajarán en la "zona verde" de Bagdad, el área de extrema seguridad donde se encuentran las embajadas de Estados Unidos y Gran Bretaña y las sedes del gobierno iraquí, y que ha sido blanco de varios ataques rebeldes.
"Creo que el entrenamiento fue insuficiente, no más de quince días, pero igual casi todos se fueron" a Iraq, narró Piraña.
"Tenían apuro de enviar a la gente, querían que todo saliera rápido", afirmó el ex sargento, que ha vuelto a su empleo de guachimán.
Las denuncias de los familiares obligaron a la cancillería peruana a actuar. El encargado de la Oficina de las Comunidades Peruanas en el Exterior, embajador Jorge Lázaro, anunció que había iniciado la investigación de los contratos para determinar si eran abusivos y violentaban los derechos humanos.
"Los peruanos tienen libertad para trabajar donde quieran, pero el gobierno debe asegurarse de que los contratos respeten los acuerdos internacionales a los que está suscrito el Estado", dijo Lázaro en conferencia de prensa.
Mientras el gobierno manifestaba su preocupación por el destino de estos peruanos, la prensa reveló que los 200 reclutados para Triple Canopy se habían entrenado en la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME).
De acuerdo con un contrato entre el ejército y Gun Supply, al que tuvo acceso IPS, la fuerza de tierra prestó a los adiestradores los proyectiles necesarios para prácticas de tiro.
El ejército, que sufre un drástico recorte de presupuesto, aceptó el negocio con Gun Supply, representante en Lima de Triple Canopy, como forma de obtener dinero. La operación, de 150.000 dólares, fue aprobada por el propio comandante de la fuerza, general Luis Muñoz, sin consultar al Ministerio de Defensa ni a la cancillería, lo que podría costarle el cargo.
El hecho llevó a una comisión parlamentaria a citar al ministro de Defensa, Marciano Rengifo, quien debió admitir el error de ese contrato y anunció que había ordenado una investigación para identificar a los responsables.
Pero pese al escándalo, el negocio continúa.
Mendoza, de Gun Supply, dijo a IPS que la firma recibió el encargo de Triple Canopy de contratar a otros 600 peruanos. "Eso es lo que nos han pedido. Al menos por el momento el ejército no nos ha pedido anular el contrato. Si lo hace, hay una penalidad", indicó.
Las compañías que forman parte del negocio tienen excelentes contactos en Perú. El dueño de Gun Supply es contratista del Estado y vendió munición a la guardia personal del presidente Alejandro Toledo. Además, Mendoza es hijo del jefe de seguridad de la embajada de Estados Unidos en Lima.
Otra empresa, Gesegur, contratada por Triple Canopy para seleccionar a los "trabajadores de seguridad" peruanos, también es una conocida contratista estatal, vinculada al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), el aparato de represión del régimen del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) que conducía el entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos, hoy preso y bajo proceso por varios delitos.
Gesegur se vinculó luego al Consejo Nacional de Inteligencia, organismo que reemplazó al SIN tras la asunción de Toledo a la Presidencia.
"Soy especialista en armas y tengo varios años de experiencia en combate, era perfecto para ese trabajo", dijo "Piraña". "Pero, si iba y me moría, mis hijos iban a quedar desamparados. Puedo asegurar que no es cobardía. No tengo miedo a la guerra. Mi mamá me hizo notar que más importante es vivir".
Según Mendoza, el gobierno no prohibió a Gun Supply continuar entrenando peruanos para enviarlos a Iraq. "Ellos reconocen que es una oportunidad de trabajo. Lo tomas o lo dejas, así de simple", apuntó. "Mil dólares mensuales en Perú es una plata muy importante".
