Es mejor que una telenovela, según definió un veterano humorista. El escándalo de corrupción en curso en Brasil acapara audiencias con elementos dramáticos usuales en la ficción televisiva, intensificados por tratarse de una trágica realidad que paraliza al gobierno.
Son muchos enredos entrelazados y paralelos, novedades diarias, personajes malos que se pretenden aparecer como héroes, espionaje, tensión en los testimonios ante las comisiones parlamentarias de investigación (CPI), con difusión televisiva en vivo y desenlaces imprevisibles.
Entre las muchas preguntas que mantienen el suspenso, una es capital porque afecta la vida de todos los brasileños y puede desestabilizar la economía nacional. ¿El presidente Luiz Inácio Lula da Silva está o no involucrado, conocía o no la extendida corrupción en su gobierno y su partido?
Todo empezó por un vídeo grabado con cámara oculta y divulgado por una revista y una emisora de televisión a mediados de mayo.
El vídeo mostraba a un gerente de compras de la estatal Empresa Brasileña de Correos y Telégrafos (más conocida como Correos) recibía una propina de 3.000 reales (1.300 dólares) y apuntaba al presidente del Partido Laborista Brasileño (PTB), diputado Roberto Jefferson, como cabecilla de la corrupción en esa compañía.
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Una movilización en defensa de Jefferson, que incluyó al presidente Lula afirmando que sería capaz de darle un cheque en blanco, no evitó que la oposición lograra aprobar la creación de una CPI para investigar delitos en Correos.
Jefferson reaccionó en una entrevista publicada por el diario Folha de Sao Paulo el 6 de junio, en la que pasó de acusado a acusador.
El legislador denunció entonces que el Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Lula, sobornó a diputados de los partidos Liberal (PL) y Progresista (PP), con mesadas (el mensualón) pagadas desde 2003 hasta comienzos de 2005, con el fin de asegurarse su apoyo al gobierno.
Si se confirman esas acusaciones, el gobierno del PT habría construído su mayoría parlamentaria a través de la corrupción, comprando votos de los conservadores PL, PP y PTB. Por lo tanto, decisiones importantes de los dos últimos años, como la reforma de la previsión social, serían ilegítimas.
Una avalancha de denuncias, entre ellas las de una ex secretaria sobre las millonarias transacciones irregulares y los contactos políticos del empresario publicitario Marcos Valerio de Souza, fortalecieron la delación de Jefferson, político de escasa credibilidad por desarrollar una carrera calificada de fisiológica, dada su sempiterna adicción a los distintos gobiernos por las ventajas que ofrece poder.
Para mantener la sorpresa y perplejidad de la población, no faltaron la detención de un dirigente local del PT con 100.000 dólares en el calzoncillo y la de un diputado con más de 10 millones de reales (4,3 millones de dólares) en un avión privado, además de una mujer que desnudó la corrupción de su ex marido, el diputado Valdemar Costa Neto, presidente del PL.
Costa Neto renunció la semana pasada para evitar un proceso de inhabilitación que seguramente lo despojaría de sus derechos políticos por ocho años.
Otros 17 diputados afrontan esa disyuntiva, identificados en la primera lista de la CPI de Correos como receptores de dinero del llamado valerioducto, el mecanismo ilegal usado por Valerio de Souza para distribuir al menos 55,8 millones de reales (24 millones de dólares) a los actuales políticos oficialistas.
El publicitario, socio de por lo menos 14 empresas, irrumpió en la vida nacional como un Midas moderno, multiplicando fondos para financiar varios partidos por amistad con el ex tesorero del PT, Delubio Soares, en estrecha relación con numerosos políticos, banqueros, empresas estatales y transnacionales.
Los hechos alcanzaron un ritmo alucinante desde junio. Tres CPI, la Policía Federal y la Fiscalía se atropellan en busca de información, hay varios testimonios por semana. Las ramificaciones del escándalo llegaron a Lisboa, al involucrarse a las empresas Portugal Telecom y Banco Espírito Santo.
Más de 50 personas ya perdieron sus cargos. Cayeron dos de los más poderosos ministros de Lula, el jefe de la Casa Civil, José Dirceu de Oliveira, ahora diputado amenazado de proscripción política, y Luiz Gushiken, secretario de Comunicación.
Debieron renunciar también el presidente del PT, José Genoino, y tres de sus directores ejecutivos, varios líderes parlamentarios y decenas de altos funcionarios del gobierno y directivos de empresas estatales.
La novela está repleta de malos, algunos intentando pasar por héroes, y actores poco convincentes en su declaración de ignorancia de hechos en que están irremediablemente involucrados. Se prevé que la situación se prolongue muchos meses, igual que los culebrones, pero será distinta por el final infeliz, para la democracia y especialmente para la izquierda.
Ya están sepultadas muchas carreras políticas que parecían prometedoras, como las de Dirceu y del ex presidente de la Cámara de Diputados, Joao Paulo Cunha, ambos del PT. Sólo un milagro podrá resucitarlas en un futuro lejano.
La reelección de Lula en 2006 se convirtió en una ilusión, después del escándalo, pese a que mantiene cierta popularidad, según las encuestas. Hay dudas sobre su vínculo con los hechos, pero la mancha de una omisión o de incapacidad en el combate contra la corrupción lo harían un candidato vulnerable.
Además, su partido estará muy debilitado política y económicamente. Hay quienes estiman la deuda del PT en más de 100 millones de reales (43 millones de dólares), y su imagen deshecha no favorece captaciones.
