– La absolución en uno de los 20 procesos contra el prófugo ex presidente peruano Alberto Fujimori beneficia su imagen, pero no lo libra de otros graves cargos que abarcan desde enriquecimiento ilícito hasta crímenes de lesa humanidad. El dictamen ya fue apelado.
La Sala Penal Especial del Tribunal Supremo exculpó el martes a Fujimori (1990-2000), prófugo en Japón.
Los fiscales anticorrupción lo habían acusado en 2003 por la aprobación ilegal en 1995 de la compra de repuestos para helicópteros rusos Mi-17 y camiones Mercedes Benz por 7,2 millones de dólares a la empresa Mobetek del israelí Moshe Rothschild, el principal vendedor de armas al régimen de Fujimori.
Según el tribunal, no existen pruebas de que Fujimori favoreció a Rothschild, más conocido en Perú como "El señor de los sobornos".
Lo cierto es que un año después de esa operación, Fujimori autorizó otra compra a Rothschild, de 36 aviones combate MiG-29 y Sukhoi-25 por 410 millones de dólares, para hacer frente a una eventual guerra con el vecino Ecuador por una disputa limítrofe.
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Cuando se reveló que el traficante de armas había pagado sobornos de por 12 millones de dólares al asesor presidencial Vladimiro Montesinos por la venta de las aeronaves de guerra, el propio Fujimori admitió públicamente que su colaborador había cobrado una "comisión" y se disculpó diciendo que su hombre de confianza "actuaba en la oscuridad".
Montesinos está ahora preso en Perú, tras haberse fugado en 2000 a Panamá, cuando el régimen fujimorista se desmoronaba y poco antes de que su jefe, el presidente, hiciera lo propio.
Según el fallo del tribunal, no hay evidencias que acrediten que Fujimori se confabuló con Rothschild para la operación.
"El tribunal no halló culpable a Fujimori por sus tratos con Rothschild porque no validó las pruebas que se le entregaron", dijo a IPS el abogado del Estado, Héctor Gutiérrez Ballón.
"Porque encontramos defectos en la sentencia que favorece al ex presidente, apelamos el fallo de inmediato", indicó.
El fiscal que sustentó la acusación contra Fujimori, Avelino Guillén, también apeló el dictamen.
Pese a las "pruebas fehacientes que acreditan los delitos, éstas no fueron lo suficientemente valoradas. Estamos en desacuerdo con la absolución, por eso apelamos", explicó Guillén a IPS.
La investigación del caso fue iniciada por una comisión parlamentaria que encabezó el legislador Rafael Valencia Dongo, la que concluyó en 2001 que Fujimori y su ministro de Economía, Jorge Camet, cometieron delito.
El informe de la comisión fue aprobado por el Congreso legislativo en 2002, y pasó a manos de la fiscalía, que ratificó la acusación. La defensa del Estado (procuraduría) también indagó el caso y halló responsabilidad del ex presidente en 2004.
"Nuestra investigación determinó que Fujimori favoreció a una empresa que estaba prohibida de vender al Estado, y por eso el Congreso lo acusó. Me sorprende que el tribunal supremo no coincidiera con nuestro trabajo", dijo a IPS el congresista Rafael Valencia.
"Acusamos con pruebas contundentes", añadió.
Para César Pantoja, ex abogado del Estado que estuvo a cargo del caso, no se debe sobredimensionar el fallo. "Fujimori sostiene que no vuelve a Perú porque la justicia está manipulada. Ahora esa justicia lo ha absuelto. ¡Qué mejor demostración de que no es un perseguido político!", señaló a IPS.
El abogado de Fujimori en Lima, César Nakasaki, celebró la exculpación de su defendido y resaltó que se trataba del primer paso "para desbaratar el resto de acusaciones infundadas". Nakasaki era un crítico severo del sistema judicial anticorrupción. Ahora lo aplaude.
Pero, ¿la absolución afectará el proceso de extradición de Fujimori, quien se refugia en Tokio desde 2000, luego de haber huido de Perú siendo presidente y haber adoptado la ciudadanía japonesa?
El abogado Gutiérrez Ballón estima que no.
"El fallo absolutorio no está consentido porque lo apelamos y por lo tanto no genera efectos legales. Así que no afecta el proceso de extradición sobre este caso. Por cierto, Japón tiene otros pedidos de extradición por delitos más graves, uno de ellos por los crímenes de un grupo paramilitar, sin contar otros que están en curso, por haberle entregado 15 millones de dólares a Montesinos para que fugara a Panamá y por enriquecimiento ilícito", indicó Gutiérrez.
Pero Gutiérrez Ballón reconoció que la absolución "va a ser explotada como propaganda por Fujimori para decir que es inocente de todos los cargos".
El dictamen aparece en el contexto de una disputa entre el Tribunal Constitucional (TC) y el Jurado Nacional de Elecciones.
El TC mediante tres fallos estableció que Fujimori no puede ser candidato presidencial porque el Congreso le suspendió sus derechos políticos hasta 2010, pero el jurado electoral hasta ahora no se pronuncia al respecto, en medio de anuncios del ex mandatario de que se postulará a los comicios presidenciales del año próximo.
El presidente del jurado electoral, Enrique Mendoza, sostiene que no puede adelantar su pronunciamiento hasta que Fujimori formalice su candidatura.
¿Y si el jurado electoral aprueba la candidatura del prófugo? Mendoza considera que el TC no debería revisar esa decisión, porque los fallos electorales son inapelables y no revisables en otra instancia.
El presidente del TC, Javier Alva Orlandini, advirtió que el jurado electoral pretende convertirse "en un poder autárquico" por no aceptar la revisión de aquellas sentencias que eventualmente violen los derechos de los ciudadanos.
Los presidentes de ambos órganos midieron fuerzas ante el Congreso esta semana. Después de escuchar sus argumentos, en menos de 15 días el Poder Legislativo deberá pronunciarse.
"El Tribunal Constitucional ha declarado que el Congreso, mediante resolución legislativa, inhabilitó a Alberto Fujimori por 10 años para ejercer cualquier función pública. Ese mandato está vigente", dijo a IPS el presidente del TC, Alva Orlandini.
"El jurado electoral no es una isla. Todos los órganos están sujetos al principio de la constitucionalidad y es atribución del tribunal que presido hacer prevalecer la Constitución. Es nuestro deben revisar las sentencias que vulneran los derechos fundamentales de las personas", añadió.
La posición de la autoridad electoral cuenta con respaldo de algunos partidos, como Nueva Mayoría y Sí Cumple, que agrupan a fujimoristas que pretenden postular al ex mandatario prófugo.
Los dos grupos políticos también coinciden en haberse negado a firmar el Pacto Ético del jurado electoral para garantizar la transparencia de los comicios del próximo año.
